Todo parece indicar que el Gobierno, en su indefinido ánimo de desjudicializar, está dispuesto a enfrentarse al Poder Judicial en una batalla permanente que puede debilitar el Estado de Derecho. La nueva izquierda y el secesionismo, con el peligroso argumento de que la única legitimación es la que proviene directamente de las urnas, la niega al Poder Judicial, cuya fuente de legitimación, sin derivar directamente de la voluntad de los ciudadanos, reside en su sometimiento exclusivo a la ley, que sí emana de esa voluntad popular y que debe ser acatada y cumplida por todos sin excepción. El Poder Judicial garantiza el sistema, la seguridad jurídica y la igualdad, poniendo freno a la arbitrariedad.
Absurdo y llamado al fracaso es pretender enfrentarse a un Poder legítimo que actúa en el cumplimiento exacto de sus competencias. Absurdo porque el triunfo de la ley es inevitable en un Estado de derecho en el que, como sucede en España, existe la acción popular.
Un error, este más profundo incluso, es entender la desjudicialización de forma equivalente a la ampliación del concepto de actos políticos no sujetos a la ley y no revisables por el Poder Judicial; esto significa hacer retroceder nuestro sistema político al tan denostado como imitado curiosamente por la nueva izquierda, franquismo, que regulaba ampliamente el concepto de acto político equiparándolo con la impunidad de personas y de poderes determinados. Justificar la desjudicialización en el refrendo popular de quienes incumplen la ley, supondría legitimar todo acto cometido por quienes ganan elecciones y, de este modo a sujetos como Hitler, ganador de las suyas, que logró someter a jueces y magistrados y convertir la ley en mera expresión de su voluntad. Desjudicializar la política en esta dirección y, a la vez, politizar la Justicia, poniendo a las órdenes de los impunes el Poder Judicial, no es pretensión muy loable en términos democráticos. Mejor, pues, antes de desjudicializar la política sería despolitizar la Justicia.
La apariencia de estar en una guerra abierta por Sánchez y sus aliados frente al Poder Judicial la ha revelado, en su calidad de mensajero, el vicepresidente activista Iglesias que, desde el primer día no ha tenido reparo en atacar a la Justicia española afirmando que ha sido puesta en evidencia por los tribunales europeos, que la han humillado. Miente y lo sabe o es un ignorante; no es la primera vez, ni será la última. Para eso parece estar ahí. Pocos son tan capaces de dar tanto a cambio de tocar el poder. Que el CGPJ haya tenido que salir en defensa del TS el primer día de gobierno exigiendo respeto al Tribunal Supremo es algo que nunca había sucedido. Y esa respuesta, respaldada por todos los consejeros, de diferente adscripción ideológica, solo puede ser entendida si se contempla la urgencia del Gobierno en menospreciar al Poder Judicial. Un ataque visceral e inmediato exigía un freno de la misma cualidad.
Dialogar es necesario, pero en el marco de la ley y si la ley se infringe, debe aplicarse. No es desjudicializar no perseguir a quien ha infringido la ley penal. Eso es delinquir. Desjudicializar no puede equivaler a negociar el cumplimiento de la ley. La ley no se negocia, se acata. Ser independentista es legal y posible. Luchar por la independencia por los cauces legales, un acto legítimo. Hacerlo unilateralmente, vulnerando la Constitución, desobedeciendo a los tribunales, malversando fondos y convocando consultas prohibidas, es delito y perseguir estas conductas no es judicialización, sino sumisión a la ley. Muy fácil de entender y de aplicar cuando se respeta el sistema democrático; imposible cuando se persigue otro modelo o ninguno en especial, que también podría ser.
Debe el Gobierno tener claro el ámbito, las funciones y las posibilidades de cada Poder. El Ejecutivo puede dialogar, pactar y conceder, en el marco de la ley, conforme a la discrecionalidad permitida a la Administración y a criterios políticos. El Poder Judicial no puede dialogar, hablando solo por medio de sus resoluciones. La discrecionalidad judicial, escasa, no responde a razones políticas, sino de otra naturaleza. Por tanto, pedir al Poder Judicial que actúe como hace el Ejecutivo o se someta a éste es pervertir su función y la división de poderes, que se concentran en uno solo. Y eso tiene un calificativo bien conocido.
Jugar con la discrecionalidad permitida (indultos, grados penitenciarios) es legal y posible. Hay margen y eso es política, aunque no guste a muchos. No conceder en el Parlamento europeo el suplicatorio atentando a la autoridad del Tribunal Supremo sería también legal, pero gravísimo para el Estado de Derecho y un golpe a la autoridad de este órgano judicial. Si en España nunca las Cortes niegan los suplicatorios, resultaría extraño que lo hicieran en Estrasburgo donde lo normal también es concederlos. Mucho habría de explicar el PSOE, este PSOE, si hiciera lo contrario.
Es obligada la moderación porque está en juego algo más que una victoria electoral. Y esa moderación la debe gestionar quien gobierna, pues su responsabilidad es mayor que la de la oposición. Por el camino de la confrontación no se va a ningún sitio. Pero, tampoco en un sistema democrático el Poder Ejecutivo puede pretender concentrar todos los poderes en uno solo. Recordar este principio produce cierta vergüenza. Pero es necesario hacerlo.
