Horas después de que el Tribunal Supremo comunicase al Parlamento Europeo que Oriol Junqueras no puede ser eurodiputado por tener una condena firme el Parlamento Europeo ha dejado de reconocerlo como tal. Pese a que nos estamos acostumbrando a ese tipo de sorpresas, lo contrario hubiera sido una alucinación acto seguido de un espejismo. Además de una gigantesca incongruencia. Por muy sofisticada que a veces resulte, la ley no debería obrar contra el sentido común, y un delincuente convicto de sedición tampoco, por razones obvias, ocupar un escaño. Los condenados por sentencia firme son inelegibles y si Junqueras era eurodiputado en julio pasado, dejó de serlo el 3 de enero tras el pronunciamiento de la Junta Electoral.
El PSOE que maniobraba en la dirección contraria por intereses propios de la investidura ha vuelto a ponerse de perfil ahora que Sánchez, investido, está eligiendo a los miembros del nuevo Gobierno. El asunto requiere tacto para no desairar a ERC posicionándose a favor de la Justicia, pero adquiere menor trascendencia política partidista tras la abstención y los hechos consumados. Podría parecer que todo estuviera calculado si no fuera por la vigilia independentista y el dolor que el propio Jefe de Estado se ha encargado de augurar al parto. El Gobierno se la juega en medio de la inminente batalla entre los propios separatistas por consolidar su poder en Cataluña y con el mal aliento bilduetarra soplando en la nuca.
Junqueras, consumado el espejismo, está en el trullo. No tiene la suerte de Torra de contar con un presidente del Parlament que lo mantenga como diputado, pese a la inhabilitación. Y, por el momento, tampoco la del prófugo Puigdemont que pendiente, de un suplicatorio, se halla en espera de cobrar los salarios y las dietas atrasadas de la Cámara europea.
