Hay un refrán que dice «el que la sigue la consigue», y el largo dedo del presidente del Gobierno en su afán de designar una fiscal general del Estado a su conveniencia ha dado resultado.

Lo cierto es que estamos ante un escándalo más, donde la habilidad política del señor Sánchez para situar como fiscal general del Estado a la exministra de Justicia doña Dolores Delgado ha llegado a buen fin y, curiosamente, antes que para su socio de Gobierno el señor Iglesias era indigna porque alternaba con las «cloacas del Estado», ahora, «una vez que haya pedido perdón», -circunstancia que no me consta- resulta que ya es digna y reúne todos los requisitos para desempeñar dicha función, «todo se pega».

La verdad es que el Consejo General del Poder Judicial en su preceptivo informe -no vinculante- manifestó que la señora Delgado reunía todos los requisitos y así en su protocolario «examen» ante el Congreso de los Diputados, ella misma confirma que es fiscal de carrera e incluso lo adorna diciendo que ha sido «fiscal de trincheras», pero también es verdad que una cosa es cumplir los requisitos -que nadie duda- y la otra la idoneidad de ser la persona adecuada para el cargo y algo de eso hizo entrever el informe del Consejo.

Esa idoneidad nos lleva a otro concepto que es el de la imparcialidad, que debe revestir el representante de la Institución, ya que la definición que hace del Ministerio Fiscal la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 541 no deja lugar a dudas: «Promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social».

Y todo ello recogido en el artículo 124 de nuestra Carta Magna que en su apartado 4 nos habla del nombramiento: «El fiscal general del Estado será nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial».

Visto lo visto, ¿es idónea una persona que se ha dedicado a la política y ha intervenido en numerosos tema controvertidos desde la perspectiva legítima de determinado partido político?

La Fiscalía no es patrimonio del Gobierno de turno y quizá el sistema de elección establecido no sea el idóneo, pero intentar nuevamente desvirtuar las instituciones y saltarse las líneas divisorias de la división de poderes, en particular la independencia de los tribunales, me parece al menos una peligrosa maniobra del actual Gobierno.