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Opinión

Sanidad pública: Será la ciudadanía quien juzgue

La Declaración Institucional que el bipartito trajo al pleno pasado sobre sanidad pública o privada ha conseguido que muchos de nosotros nos preguntemos: «Pero, ¿no son iguales?». Desde el momento que comenzó la pandemia, la sanidad privada fue intervenida por el Estado y quedó bajo el mando único, por lo que cada vez que salimos a aplaudir, aplaudimos a personas sin distinción de dónde estén ejerciendo su trabajo ímprobo para salvar vidas humanas. Desde que empezó la pandemia, han sido 136.000 las personas que han sido curadas y dadas de alta gracias a todo el personal sanitario sin excepción, pero sobre todo a un sistema sanitario público fortalecido solo en algo más de un mandato. ¿A qué diferenciarlos? ¿Acaso con esta iniciativa la derecha intenta igualar a ojos de la ciudadanía la gestión pública a la gestión privada? Los españoles y españolas, justo en este momento, no hemos olvidado el Decreto Ley en materia de Sanidad que aprobó el Partido Popular con el presidente Mariano Rajoy y gracias a la mayoría absoluta que tenían en el Congreso de los Diputados. Una Ley que recortó 7.000 millones de euros a la Sanidad Pública, 20.000 millones de euros en Investigación, Desarrollo e Innovación, una Ley que congeló la reposición de empleo público. Eso supuso que casi el 90% de las plazas médicas que decayeron por jubilación no se cubrieron. Lo que vino después fue el copago de la medicación, la debilitación de nuestros centros de salud y de nuestros hospitales, el aumento de las listas de espera?

La pandemia ha demostrado lo equivocadas que han sido y están siendo las políticas que recortan la inversión en una sanidad universal e igualitaria. Tenemos como ejemplo a Madrid, donde Esperanza Aguirre implementó los hospitales privados, ahogando a la sanidad pública madrileña. O en nuestra comunidad, donde en 1997 el entonces presidente Eduardo Zaplana impulsó el primer hospital de gestión privada, el Hospital de Alzira, un modelo que el PP extendió por el resto de sus gobiernos autonómicos. El resultado ha sido nefasto para nuestra sanidad. Y la prueba está en la sentencia del TSJCV de hace unos meses por la que el hospital de la Ribera seguirá como hospital público después de que la Justicia haya avalado todo el proceso administrativo de reversión del centro sanitario situado en Alzira, que gestionó la empresa Ribera Salud hasta marzo de 2018.

Es necesario recordar que al inicio de la legislatura de 2015 el 32% de los pensionistas no podían iniciar su tratamiento y el 16% lo abandonaba y, en el caso de las personas con diversidad funcional, los porcentajes de adhesión y de abandono se situaban en un 43% y un 17%, respectivamente. «Nuestra comunitat no puede hacer elegir entre la subsistencia o la salud», defendía el president, «y por eso, en 2016, acabamos con el copago farmacéutico de los pensionistas con rentas bajas y personas con diversidad funcional». A principios de 2017, se eliminó el copago a los menores en situación de riesgo. En 2018 se unió la supresión del mismo a las personas en situación de desempleo con ingresos inferiores a 18.000 euros anuales.

Pero parece más necesario recordar que la Ley General de Sanidad que se publicó el 25 de abril de 1986 nació con un presidente socialista, nació con la oposición y resistencia de las fuerzas políticas y sectores profesionales más conservadores. La experiencia demuestra que no da igual quién gobierne la sanidad pública en nuestro país. Mientras el PSOE utilizó la crisis económica de los 80 para crear el Sistema Nacional de Salud, y al mismo tiempo reformar y modernizar la economía española, el PP ha utilizado la crisis económica de esta década para todo lo contrario. Para el Partido Socialista, la sanidad ha sido siempre una de nuestras líneas rojas infranqueables y lo seguirá siendo.

Sin embargo y como contraste, una de las primeras medidas que han puesto encima de la mesa las coaliciones de derechas en España es acabar con la exclusividad para el personal médico del sector público, una manera insólita de salvaguardar la sanidad pública, como es el caso de Andalucía. La comunidad donde más contagios y muertes de sanitarios por el coronavirus es Madrid, gobernada por el Partido Popular, igual de trágico es que sea personal de la privada como de la pública.

Una pandemia puede cambiar el mundo y así lo ha hecho desde la antigüedad. Nuestra misión es salvaguardar con una base sólida todo lo que edifica una sociedad igualitaria y justa. La sanidad pública, después de todo, salud. Salud para ricas, pobres, altas, bajos, agraciadas, desafortunados? Esa capa ha de ser siempre la más fuerte de esos cimientos, y los que atenten en este país contra esa idea estarán atentando contra el bienestar y la seguridad del conjunto de nuestra ciudadanía. Será la ciudadanía quien los juzgue.

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