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Fernando Ull

Una nueva conspiración

esde hace algunos años la derecha española no acaba de encontrar su lugar en la política española. Huérfana de un discurso liberal y conservador que sea al mismo tiempo razonable, ha sucumbido a la permanente crispación como única opción posible de herramienta política que, con el paso del tiempo, ha degenerado en la utilización de fake news y de un discurso que recuerda al tea party norteamericano. Como ejemplo de ello cabe recordar que hace unos días Rafael Hernando, senador del PP y en otro tiempo todopoderoso dirigente del Partido Popular, publicó en su cuenta de Twitter una fotografía de una manifestación de musulmanes del año 2018 celebrada en València y autorizada por el órgano administrativo competente en la materia, para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez con el argumento de que se habían prohibido las misas y se había suspendido la Semana Santa mientras que se permitía a musulmanes manifestarse sin ninguna cortapisa. Esta clase de acciones, de gran parecido a las utilizadas con asiduidad por Donald Trump, responden a la desesperación de un partido que no logra remontar en las encuestas electorales lo suficiente como para poner en peligro la sólida posición electoral del PSOE en coalición con Unidas Podemos. Ahora se comprende los intentos de la derecha española de impedir a toda costa el acuerdo rubricado por Sánchez e Iglesias.

La irrupción de Vox en el tablero político español ha supuesto una nueva vuelta de tuerca en la estrategia de confrontación y crispación del Partido Popular. El discurso de extrema derecha de Vox no sólo no ha sido contestado por el PP en orden a resaltar su contenido racista, homófobo y clasista sino que, por primera vez, y gracias a los malos resultados electorales de Pablo Casado, el Partido Popular ha entrado en una deriva abiertamente crispada con tintes reaccionarios. Al ser el PP un partido de Estado, es decir, un partido que ha ostentado el gobierno de la nación y que sigue ejerciendo la presidencia de varias CC AA, conoce de sobra el funcionamiento de las instituciones. Las afirmaciones de Pablo Casado o de la marquesa de Casa Fuerte, Cayetana Álvarez de Toledo, sobre la ilegitimidad del actual Gobierno comparándolo con un golpe de Estado refuerzan la estrategia de la actual dirección del Partido Popular más cercana a políticos como Donald Trump o Boris Johnson que a referentes europeos conservadores como Angela Merkel.

Como sin duda recordará el lector, después del atentado terrorista islamista ocurrido el 11 de marzo de 2004, el Partido Popular alentó y ayudó a expandir una teoría de la conspiración que radicaba el origen de este salvaje atentado en una conspiración secreta ideada, organizada y ejecutada por un grupo compuesto de elementos policiales afines a Alfredo Pérez Rubalcaba y al PSOE, miembros de ETA que querían terminar con el Gobierno del PP liderado por José María Aznar para precipitar un Gobierno socialista proclive a sus reivindicaciones y el servicio secreto de Marruecos. Semejante teoría (que me niego a calificar ni siquiera como se merece) no sólo fue reivindicada por José María Aznar en sede parlamentaria con la tristemente conocida frase de que aquellos que lo idearon no estaban «ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas» y que fueran los que fueran «habían conseguido su objetivo: cambiar el curso político de España», sino que ha sido mantenida en el tiempo hasta nuestros días. Nunca en la historia de la democracia española se han alcanzado cotas tan altas de miseria y de podredumbre. Nunca.

Estos días, en plena crisis sanitaria, la extrema derecha española ha puesto en marcha una nueva teoría de la conspiración. Mucho más tosca y ridícula. No tiene la finezza de la tesis conspiranoica del 11M ni a un protagonista de un hablar tan suave y con un tono tan bajo como el de José María Aznar. En su lugar tenemos el estilo tabernario y pendenciero de Vox. La nueva teoría afirma que el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha gracias a la crisis sanitaria una especie de eutanasia generalizada llevando a la práctica lo que quiso aprobar en el Congreso de los Diputados en forma de Ley de Eutanasia. A este delirio de conspiración se ha unido un machaqueo continuo de mentiras de todo tipo que pretenden desprestigiar un Gobierno pero sobre todo una forma de Estado: el derivado de la Constitución Española que define a España como un Estado social y democrático de Derecho. Ante el evidente éxito de la sanidad pública, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y demás personal funcionario como bomberos y servicios sociales, la derecha española pretende desacreditar al Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de esconder el hecho de que gracias a la solidaridad de los españoles enmarcada y dirigida por la administración pública España no ha sucumbido a la pandemia. Manifiestos firmados por rostros conocidos como Mario Vargas Llosa pidiendo el fin del Estado de alarma comparando la situación con poco menos que una dictadura son un vano intento de esconder que la iniciativa privada y las grandes corporaciones no han tenido ningún protagonismo en la salvación de España.

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