En su primera gran decisión vinculada a la financiación que reciben los ejecutivos autonómicos -depositarios de las competencias más importantes del Estado del Bienestar y de los servicios públicos-, el nuevo Gobierno de España que comparten los socialistas de Pedro Sánchez y Unidas Podemos con Pablo Iglesias al mando perpetró un nuevo agravio contra la Comunidad Valenciana. Da casi igual que mande el PP o ahora la izquierda. Es uno más. Suma y sigue. Ratificó su decisión de negarse a ingresar a la Generalitat los 281 millones de la liquidación del IVA correspondiente a 2017, todavía con Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda. El pasado martes, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, María Jesús Montero, la actual titular de Hacienda y nueva portavoz del Ejecutivo, atacó a las autonomías que han levantado la voz contra este nuevo tijeretazo y les acusó de estar alentando un relato similar al «España nos roba».
No es la primera que vez que escribo, aunque ese mensaje se haya hecho famoso en Cataluña, que si hay un territorio que podría usar ese argumento, por encima del resto, es sin ninguna duda la Comunidad Valenciana. Y este «robo» continuado a los que vivimos en este territorio es, incluso, todavía más flagrante en el caso concreto de estos 281 millones, una cantidad reconocida y que incluso figura en documentos presupuestarios del Consell. Como todos saben, las autonomías tienen cedida una parte de la recaudación del IVA, un impuesto que está vinculado directamente a la actividad económica que se genera en un territorio y a su consumo. Si la Comunidad Valenciana, una vez liquidado el ejercicio, tiene que recibir más dinero es porque ha generado esas cantidades en su día a día. Así que, con esta decisión, el Gobierno de Pedro Sánchez le «hurta» a cada valenciano una porción de su esfuerzo durante ese año para generar negocio e impulsar la economía. Muy injusto y completamente inaceptable.
Eso es lo más grave de una resolución que, en cualquier caso, pone en cuarentena la voluntad del nuevo gabinete de coalición sobre la reforma de la financiación autonómica. El acuerdo por el que el diputado de Compromís, Joan Baldoví, respaldó la investidura de Pedro Sánchez obligaba a presentar un documento con la propuesta de reforma en un plazo de ocho meses. Pero, por contra, no pone fecha a una modificación que será muy difícil de pactar por la dificultad para conjugar los intereses de los diferentes territorios. Es un hecho que la financiación autonómica, como quedó demostrado esta misma semana durante su conferencia en Madrid, ya no es el eje central del relato de Ximo Puig para esta segunda legislatura del Botànic. Su posición sigue siendo nítida y clara pero la agenda es más amplia. Evidencia de que el desenlace de ese asunto, para nuestra desgracia, se va alargar. Pero si el jefe del Consell quiere mantener la credibilidad debe responder con contundencia a este nuevo desplante del impago del IVA. Y llegar hasta el final. A los tribunales si es preciso en defensa de un dinero que se ha generado con el esfuerzo de los valencianos. Porque, aunque la ministra Montero diga que no es un ningún robo, desde luego se le parece. Y mucho.
