Cualquiera que haya tenido un perro sabe, de sobra, lo buenos que son. Leales, entregados, cariñosos, siempre pendientes de las personas con las que conviven, agradecidos con los juegos y caricias que les damos. Ojalá muchas personas fueran capaces de desarrollar muchas de las cualidades que tienen los perretes. Además, convivir y disfrutar de la compañía de un perro lleva a una comunión muy particular con ellos, saben cual es tu estado de ánimo, mientras se aprende a conocer el significado de sus gruñidos y ladridos. Hay ladridos de alegría, para llamar la atención, de protección.
Afortunadamente, hemos avanzado tanto en el respeto y el amor a los animales que, aunque dolorosos, son minoritarios quienes los maltratan o utilizan de manera vejatoria. Malas personas con muy malas entrañas, sin duda. Por eso, resulta sorprendente que toda una concejala de Acción Social y Familia, Educación y Sanidad de una capital como Alicante, Julia María Llopis, del PP, insulte a las personas, organizaciones y colectivos vecinales que están trabajando en el reparto de comida en la Zona Norte de la ciudad para las miles de personas sacudidas por la crisis del coronavirus. A esos ciudadanos, que merecen un homenaje público, la edil les acusa de “ladrar”.
Es verdad que en esta ciudad hemos visto de todo en su Ayuntamiento, pero asistir al espectáculo de una concejala de políticas sociales y educación, que insulta, descalifica y menosprecia a las decenas de personas que se han tenido que arremangar para dar de comer a las familias abandonadas por el gobierno municipal, que de un día para otro han perdido incluso los recursos para poder alimentarse, resulta lamentable, despreciable y verdaderamente indigno.
Naturalmente que el altruismo y la generosidad de estas personas han puesto al descubierto la incuria y la profunda desidia a las que el Ayuntamiento viene sometiendo a los servicios sociales en Alicante. Si bien es cierto que la intervención social municipal atraviesa problemas históricos, el abandono y el colapso deliberado al que se están conduciendo los servicios sociales municipales en el último año solo puede calificarse de negligente. Falta de profesionales, equipos saturados, carencia de recursos esenciales, protocolos caducos, ausencia de proyectos innovadores, crecimiento de bolsas de pobreza, colectivos en situación de vulnerabilidad extrema abandonados, situaciones de desprotección alarmantes, niveles de sinhogarismo nunca antes vistos, dificultades en el acceso a recursos sociales. La lista de problemas es muy larga.
Basta mencionar dos situaciones sangrantes que han sido denunciadas reiteradamente, ante la pasividad de la concejala de Acción Social, Julia Llopis. La demora en las primeras citas en los centros sociales municipales llegaban hasta los diez meses antes del covid-19, algo insólito en toda España y verdaderamente disparatado. Pero es que los retrasos en las tramitaciones de los expedientes de la Renta Valenciana de Inclusión alcanzan los quince meses, cuando la ley limita a seis el tiempo máximo para su tramitación, acumulándose miles de expedientes abandonados. Tampoco la ayuda para la Dependencia va mucho mejor, llegando a acumular atrasos de hasta dos años en la tramitación por el Ayuntamiento.
En medio de este panorama desolador, llega la declaración del estado de alarma. A las bolsas de pobreza y marginación que arrastra Alicante, se suman otros miles de personas que vivían al día de la venta ambulante, el reciclado, las faenas puntuales, pero que con el confinamiento han perdido cualquier ingreso, careciendo de colchón económico para resistir el encierro domiciliario. Nuestro Ayuntamiento y su concejala de Acción Social, lejos de planificar un dispositivo amplio que asegure la cobertura de necesidades básicas a la población más vulnerable, como ha hecho el Ayuntamiento de Elche, por poner un ejemplo, hacen lo que ha venido haciendo hasta ahora: prácticamente nada.
Son los colectivos sociales, las organizaciones humanitarias y los propios vecinos de los barrios de la Zona Norte quienes tienen que organizarse para atender a centenares de familias que necesitan alimentos. Muchos de los que ayudan son vecinos que llevan décadas trabajando por su barrio, sacerdotes de las parroquias y voluntarios de Cáritas que, sin pensarlo, han sido capaces de reforzar un amplio dispositivo para asegurar miles de comidas diarias a quienes, en pleno estado de alarma, carecían de recursos. Especialmente destacable son las personas mayores que, incluso, se juegan la vida ayudando en medio de la pandemia, desde la primera línea.
Todo esto ha sido posible a pesar del desdén del Ayuntamiento, sin que ningún responsable de los servicios sociales muestre preocupación por la situación. Pero tampoco extraña, porque hay barrios del entorno donde no ven a la concejala de Acción Social desde la Cabalgata de Reyes.
Los barrios de la Zona Norte de Alicante son humildes pero generosos, con años de lucha contra el abandono, acumulando mucho trabajo para mejorar sus condiciones de vida. Territorio de visita obligada en campañas electorales, han sufrido en sus carnes décadas de desidia. Por eso, saben que se avecinan tiempos muy duros, en los que, frente a la irresponsabilidad, la negligencia y el desprecio de las autoridades municipales, les toca hacer lo que han hecho toda su vida: ayudar a sus vecinos a salir adelante frente a la adversidad.
