12 de febrero de 2020
12.02.2020

Más réquiem por el patrimonio edilicio

12.02.2020 | 00:03
Más réquiem por el patrimonio edilicio

Me uno a los ciudadanos que se han manifestado ejerciendo su derecho a la denuncia pública, en especial a «Salvem nuestro patrimonio», contra la actitud de la Administración local en el caso que estamos asistiendo de grave ataque y pérdida de durabilidad contra el monumento de la fuente de la plaza de los Luceros.

Nada ha cambiado en los años transcurridos desde aquel ejercicio de defensa de los ciudadanos que se levantaron contra la Administración por actos contrarios a Derecho al intentar construir el palacio de congresos en la ladera del monte Benacantil. De un modo u otro, nos encontramos ante formas análogas de hacer de las administraciones públicas dejando con evidente claridad que el patrimonio arquitectónico no les interesa, no recuerdo que les importara salvo que fueran a sacar rédito alguno, al menos, lo suficiente.

Las recientes declaraciones recogidas en prensa son muy esclarecedoras, exponen a la Administración como un agente coadyuvante del interés privativo de los comerciantes ante el interés del conjunto de la ciudad, el del patrimonio histórico-artístico.

Las administraciones deberían desterrar todo aquello que suponga una acción arbitraria, como así ha ocurrido con la connivencia y la inactividad. Deberían abandonar las conductas ilícitas, a la vez que deban llevar a cabo la materialización de las prescripciones de las normas, en este caso de Patrimonio Cultural, implantando que ésta sea la praxis habitual de los actos y hechos de la Administración (autonómica y local), desempeñando las funciones que tiene encomendadas de conformidad con la ley, y con base en los principios de eficacia, objetividad, capacidad, imparcialidad, igualdad, legalidad y prohibición de la arbitrariedad. Ni más, ni menos.

Sentar por principio que no se está en contra ni atacando las mascletás, ni mucho menos la fiesta, ambas constituyen parte del patrimonio de la ciudad y, como tal, deben tener amparo del conjunto de los ciudadanos. En este caso se pretende únicamente una mejor ubicación para la celebración de dichos actos públicos sin que se pueda directa o indirectamente causar daños a otros bienes.

No podemos obviar las acciones de orden químico y físico a la que se somete al monumento durante la celebración de dichos actos, acortando su durabilidad, acelerando su pérdida, por lo que pretender continuar en el mismo lugar supondría un ataque en toda regla contra un cuerpo tan simbólico y emblemático de la ciudad como los Luceros.

Un cambio de lugar no supondría una pérdida de valor de las mascletás ni de la fiesta. El cambio de escenario urbano permitiría actuar por el lado de la seguridad, minorar la degradación, el envejecimiento y por tanto evitaríamos una pérdida de durabilidad irremediable del monumento.

¿Qué lugar sería el menos incómodo para la circulación peatonal y el transporte público y privado? Tal vez, la Plaza de España-Campoamor. No obstante, manteniendo ciertos parámetros relevantes, es una cuestión de estudio de zonas y ver cuál de ellas entorpece menos la movilidad normal de la ciudad.

Se constata la necesidad de que la expresa manifestación de la ciudadanía, dada a través de la «acción popular», pueda mantener la presión que se precisa para que la Administración entre en razón y ponga por encima de lo privativo el interés de la ciudad, el de todos.

Efectivamente, como dice Manuel Alcaraz en su artículo dominical del pasado 9 de febrero en este diario, en ocasiones se esgrimen argumentos sobre la ausencia de patrimonio arquitectónico en esta ciudad. Manifestaciones que sostienen una cierta carga de razonabilidad en ello, pues lamentablemente de mano de la Administración local y en ocasiones también autonómica se han concedido licencias de derribos contra nuestro patrimonio edilicio, incluso contra arquitecturas protegidas que han permitido su desaparición, dejando a la ciudad exenta de obras edilicias relevantes que daban calidad al escenario público.

Con cierto criterio generalizado cabe decir que estas concesiones de licencias, absolutamente arbitrarias, se concedieron con la plena asunción de la Administración con el interés de los especuladores de suelo sin un atisbo de pudor por la eliminación del patrimonio arquitectónico.

Así la ciudad de Alicante ha estado sometida a la depredación de los especuladores de suelo en pro de su exclusivo interés privativo. El interés público, el de todos, nunca ha interesado a los políticos salvo en alguna situación que debe considerarse rara avis y también ha ocurrido por interés personal o partidista, nunca ha interesado el patrimonio cultural y esto es extensible a lo que ahora ocurre y padecemos los ciudadanos con Luceros.

Así el estado de las cosas, animo a «Salvem nuestro patrimonio» a que no bajen la guardia, ejerzan sus derechos de ciudadano ante acciones arbitrarias de la Administración como la que nos ocupa.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook