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José María Asencio

Consejo General del Poder Judicial. Atacar a la ley

El Estado de Derecho, entendido como sujeción a la ley por parte de todos, obliga igualmente a todos a cumplirla, en cualquier situación, para no caer en la misma conducta que se reprocha con frecuencia a los demás. No se puede, sea cual sea la consecuencia, dejar de acatar la Constitución y resto de leyes exigiendo contrapartidas o reformas para hacerlo. La ley no se negocia, se acata y cumple. Y lo que vale para los secesionistas, vale también para la oposición. Lo contrario sería incurrir en contradicciones insalvables, al menos para quienes queremos mantener cierta coherencia y huir de los intereses políticos como norma suprema, superior a la ley y al sistema mismo.

El Consejo General del Poder Judicial, desde 1985, por imperativo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se designa, en lo que atañe a los doce magistrados, por el Congreso y Senado. Esta norma fue declarada constitucional por el TC, aunque por escaso margen y advirtiendo de los riesgos del modelo en una sentencia que adivinó lo que sucedería. Pero, lo cierto es que el procedimiento es legal, constitucional, está vigente y debe cumplirse y que toda desatención al mismo constituye un acto contrario al Estado de Derecho y al principio de legalidad.

Pero, es que, después de treinta y cinco años, que el PP ahora, habiendo gozado de posibilidades de alterar el sistema denostado, no lo haya hecho, resta credibilidad a sus exigencias y las sitúa en un punto que las convierten en mera estrategia o excusa para evitar una minoría en el órgano fruto de la esencia misma del mecanismo existente, consecuencia directa de los resultados electorales. El sistema, de fuerte contenido político, es el mismo que ha permanecido vigente más de tres décadas, con gobiernos de todo signo, que han aprovechado sus mayorías cuando las han tenido y lamentado y despreciado el sistema cuando eran de los adversarios. Poco edificante en ambos casos.

Las críticas que se han formulado y las huelgas de jueces y fiscales de nada han servido; el abuso y la politización evidentes no sirvieron nunca para impulsar una reforma del sistema de elección del que todos sacaron provecho cuando tuvieron la ocasión de hacerlo. Descubrir, como hace ahora el PP que en el local se juega, como ocurría en la película Casablanca, es jugar con las cartas marcadas y perder buena parte de una credibilidad que debe mantener si quiere demostrar lealtad constitucional.

La ley se cumple, no se negocia, no se condiciona. Vincula a todos, Gobierno y oposición, nacionalistas y no nacionalistas, derechas e izquierdas. Negarse a cumplir con los deberes constitucionales y legales que ordenan la renovación y subordinar el mandato legal a reformas nunca antes hechas realidad, es criticable y sitúa a quien así actúa al mismo nivel que quienes muestran su desprecio a las normas que les afectan. No puede el PP convertirse en activista imitando a quienes desprecian la ley y anteponen a ella sus criterios o intereses. No puede hacerlo el mayor partido del centro derecha.

Es tan cierto que la mayoría del CGPJ será la denominada progresista, como que la actual es conservadora. Así son las cosas para nuestra desgracia, pero exactamente son las mismas que han funcionado desde hace treinta y cinco años y que nadie cambió salvo algunos detalles, apariencias, pero que mantenían lo que convenía cuando se ganaba. Porque, la victoria traía consigo el desembarco en el órgano de gobierno del Poder Judicial de los ganadores, de modo que quien obtenía la mayoría no renunció nunca a ejercer las prebendas que la misma aportaba.

Que ahora el PP descubra las maldades de un sistema que ha agotado y aprovechado no es un ejemplo de coherencia ni de dignidad democrática. Mucho se parece a quienes desobedecen, pues una forma de desobedecer es no cumplir en plazo, dilatarlo o someter el cumplimiento a condiciones que la ley no prevé. Que quienes van a conformar esa mayoría sean el reflejo de un Gobierno que carece de homogeneidad y de futuro como tal no es, ni puede ser excusa para cumplir. No goza la oposición de legitimidad para negar los efectos de unas elecciones impidiendo que las mayorías actúen conforme establece la ley.

He atacado el modelo, denunciado sus efectos en forma de injerencia en la división de poderes, la merma que produce en la autoridad de los tribunales causada por la ausencia de respeto de los partidos. Por eso, porque lo he hecho, a diferencia de los silencios cómplices de todos, incluyendo el PP, exijo que la ley se cumpla y que asuman las consecuencias de la misma los que la mantienen en su actual tenor, los que solo ven el mal cuando son los adversarios los beneficiados, los que juegan con los sentimientos calificándolos según sus conveniencias.

Ser constitucionalista es y exige un comportamiento leal y, el más fundamental, es someterse a la ley y colaborar en su aplicación. Dar ejemplo es la mejor manera de proteger el sistema democrático, torcerlo con buenas intenciones aparentes, un atentado contra el mismo.

Cúmplase y negóciese, esta y otras cuestiones que necesitan el concurso de todos. Dejen de jugar con el sistema y sean responsables y serios.

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