Un ministro de Educación, los buenos ministros de Educación, seguro que antes de llevar a cabo una reforma educativa también harán balance de cuántos chicos y chicas abandonarán el sistema educativo ante la imposibilidad de encajar en los cambios que la nueva ley traerá consigo. Con la estimación de los datos, ya pueden plantearse si vale o no vale la pena realizar los cambios previstos. Una de las reformas más brutales que ha sufrido nuestro sistema educativo fue con la puesta en marcha de la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa aprobada el 4 de agosto de 1970. Fue la ley que ampliaba la obligatoriedad de la enseñanza hasta los catorce años que se cursaban en la ya casi olvidada EGB.
Esta Ley General de la Educación, derogó la que estaba vigente desde 1953, la Ley de Ordenación de las Enseñanzas Medias. Los alumnos que en el curso 1970/71 suspendieron el primero de Bachillerato, por aquellos tiempos algo muy habitual, tuvieron que abandonar el instituto para volver a ingresar en las escuelas, ahora para hacer 7º de EGB, el curso equivalente en la recién estrenada ley. Ya fuese por vergüenza, incertidumbre ante los cambios o por desconocimiento, el caso es que, para muchos, demasiados, de aquellos adolescentes, abandonar los institutos y el sistema educativo fue todo uno. Chicas y chicos que al curso siguiente habían engrosado el mundo laboral sin titulación alguna, aunque todos llevaban más de seis años de enseñanza en sus mochilas. Y todo para que España pudiera responder al acelerado cambio social y económico que se avecinaba, era imprescindible, era necesario el sacrificio de aquellos alumnos en el «altar del progreso».
En la Comunidad Valenciana se avecinan cambios en nuestro sistema educativo. La recientemente conocida como la Ley del Plurilingüismo va a suponer que muchos adolescentes valencianos, no todos, tengan que enfrentarse a nuevos retos, nuevas barreras que, sin lugar a dudas, va a dificultar su recorrido académico y va a enturbiar el sueño de su futuro laboral con el que ahora anhelan.
La obligatoriedad de tener que dar una de las asignaturas troncales de sus cursos en valenciano supondrá un obstáculo importante que tendrán que superar solo los estudiantes castellano-hablantes, barrera con la que no tendrán que enfrentarse chicos y chicas que tienen el valenciano como lengua vehicular. Con trabas o sin ellas, una vez finalizado el segundo de Bachillerato y las pruebas de acceso a la Universidad, todos se ordenarán por un número que será el reflejo de sus notas para poder ingresar en una u otra Universidad. Será una lista injusta, será una lista tendenciosa e inmoral. La desigualdad de condiciones en la que han llegado al final de esta etapa será muy patente y mucho me temo que los adolescentes que no conviven con el valenciano como lengua vehicular coparán los últimos puestos de estas «malditas listas» que tanto condicionarán su futuro, ya no solo educativo sino también social y económico. Me pregunto si el conseller de Educación de la Comunidad Valenciana también ha estimado cuántos futuros médicos, abogados, lingüistas o titulados superiores van a tener que renunciar a la carrera con la que llevan soñando toda su adolescencia. Y no dejo de preguntarme en qué «altar» va a sacrificar el señor Marzà a una multitud de chicos y chicas mayoritariamente castellano-hablantes. En nombre de quién o de qué le pide semejante sacrificio.
Señor conseller de Educación, estamos a las puertas de manifestaciones importantes en la Vega Baja, en Valencia, en Requena, en Utiel y en otras ciudades valencianas en contra de su ley plurilingüista. Poco importa que sean mayoritarias o no, serán valencianos que, en lugar de pasar el sábado en la tarde en familia, descansando o volcados en sus aficiones, van a salir a la calle preocupados por el futuro de sus criaturas, le van a pedir libertad para poder elegir la lengua del aprendizaje de sus hijos e hijas. No haga oídos sordos y escúchelos, atienda sus preocupaciones y esté vigilante. Vigile, no permita que en otras regiones de España puedan colgar ofertas de trabajo donde en una nota al margen ponga «absténganse los de la Comunidad Valenciana». Tampoco permita que este problema vaya más allá de lo meramente educativo y que poco a poco se pueda trasformar en un conflicto irreconciliable entre valenciano-parlantes y castellano-hablantes. Este es un camino tortuoso y oscuro, de difícil salida. No vale la pena.
