Eugenio Méndez de Piedra y Lavale, capitán de infantería retirado, vino en 1904 desde Madrid para establecerse en Alicante. Compró una casa en el barrio de San Antón (Huerta 44), donde se dedicó a criar cabras, cuya leche comerciaba. Era de carácter hosco.

Pronto contrató los servicios como cabrero de José Ayala Alcolea, apodado el Castellá, un jornalero soltero y natural de Archena, de 28 años de edad, analfabeto y aficionado al vino.

Eugenio vivió un tiempo con Purificación Oltra. En junio de 1908, meses después de que Pura se marchara de la casa, entró a vivir en ella el Castellá, que sirvió a partir de entonces a Eugenio como criado, además de cabrero.

Pura y el Castellá se hicieron amantes y tuvieron una hija.

Lotería

Finalizando 1908 Eugenio desapareció. Sus vecinos y conocidos tardaron en echarle en falta porque era un hombre muy reservado y apenas si salía de casa, salvo para vender la leche de sus cabras. El Castellá informó al vigilante nocturno Ramón Pascual, al estanquero Vicente Antón y al barbero Ramón Ferrándiz de que a Eugenio le había tocado la lotería y se había marchado a Madrid.

El Castellá continuó viviendo en la casa de la calle de la Huerta y explotando el negocio de leche de cabra. En 1909 recibió una carta de Eugenio remitida desde Madrid en la que le autorizaba a vender en su nombre el ganado. Obtuvo 118 pesetas por la venta de cabras. También vendió varios libros por cuatro pesetas. Pura y la niña fueron a vivir con el Castellá a la casa del ausente Eugenio.

El Castellá encarcelado

El carácter del Castellá se volvió más sombrío y nervioso. Las borracheras las cogía a diario. Apenas si dormía y a menudo salía de noche al patio de la casa escopeta en mano, alarmado porque creía haber oído a un ladrón. Se creó fama de pendenciero en el vecindario y cierta noche disparó la escopeta y se enfrentó a los guardias de vigilancia, siendo arrestado.

El 9 de septiembre de 1909 la Audiencia Provincial le condenó a un año y un día de prisión por el delito de disparo en la cárcel de Monóvar.

Unos meses después, ya en 1910, Gerónimo Ríos, cuñado de Eugenio, fue a visitar al Castellá en la cárcel de Monóvar. Aunque la familia de Eugenio estaba acostumbrada a que este interrumpiese la correspondencia con ellos durante meses, su hermana acabó preocupándose al llevar más de un año sin recibir carta suya, por lo que pidió a su marido que fuera a Alicante para ver si estaba bien. Gerónimo se encontró con que su cuñado no estaba en su casa del barrio de San Antón, la cual estaba ocupada por una mujer que solo supo decirle que a Eugenio le había tocado la lotería y se había marchado a Madrid a finales de 1908. No supo decirle su dirección en Madrid, pero suponía que el Castellá la sabría.

El Castellá le contó a Gerónimo que había recibido una carta de Eugenio y le dijo la dirección del remite. Pero cuando Gerónimo regresó a Madrid se convenció de que el Castellá le había mentido.

Denuncia e investigación

Volvió Gerónimo a Alicante para poner una denuncia por la desaparición de su cuñado en el juzgado de instrucción del juez Pedro Rico, quien ordenó de inmediato la apertura de sumario y la correspondiente investigación policial. De esta se hizo cargo el equipo de agentes mandado por Lorenzo Aguirre, segundo jefe de la policía de Alicante.

Las pesquisas culminaron el 29 de noviembre de 1910. Pura y su hija fueron trasladadas por los policías al juzgado, después de ser registrada la casa de la calle de la Huerta. El juez Rico cotejó la carta supuestamente enviada al Castellá por Eugenio desde Madrid con otras que le había facilitado la hermana de este y se convenció en seguida de su falsedad. Ni la firma ni el tipo de letra ni la manera de expresarse coincidían.

Mientras Pura era encarcelada junto con su hija, los agentes a las órdenes de Aguirre comenzaron a excavar en el patio de la casa.

El cadáver y la confesión

El cadáver fue hallado enterrado cerca del pozo. Estaba descalzo pero vestido. Junto a él estaban las gafas que utilizaba Eugenio y unas monedas.

