La protesta del campo, lo llaman algunos. Olvidan, ingenuamente, que si agricultura y ganadería son el sector primario es porque de él dependen todos los demás. Quienes piensen que las protestas del campo son demandas ajenas no son conscientes de que nuestro territorio no sería el mismo sin tierras, sin cultivos, sin cosechas? ¿Seríamos capaces de reconocernos sin todo ello?
La situación es compleja con factores que se entrecruzan que van desde las incidencias climáticas a la geopolítica, desde las prácticas abusivas hasta la competencia desleal de un mercado cada vez más desregulado, de los intereses comerciales a la expansión de plagas y enfermedades, de la transformación agrícola y ganadera al abandono de tierras.
Estos son algunos de los argumentos y motivos que profesionales de la agricultura, organizaciones agrarias, empresas, administraciones o cualquier otro actor implicado en el proceso de producción y comercialización señalan para describir la difícil situación en la que se encuentra nuestra agricultura, un sector que se erige como actor principal en la producción y comercialización de frutas y hortalizas para toda Europa.
Sea cual sea el motivo, coincidimos en que la producción y toda la actividad económica que participa desde el cultivo en el campo hasta la llegada a la mesa se encuentra en una grave situación y ante un difícil futuro. No hace falta ser agricultora o agricultor para constatar la dificultad que atraviesa un sector que en nuestra tierra configura un modelo social y redistributivo, que es beneficio, identidad y riqueza de toda la sociedad.
La vida de este valor comienza a peligrar y no podemos medir el alcance de su importancia cuando este se haya perdido. El campo no acaba en las manos del agricultor, de la agricultora; del mismo dependen los empleos en la recolección y manipulación en centrales hortofrutícolas, en la cadena de transporte, en las industrias -ya de avanzada tecnología- que fabrican maquinaria para las centrales hortofrutícolas, en las empresas proveedoras de todo tipo de suministros, etcétera.
Evitarlo depende de un trabajo conjunto que precisa el firme apoyo del Estado y de la Unión Europea. De la voluntad europea de recuperar el principio de preferencia comunitaria. Del criterio que inspiró el Mercado Común Agrario y que se constituyó con el objeto de mantener una estabilidad que no se viera sometida a los mercados externos, manteniendo un nivel de vida equitativo para la producción comunitaria y garantista para el consumo. Se trata de principios que se ha ido disipando a favor de la sobrepreferencia, de la discriminación más que positiva de competidores comerciales. ¿El resultado? La pérdida de aquel objetivo común de crear un mercado seguro y equilibrado para los sectores productivos de sus Estados Miembros.
En este escenario debemos prestar especial atención a las repercusiones de las decisiones que se adopten en Europa, como son la reforma de la PAC y el Marco Financiero Plurianual -del que depende la financiación de la política agraria- así como de la reclamación de una batería de medidas que agilicen la aplicación de las cláusulas de salvaguarda, que unifiquen el control riguroso en los puertos de entrada mediante un cuerpo independiente y formado, que obligue al tratamiento en frío de las importaciones y que elabore, previamente a cualquier acuerdo comercial preferente, un informe de impacto agroalimentario.
Si bien el comercio entre países no ha de ser un obstáculo cuando entre las partes se alcance un consenso, la firma de cualquier tratado debe estar sujeta a condiciones justas de reciprocidad y de, al menos, iguales condiciones. La agricultura no puede ser la moneda de cambio a pagar a cambio de otros intereses. El campo y en última instancia la ciudadanía europea no podemos sufrir las consecuencias de pactos que chocan con los intereses propios.
Hoy el campo está en la calle. Sus reivindicaciones se escucharán alto y claro y sus intereses deben ser los de toda una sociedad, aquella que se nutre del producto de la tierra y el mar, que se sirve del esfuerzo de tantas personas. Una sociedad y administraciones que debemos trabajar por una remuneración digna, por condiciones de trabajo justas, por producciones sostenibles y por la dignidad de un sector que nunca la ha perdido.
