El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud calificaba de pandemia el brote de coronavirus originado en China, dada su propagación en más de tres continentes, afectando a no menos cien países. Esta enfermedad se contagia fácilmente, y además tiene una tasa de mortalidad sensiblemente superior a la gripe. Urge pues limitar el aumento de los casos, aunque la onda expansiva de la enfermedad tenga una duración mayor en el tiempo, a los efectos de evitar el colapso de los hospitales por falta de camas para tratar a los enfermos más graves.
El coronavirus pone de relieve por otro lado que la Unión Europea no se ha dotado de instrumentos suficientemente fuertes para hacer frente a una emergencia típicamente transnacional como es la expansión de una enfermedad infecciosa y que por definición no conoce fronteras. Necesitamos poner rápidamente en marcha una Unión Sanitaria que, parte fundamental de la reclamada Europa Social, englobe y supere los mecanismos existentes, y permita coordinar la respuesta a nivel europeo, dirigiendo así los recursos necesarios, ya sea materiales (mascarillas, respiradores, medicamentos, etc.), o financieros, en un espíritu de solidaridad, allí donde más se necesiten. En la actualidad, por ejemplo, el Fondo Europeo de Solidaridad, que atiende catástrofes naturales, no incluye en su ámbito de actuación las crisis de salud pública. Una razón más para abordar la imprescindible reforma de los Tratados en el marco de la planeada Conferencia sobre el Futuro de Europa.
En todo caso, más allá de los aspectos sanitarios del problema, la pandemia del coronavirus ha generado ya una crisis económica considerable, que es comparada con la Gran Recesión que estalló en el verano de 2007 en los Estados Unidos con las hipotecas de alto riesgo. Las pérdidas en los mercados bursátiles del 12 de marzo de 2020 fueron históricas. El Ibex-35 cayó un 14 por ciento, la Bolsa de Milán un 17 por ciento, la de Fráncfort un 12 por ciento. En Estados Unidos, el Dow Jones perdió un 10 por ciento, el S&P 500 un 9,5 por ciento, y el Nasdaq un 9,4 por ciento.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su avance sobre el informe anual de España publicado, concluye que el efecto del coronavirus sobre el turismo, el comercio, el consumo interno y las cadenas de suministro impactarán muy negativamente al crecimiento económico español. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) redujo el pronóstico de crecimiento para el 2020 para la Eurozona del 1,1 al 0,8 por ciento. En función de la duración e intensidad de la pandemia, avisa la OCDE, el coronavirus podría reducir el crecimiento del PIB mundial hasta el 1,5 desde el 2,9 por ciento previsto inicialmente para 2020. En todo caso, se espera que la economía decrezca en los dos primeros trimestres de este año. Los paralelos con la crisis del 2008 son inevitables, y la economista jefa del FMI considera que el descenso de la oferta y la demanda se asemeja a los observados durante las fases más agudas de la crisis financiera global.
Ante este panorama, el Consejo Europeo se reunió por videoconferencia el 10 de marzo de 2020. Los jefes de estado y de gobierno acordaron permitir mayores déficits nacionales derivados del gasto público necesario para hacer frente a la crisis, flexibilizando así el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tal y como está previsto para estos casos. También se abrió la puerta a que las empresas y sectores necesitados se beneficien de ayudas de Estado. Por último, se acordó destinar 25.000 millones de euros para apoyar a los sistemas sanitarios, facilitar la liquidez de pequeñas y medianas empresas y luchar contra los posibles efectos del virus en los mercados de trabajo. La Comisión Europea, por su parte, propuso el 13 de marzo aumentar esta cantidad a disposición de los Estados a 37.000 millones, provenientes de los Fondos de Cohesión no utilizados. Pero se trata en todo caso de fondos presupuestados para otros fines, y no de financiación adicional.
Se necesita, en cambio, un plan de gasto anticrisis europeo, tal y como han propuesto el presidente Macron y el comisario de economía Gentiloni, movilizando los recursos del Banco Europeo de Inversiones y del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Esperemos que en la reunión del Eurogrupo, prevista para el 16 de marzo de 2020, se acuerde una posición fiscal expansiva para la Eurozona, y una serie de medidas fiscales extraordinarias y coordinadas, pues el eco de los errores pasados reverbera no solo en la falta de ambición y decisión por parte de los líderes, sino también en la poca coordinación y en la toma de medidas dispares en cada uno de los Estados Miembros, poniendo en riesgo el mercado interior.
Parece pues reproducirse la misma brecha Norte-Sur que ya surgió entre acreedores y deudores con la crisis de la Eurozona. Los septentrionales están, por ahora, menos afectados por el virus, y sus economías dependen mucho menos del turismo que las de los meridionales, por lo que no parecen dispuestos a aumentar los recursos y la mutualización del gasto anticrisis.
Pero es impensable que en esta coyuntura de emergencia sanitaria y económica que supone el coronavirus, el Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto europeo para el período 2021-2027, se limite al 1% del PIB comunitario como reclaman los gobiernos insolidarios de Holanda, Dinamarca, Suecia y Austria.
Hay que recordar que la actual propuesta de MFP fue elaborada antes de la elección de Von der Leyen como presidenta de la Comisión. Por tanto, el monto propuesto del 1,11 por ciento del PIB comunitario no está acompasado con las Seis Prioridades de la Comisión Von der Leyen, y en particular con el plan para financiar la transición ecológica de la economía (conocido como Green Deal, o Pacto Verde), y que requiere entre 300.000 millones y un billón de euros al año. La Comisión debe retirar la propuesta actual, y presentar un nuevo proyecto de MFP en línea con el umbral aprobado por el Parlamento Europeo, del 1,3 por ciento del PIB comunitario.
El Banco Central Europeo (BCE) por su parte anunció el 12 de marzo nuevas inyecciones de liquidez mediante crédito dirigido a las empresas, y la compra de bonos del Estado y empresariales hasta finales de 2020 por valor de 120.000 millones adicionales, lo que debe permitir que el aumento de los déficit públicos no derive en una nueva crisis de la deuda soberana. Ciertamente el margen de maniobra del BCE no es amplio tras años de tipos negativos e inyecciones masivas de liquidez, pero podría recurrir a la compra de acciones, y a las transferencias monetarias directas a los hogares de la Eurozona para evitar el colapso de la demanda y el desempleo masivo.
Debemos recuperar con urgencia las lecciones aprendidas durante la gestión de la Gran Recesión, cuando los ciudadanos pagaron caro la falta de solidaridad a nivel europeo y la política de ajuste fiscal a ultranza. No cabe subestimar la magnitud del reto sanitario, financiero, y económico que supone la pandemia del coronavirus. Cabe hacer uso de todo el rango de opciones a nuestra disposición, mediante una combinación de políticas fiscales y monetarias expansivas, en el marco de una respuesta integral europea que abarque tanto la dimensión sanitaria como la económica.
