19 de marzo de 2020
19.03.2020
Opinión

El derecho de excepción

19.03.2020 | 01:04
El derecho de excepción

La declaración del estado de alarma en Consejo de Ministros –uno de los institutos del denominado Derecho Excepcional- exige una pedagogía básica y cercana para los ciudadanos, como receptores de las medidas subyacentes que, como es obvio, van a suponer restricción de derechos y libertades.

Se trata de bajar el Derecho Constitucional a la calle. Deglutir las grandes reglas para hacerlo digerible al conciudadano. Es evidente que el leit motiv de estas medidas tienen su origen solo cuando circunstancias extraordinarias hagan imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes. Junto al estado de alarma –por catástrofes, crisis sanitarias, calamidad pública, etcétera- se anuda los estados de excepción y de sitio, amen de la declaración de guerra (art. 63.3 CE) que es de otro tenor. Señalemos que no se trata de progresiones de grado, sino de situaciones de naturaleza diferenciada. El estado de alarma es el de menores efectos sobre las disposiciones constitucionales.

La declaración del estado de alarma es el caso que estamos viviendo/sufriendo, con la propagación del virus Covid-19. Anteriormente, en 2010, fue decretado para hacer frente al cierre del espacio aéreo español que se produjo los días 3 y 4 de diciembre, en vísperas del puente de la Constitución siendo ministro del ramo José Blanco. Esta situación encuentra encaje en la CE 1978 en el art. 116.2, circunstancias -junto a las otras situaciones excepcionales o de «crisis constitucional», en palabras de Gimeno Sendra- que no aparece inserta en ninguna de las constituciones históricas españolas, regulándose tan solo, en algunos momentos, por normas de rango de ley.

Ni qué decir tiene que las medidas que se adopten –limitar circulación o permanencia de personas, requisas temporales, prestaciones personales obligatorias, ocupar empresas transitoriamente, talleres, etcétera- tienen que ser las «indispensables y proporcionadas» para intentar revertir la situación. El sujeto legitimado para su adopción es el Gobierno, mediante la fuente jurídica del decreto adoptado en Consejo de Ministros, que debe ser publicado inmediatamente en el BOE, entrando en vigor desde el instante mismo de su publicación. Quien no estuviera conforme con tal declaración podría impugnarle ante la jurisdicción contencioso-administrativa, porque es una norma reglamentaria la que le genera. La soberanía nacional, representada por el Congreso de los Diputados, deberá ser participada inmediatamente de esta decisión extraordinaria, debiéndose de reunir a este efecto.

Y todas las autoridades civiles, los miembros de los cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales, y los funcionarios de las administraciones públicas afectadas, quedan bajo las órdenes directas de la autoridad competente, pudiendo serle impuestos servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.

Otra de las cuestiones planteadas es la duración de las medidas extraordinarias que comporta esta declaración. El plazo «máximo», en principio, es de 15 días, que podría ser prorrogado pero, entonces, esa decisión de prorroga le compete al Congreso de Diputados. Vemos cómo el Senado -Cámara alta o de representación territorial- aquí se ve ninguneado, no desempeña ningún rol. El conjunto de medidas establecidas en la Ley Orgánica 4/1981 –desarrollo de la previsión constitucional del art. 116- vienen, de alguna forma y manera, a restringir y limitar libertades que serían ejercitables en situación de normalidad. Pero la presente situación es de anormalidad. Es evidente que todos los poderes públicos y los ciudadanos tenemos la obligación de respetar la CE y el resto del ordenamiento jurídico. Es una exigencia ex Constitucione. Y en ese ámbito debemos acatar y cumplir las prescripciones dimanantes de la norma constitucional. Son momentos de suma seriedad.

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