Y lo hacen bajo el amparo de una legislación laxa que no nos reconoce, al menos con carácter estatal, como sujetos de derecho. No entienden, ni pretenden hacerlo, la diversidad sexual como una realidad social tan antigua, más que les pese, como la misma sociedad en la que vivimos.
Nos atacan y lo hacen por el mal llamado derecho a la libertad de expresión, recogido en nuestro marco constitucional en su artículo 20, y que han convertido en una flagrante defensa de la libertad de agresión. Lo hacen con mentiras, especulaciones e insultos. No les interesamos como sujeto político, sino como saco de boxeo. Como escaparate, en algunos momentos, de su intento malogrado de limpieza de conciencia.
A los constantes ataques de la extrema derecha, no obstante, hemos de sumarles la posición de perfil que en muchas ocasiones toman los responsables políticos y los agentes jurídicos que, sistemáticamente, desestiman nuestras causas o, si las admiten, les eliminan el componente de odio que tiene cualquier agresión por orientación social, identidad o expresión de género.
Crecen, de manera sistemática, nuestros supuestos aliados en una comparsa por la deslegitimación de nuestra lucha que no es otra que la de la defensa de los derechos humanos. Como colectivo, no obstante, aún nos quedan grandes metas por alcanzar que solo con la unión de fuerzas podremos conseguir; siendo ahora el momento de que nuestro colectivo sea más político que nunca.
Desde Diversitat y el Observatorio hemos defendido siempre que existan leyes específicas que nos garanticen la aceptación y el respeto por la diversidad. Lo hicimos en Valencia, cuando participamos de manera activa como colectivo en la elaboración de la Ley Trans y la Ley LGTBI, y lo seguimos haciendo exigiendo al gobierno de coalición del Estado una ley Trans y una ley LGTBI que garanticen nuestros derechos en cualquier parte de nuestro país, gobierne quien gobierne. Solo el desarrollo de un marco legislativo específico nos garantizará la igualdad de trato llevando luz allí donde aún la transfobia y homofobia nos siguen queriendo escondidas en el armario.
Y entonces y solo entonces podremos hablar de que España, en materia de derechos humanos, se encuentra a la vanguardia de la que nunca debimos bajar.
