Estamos viviendo una progresiva degradación del sistema democrático, un ataque frontal a sus valores más esenciales, no autorizados por un estado de alarma que se ha convertido, en manos de quienes lo gestionan, en una excusa para imponer un régimen excepcional. Para un jurista, que se mantengan en secreto miembros de comités asesores que aconsejan medidas de repercusión humana y económica graves, que se oculten los datos y peticiones, de naturaleza pública, de las diversas comunidades y que, en fin, no se ofrezcan razones, no se motiven las decisiones que limitan derechos, es tan elementalmente ilegal, que el miedo, no ya la sorpresa, se empieza a imponer en una sociedad que necesita urgentemente recuperar la normalidad y poner en su lugar a quienes han acreditado desconocer lo que es el Estado de derecho, los principios constitucionales básicos de las sociedades democráticas y la dignidad mínima exigible para gobernar con legitimidad en democracia. La fe, la obediencia y la disciplina no son valores democráticos, aunque Sánchez lo crea así.
La publicidad y la motivación de las resoluciones administrativas en este caso, obligadas legalmente, son la forma que tenemos de controlar la arbitrariedad del gobierno, de todos los gobiernos que no se crean que solo deben responder ante la historia. El secreto es el método utilizado para ocultar actos ilícitos o incompatibles con el interés general.
Tenemos derecho a conocer lo que se oculta por el gobierno, quiénes son los expertos, si lo son, si son independientes, si están capacitados. Igualmente, a tomar conocimiento de los datos ofrecidos por las diferentes CC AA y, en fin, a saber exactamente qué razones han llevado a ascender o no a algunos, sin que valga al efecto, en ese marasmo de ocultamientos, referirse a la prudencia o a valoraciones de conjunto e inmotivadas, cambiantes cada día, que suelen siempre servir para adoptar actos arbitrarios y, como ha sucedido con el número de test hechos que se nos imputa, sin precisar normativamente cuántos son bastantes y cuántos insuficientes. Indefensión y arbitrariedad. De todas formas, que el gobierno hable de test es pura desfachatez.
Las dudas, que son evidencias, sobre la utilización de nuestra Comunidad como moneda de cambio o escudo para salvaguardar las componendas de Sánchez y su Gobierno, están comprobadas y no dejan mucho espacio para la elucubración y dejan en mal lugar de futuro a quienes defienden lo indefendible.
El secreto esconde o protege, como siempre sucede. Y, en este punto, el de los expertos y sus consejos, mucho me temo contra lo que dicen algunos, que pretenden ocultar que la decisión adoptada no era la recomendada por aquellos. Es difícil que un técnico apoye el avance del País Vasco y Navarra y deje a esta comunidad rezagada, incluso valorando en conjunto los datos globales. Un experto no puede hacer eso si es un experto. De ahí que se les haya pedido confidencialidad. Y de ahí que sea imprescindible conocer los informes. Como forma de control del poder.
Era evidente que la decisión sobre Madrid y la relativa al País Vasco a cambio de su voto tenía que comportar consecuencias y éstas, cómo no, recayeron sobre esta Comunidad, de mayoría socialista, pero en manos de quien no estuvo a su lado, Puig, hecho que no perdona Sánchez. Y, sin medir el coste social y económico de su decisión inmotivada, dejó a buena parte de este territorio sin pasar a esa fase I, tras haber alabado los datos aportados. El daño que está haciendo este gobierno al país con su política económica se incrementa con dolo cuando anteponen sus carencias a la realidad. El ajuste que viene va a ser de una dureza extrema y sus responsables siguen ahí, soberbios e indolentes. Vamos a la quiebra como país. Negarnos avanzar por capricho es la muestra de su forma de ser y actuar.
Esta ocultación de datos y razones tiene como consecuencia la inseguridad, la falta de certeza, especialmente en los sectores económicos, que carecen de elementos para valorar cómo y cuándo van a poder invertir y trabajar. Por no hablar de la reputación interior y exterior de una Comunidad eminentemente turística. Un perjuicio inestimable en su cuantía ante el que se creen irresponsables.
Hace bien la consellera en exigir la decisión que nos ha afectado, motivada, claro está y los datos aportados por todas las comunidades. La Generalitat ha publicado su petición, en la que consta que se cumplen absolutamente todos los requisitos. El Gobierno calla y ofrece excusas sin base, ni justificación. Intolerable. No se trata de una equivocación lo que no se explica cuando lo que se pide cumple. Podemos estar ante conductas calificables de manera más severa.
Se equivocan Sánchez y sus ministros si piensan que el secretismo es absoluto. Tarde o temprano, por orden judicial, deberán dar publicidad a sus decisiones. Y si las mismas no son absolutamente técnicas, objetivas, no meramente discrecionales cual sucede con las políticas, teniendo en cuenta el daño hecho, deberán responder. Justificar resoluciones sanitarias con motivaciones discrecionales no es admisible cuando la sospecha de politización es más que una sospecha desde casi el inicio de la crisis.
Esperemos a que nos informen, ahora o cuando proceda y entonces tomemos las decisiones adecuadas. Nadie debe consentir que el secreto impere en una sociedad libre, por higiene y salud democráticas. Si se hace norma, el poder se hará fuerte y la ciudadanía quedará relegada a la categoría de súbditos.
