Cuando se produce una pandemia del calibre de la actual, se suele equiparar con una guerra o una catástrofe. Ante situaciones de crisis se atiende a las personas psicológicamente, como asevera la directora de Salud Mental de la OMS, Dévora Kestel.
La crisis sanitaria ha afectado no sólo físicamente sino mentalmente a los enfermos y sus familias por el miedo a morir.
También a los profesionales y su entorno laboral, que están sometidos a una sobrecarga y un estrés emocional brutal.
Las personas con algún trastorno mental padecen similares problemas, añadiéndoseles otros como la falta de atención de su patología y un mayor aislamiento y estigma social, agravado por las medidas de confinamiento, que incluso pueden derivar en conductas suicidas. Según instituciones diversas en España se suicidan alrededor de 3.600 personas al año (casi 10 diarias), el doble de las muertes por accidentes de tráfico.
Todo lo anterior permite deducir que un aislamiento o reclusión forzosa y prolongada aumenta los problemas de ansiedad, estrés, depresión o conductas suicidas y violentas (en especial a mujeres y menores).
Si a este panorama se une una crisis económica, y consecuentemente laboral, con unas cifras de desempleo escalofriantes, la incertidumbre sobre el futuro nos aconseja tratar los problemas generados por el covid-19 de una forma global, tanto desde el punto de vista sanitario como social. Como se comprobó en la crisis del 2008 y ya es archisabido, los trastornos mentales nos pueden afectar a 1 de cada 4 o 5 personas, por lo que sería conveniente tratarlos desde la proximidad. En la Comunidad Valenciana tenemos un sistema sanitario precisamente descentralizado por departamentos.
El Gobierno de España y la Generalitat Valenciana han hecho suya la frase « No vamos a dejar a nadie atrás». Por esto me atrevo a sugerir algunas propuestas para ser tratadas en el seno de las Cortes Valencianas en la «Comisión por la reconstrucción económica y social».
La primera sería el refuerzo de las Consellerias de Igualdad y Políticas Inclusivas y de Sanidad Universal y Salud Pública (haciendo hincapié en la Oficina Autonómica de Salud Mental) incrementando las plantillas de Atención Primaria para que cumplieran el papel de prevención que les corresponde, así como el tratamiento de afecciones como estrés, ansiedad, depresiones leves, evitando la sobrecarga de las unidades de Salud Mental infanto-juvenil y de adultos, las cuales deberían incrementar equipos multiprofesionales en colaboración con los Servicios Sociales municipales. Con esto se cubrirían los casos consecuencia de la pandemia (recordemos que algunas familias de fallecidos «no han superado el duelo», que puede ser causa de trastorno mental) y de la crisis económica y social. Y también se retomaría la continuidad de cuidados a los «eternos olvidados», que han sobrellevado estos meses desde casa con la inestimable ayuda de las asociaciones, pues la Generalitat suspendió la actividad presencial de los centros de día y de los de rehabilitación e inserción social desde el 13 de marzo. Esto ha provocado un «parón» en su recuperación, pérdida de sus rutinas y su socialización, recaídas, deterioro físico y mayor aislamiento.
Por último, algunas medidas de carácter socioeconómico deberían adecuarse, al menos las de competencia autonómica, a la especificidad de estas personas: modificación de los criterios de evaluación del grado de discapacidad, adaptándose a sus necesidades laborales y capacidades; tramitación urgente de las prestaciones de la Ley de la Dependencia presentadas; reconocimiento real del derecho constitucional básico a la vivienda; suplementación de la Pensión No Contributiva (395,60 euros) hasta alcanzar el SMI; extensión de la Renta Valenciana de Inclusión; concesión del Ingreso Mínimo Vital del que se habla en estos días. Así nadie se quedará atrás.
