Hasta que a principios de esta legislatura el Gobierno del Botànic decidió instalar la sede de la nueva conselleria de Innovación, Ciencia, Universidades y Sociedad Digital en la ciudad de Alicante, la principal institución de la arquitectura autonómica en la provincia era la Sindicatura de Greuges. La institución que ejerce como comisionada de las Cortes Valencianas para la defensa de los derechos de todos los ciudadanos. Una magistratura que emana de la representación política con una gran dosis de autoridad moral para forzar a las administraciones a corregir posibles abusos y mala praxis con sus administrados. Hasta aquí ha desplegado una iniciativa interesante pero que, sin embargo, no ha terminado de cuajar nunca con nitidez entre la ciudadanía.
Después de casi cuatro décadas de autogobierno, continúa siendo una institución todavía muy desconocida para los valencianos y con una capacidad de acción que está limitada a un nivel moderado de quejas. Esa es la realidad. Pero la acción que ha venido desarrollando la Sindicatura de Greuges en los últimos años se ha convertido en una alternativa de futuro para la institución. La vía de dar un paso adelante y convertirse en una instancia útil para toda la ciudadanía. Una iniciativa que arrancó en 2014 con el segundo mandato de José Cholbi como Síndic y la llegada de Ángel Luna como su adjunto. El que fuera alcalde de Alicante y azote contra la corrupción del PP durante la etapa de Francisco Camps le ha aportado a la institución un plus de credibilidad en su labor diaria. Por dos cuestiones fundamentales que, con toda seguridad, le servirán de guía y van a marcar ahora su mandato ya al frente de la Sindicatura de Greuges.
Primero por trazar un relato descarnado, claro, conciso y muy riguroso de las carencias del Consell, especialmente, en la política social y gestión de los servicios públicos. Luna no ha ocultado, en ningún momento, que se ha producido un avance durante estos años de gobierno de la izquierda. Pero ha puesto encima de la mesa sin ningún ambage las graves carencias de un sistema de protección para atender a los más desfavorecidos que dista mucho a estas alturas de funcionar como sería deseable. Y segundo por meter en vereda de una vez por todas a las instituciones que se pasan por el forro a la Sindicatura, como ha pasado en esta semana con el toque a Emilio Bascuñana, primer edil de Orihuela, con la advertencia, además, de que le llevará a la Fiscalía. Hay otros alcaldes, de todos los colores, que van a correr en breve esa suerte. Sería mejor, evidentemente, que esos problemas estuvieran resueltos. Pero lo realmente importante es que el sistema tiene mecanismos correctores. Por eso este mandato de Luna es una gran oportunidad. Para la institución pero, más allá de eso, para los derechos de los ciudadanos.
