En estos días y después de que Vox nos acusara a las personas LGTB de fomentar la pederastia en las escuelas, hemos visto cómo la red social Twitter ha decidido cerrar la cuenta del partido ultra. Abascal ataca aludiendo a una libertad de expresión que, si bien está recogida en la Constitución, han convertido en libertad de agresión.
Los mensajes plagados de odio tienen, sin duda, grandes y graves consecuencias. Manipular a la opinión pública mediante falsedades es un ejercicio que no solo ataca lo estético, sino que vulnera cualquier código ético que debe imperar en un partido cuya máxima pretensión es llegar a gobernar cualquier ayuntamiento, autonomía o Gobierno de España. Twitter, red social privada, ha hecho lo que muchas veces le exigimos al poder judicial de este país: vetar y condenar el discurso de odio de una formación que nos condena al armario de sus prejuicios.
Educar en igualdad y en el respeto a la diversidad es educar en el presente y futuro de la realidad social en la que vivimos; hacer campaña, por lo contrario, tiene varios calificativos en nuestro diccionario: machismo, misoginia, LGTBFobia y xenofobia. No podemos, por tanto, conformarnos con que una red social privada actúe. Nuestro sistema jurídico ha de actuar y empezar a sentenciar contra quienes atacan la libertad, legítima, que tenemos todas las personas de defender nuestros derechos, que no son otros que los Derechos Humanos.
Es el otro lado del odio, la ausencia de actuación de los poderes públicos para frenarlo. Si los jueces y fiscales siguen poniéndose de lado y no dan un paso al frente se convertirán, desgraciadamente, en cómplices necesarios de la creciente escala de odio que estamos viviendo.