Pocos minutos después del descubrimiento llegaron allí el primer inspector de policía, Esteban del Valle, el médico Álvaro Gómez Llueca y el juez Rico. La noticia corrió por la ciudad a gran velocidad. Los periódicos vespertinos la dieron a conocer pocas horas después, como «El Pueblo de Alicante», que en su página segunda concretó: «?enterrado el cadáver de un hombre muerto», pleonasmo merecedor de pasar a los anales del periodismo alicantino.

A las 8 de la tarde el cadáver de Eugenio fue llevado al cementerio, donde los médicos Pascual Pérez y Gómez Llueca practicaron la autopsia a las tres de la tarde del día siguiente, 30 de noviembre.

El Castellá fue trasladado desde la cárcel de Monóvar a Alicante. Al enterarse de que Pura estaba en prisión, acompañada de su hija, el Castellá confesó el 3 de diciembre ante el juez Rico su culpabilidad, alejando cualquier sospecha de complicidad sobre Pura:

En la noche del 23 de diciembre de 1908, hallándose embriagado, golpeó a Eugenio en la cabeza con un martillo, matándole, mientras estaba en cuclillas ordeñando una cabra en el zaguán de la casa. Recogió la cartera que se le había caído con tres billetes de 25 pesetas y otras seis o siete en metálico. Luego lo enterró en el patio.

Pura y su hija salieron de la cárcel el mismo día en que confesó el Castellá su crimen.

Al día siguiente, 4 de diciembre de 1910, los restos de Eugenio Méndez fueron enterrados en el cementerio civil, pues, como informó «Heraldo de Alicante», «sustentaba en vida ideas avanzadas».

Juicio

El juicio se celebró en la Audiencia Provincial el sábado 10 de febrero de 1912. El tribunal de derecho estaba compuesto por los magistrados Francisco Barrios y Manuel Vázquez, y presidido por José Gómez Barberá. El jurado popular lo formaron doce ciudadanos varones. El teniente fiscal era José M. Rey y el abogado defensor Arturo Gadea.

Ante la gran expectación que levantó el juicio en la opinión pública, los periódicos enviaron a sus mejores reporteros a la Audiencia. «Diario de Alicante» publicó en portada las fotos de «las figuras del proceso», incluida la del acusado; su reportero firmaba con el seudónimo de El Alguacil Pacorrillo.

El secretario del tribunal, Juan Serna, leyó las conclusiones provisionales del fiscal y del abogado defensor. El primero acusaba al reo de los delitos de asesinato, hurto e inhumación ilegal. El segundo dio una versión de los hechos distinta a la que expuso el Castellá en su primera declaración ante el juez: Eugenio le despidió y le echó de casa sin pagarle los jornales que le debía y durante la discusión el Castellá le golpeó en la cabeza con su cayado en defensa propia, ya que Eugenio sacó una pistola de su chaqueta. Por lo tanto, solo podía acusársele del delito de homicidio con la atenuación de embriaguez.

A continuación declaró el Castellá, que repitió la versión adelantada por su abogado. Justificó su primera declaración ante el juez en su afán de inculparse para que fuesen liberadas su amante y su hija.

Contra las conclusiones del dictamen de los abogados forenses Pérez y Gómez, que indicaban que Eugenio había sido muerto por golpe contundente en la cabeza por detrás y mientras estaba agachado, Gadea hizo comparecer a los médicos Agustín García y Julio de España, quienes opinaron que la lesión en el cráneo de la víctima podía haber sido producida por alguien de frente y con cualquier instrumento.

Después de la declaración de varios testigos, Pura entre ellos, que no aportaron información de relevancia, fiscal y defensor modificaron sus conclusiones. Rey mantuvo los delitos de robo e inhumación ilegal, pero cambió el de asesinato por el de homicidio. Gadea retiró la circunstancia de atenuación de embriaguez, por no poder demostrarla.

El jurado popular contestó las siete preguntas que le planteó el tribunal, corroborando en su veredicto las conclusiones del fiscal. En la sentencia, el Castellá fue condenado a la pena de muerte.

Indulto

Nada más conocerse la condena a muerte del Castellá se inició una campaña de petición de indulto encabezada por el director de «Diario de Alicante».

El 13 de julio de 1912 el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de pena de muerte, pero la campaña pro indulto continuó hasta el 21 de marzo del año siguiente, fecha en la que el rey lo concedió.

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