Mónica Oltra nos aleccionaba en recientes declaraciones para intentar, con escaso éxito parece, sacarnos de nuestra ignorancia. Quiere que, por fin, seamos cultos en al menos tres lenguas y abandonemos ese paleto y enfermizo apego al español que aprendimos de nuestros padres, que manifiestamente nos sitúa en inferioridad respecto de los valencianos cultos. Ahora hemos descubierto que no somos los únicos, que más que una isla somos un pequeño archipiélago con lugares tan exóticos como Utiel, Requena o Jérica, por citar alguno.

Bromas aparte, señora, le diré algunas razones por las que me parecieron tan inconvenientes sus declaraciones, en las que al llamarnos ignorantes enseña la patita del lobo autoritario que todo nacionalista lleva dentro.

En primer lugar porque ponen en entredicho derechos constitucionalmente reconocidos (el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla), generando inquietud por su carácter claramente antidemocrático. Además son contrarias al Estatuto de Autonomía, que emanado de la CE rige en la Comunidad Valenciana y que afirma sin ambages en el artículo 6º que « El idioma valenciano es el oficial en la Comunitat Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza del, y en, idioma valenciano». Queda meridianamente claro que es un derecho, no un deber, como sí lo es conocer el idioma español.

El Estatuto, que le permite a usted desempeñar el cargo que posee, da la condición de valencianos a « todos los ciudadanos españoles que tengan o adquieran vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de la Comunitat Valenciana". Yo, nacido en León, pero criado en la Vega Baja, soy tan valenciano como usted, pero un señor de Murcia, cuya vinculación con el castellano es discutible, que decida afincarse en cualquiera de nuestros municipios también lo será a todos los efectos, ¿o no?¿ Debemos entender que hay valencianos de primera y de segunda? Muchos valencianos tenemos el castellano como lengua materna, tanto los nacidos aquí como los que vinimos a estas tierras por las causas que fueren, y pensamos que lo mejor para nuestros hijos es estudiar en su lengua materna, sin que ello signifique que nos oponemos a que estudien el valenciano; eso es cuestión particular de cada familia y de su libre criterio.

He dicho valencianos, no territorios. Los territorios no hablan valenciano, lo hablamos o no las personas. La ley del 83 reconoce la exención del uso y aprendizaje; forzar a los alumnos a acudir a clase y librarles solamente de la evaluación es un atropello, pero obligarles a estudiar en valenciano va, directamente, contra el derecho a la exención legalmente reconocido; por eso esta ley de plurilingüismo es inaplicable, pues contradice normas de rango superior. Esta ley que nos protege, por cierto, es muy cicatera y tendenciosa, que los hijos del benemérito murciano citado arriba tengan que estudiar valenciano y en valenciano por vivir en Alicante es una imposición y más considerando a esa ciudad como territorio de predominio valencianoparlante. ¿Con qué criterios se calificó así? ¿Consideran que la sociedad es un todo inmutable? Actualmente el 19'39% de la población en nuestra provincia es extranjera, a ellos esta ley les hace aún más difícil la integración y a los profesores más ardua la tarea de enseñarles.

El objetivo de la ley 4/2018 que nos ocupa es « El dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales», incompatible con la ley del 83 que garantiza la exención. Y en su artículo 6º dice literalmente: a) El tiempo mínimo destinado a los contenidos curriculares en cada una de las lenguas oficiales, en el conjunto de la escolaridad obligatoria, debe ser del 25 % de las horas efectivamente lectivas. Debiéndose impartir en cada una de las lenguas oficiales la materia o la asignatura correspondiente a su aprendizaje y al mismo tiempo, como mínimo, otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análogo. Ahora nos vienen Marzá y Soler con que podemos introducirlo en no troncales como Educación Física, tutoría o similares, lo que parece una manifiesta prevaricación, y se niegan a hacerlo por escrito. Pero cada cuatro años se revisan los planes lingüísticos de centro y al final la ley establece en el artículo 11 que el 50% será en valenciano y el 25% en inglés. Y nada dice del castellano, al que se supone le queda ese 25% residual, si hay suerte. A los hijos del ínclito murciano del ejemplo, si viene a vivir aquí, les haremos una adaptación curricular a sus hijos (por incorporación tardía, la ley dixit), o sea les trataremos como alumnos con dificultades de aprendizaje, aunque sean excelentes, pues el castellano será testimonial.

Esta ley es política, claramente de inspiración nacionalista y lucharé contra ella por conculcar derechos y puente a un modelo de sociedad cerrada. Es contraria a la inclusión, penaliza a los más desfavorecidos, a los inmigrantes, a los menos capaces y a quienes tengan dificultades de aprendizaje como dislexia o TDH. Favorece el éxodo a la privada, exenta de su aplicación. Bajará el nivel académico por obligarnos a enseñar en un idioma que no dominamos (inglés y valenciano) a alumnos que no tienen la capacidad suficiente para entenderlo y hará imposible el registro culto en español limitando la expresión en niveles avanzados. No estamos contra el valenciano ni contra el inglés, pero la enseñanza en esas leguas de asignaturas básicas lesiona las aspiraciones de nuestros hijos y nos obliga a trabajar de modo fraudulento.