El pasado 28 de marzo debía haberse celebrado la Prueba de Acceso a la Profesión de Abogado/a que permitiría obtener la habilitación necesaria para el ejercicio de dicha la profesión.
Como hemos comprobado la crisis sanitaria truncó nuestro futuro, acordándose el pasado 10 de marzo en el BOE la suspensión de dicha prueba abocándose una incertidumbre de la cual, a día de hoy no vemos salida.
Los aspirantes disponemos de una amplia formación, tras haber cursado el Grado en Derecho y un Máster de Acceso a la Profesión, además de diferentes prácticas del ejercicio profesional, como por ejemplo prácticas en los despachos profesionales o juicios simulados con miembros del Poder Judicial, adquiriendo la experiencia necesaria para la incorporación al mundo laboral.
El hecho de no haber podido realizar la prueba impide la colegiación en los respectivos Colegios Profesionales de la Abogacía en el territorio nacional y con ello no poder efectuar actividad profesional alguna.
Dadas las circunstancias, lo que se solicita son medidas para conceder dicha habilitación general para el ejercicio de la abogacía, ya que esta prueba no se trata de un proceso selectivo de concurrencia competitiva, sino una prueba de aptitud de apto o no apto y no condiciona al resto de aspirantes.
Es por ello, que la Plataforma de Afectados por la Prueba de Aptitud Profesional para la Abogacía 2020, junto con la mayoría de inscritos e inscritas han realizado y presentado un escrito de manera conjunta y han animado, a que cada afectado si lo valora conveniente presente a título personal dicho escrito en su nombre.
En dicho escrito, hemos solicitado que se valore de manera extraordinaria la exoneración de la prueba, convalidando dicha prueba con el apto que se debe de conseguir para poder colegiarse y poder desarrollar una actividad laboral y además amparada en nuestra Carta Magna en el artículo 35, si dicha petición no la vieran oportuna o viable le hemos trasladado otras propuestas como por ejemplo, realizar el examen por medios telemáticos, y así no comprometer la salud de los aspirantes y profesionales o que en su caso nos den una solución por parte del Ministerio de Justicia ya que la suspensión "sine die" nos deja en un limbo a los 6.780 aspirantes inscritos en dicha prueba.
Por último, también queremos mostrar por la presente, nuestro más sincero agradecimiento a la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid, y de Barcelona, también al CONEDE por el comunicado conjunto que hicieron la pasada semana en nuestro apoyo y animamos a que las instituciones de toda España nos apoyen, porque en estos tiempos de incertidumbre, su ayuda será de gran importancia.
(*) Daniel Castillo Ruiz es representante de la Plataforma de Afectados en Alicante por la Prueba de Aptitud Profesional para la Abogacía 2020
