La síntesis que podría ayudar a esclarecer los propósitos, por fin explícitos, de la coalición investida, sería: "Dejar atrás la deriva judicial que tanto dolor y tanta fractura ha causado en buena parte de la ciudadanía catalana y española".
Lo que vendría a significar que no basta con la ley. Y, por tanto, hay que ofrecer contrapartidas a quienes se han abstenido (que no es otra cosa que prestar un apoyo condicionado), contando con ver satisfechos idearios que ya no camuflan deseos últimos: naciones independientes. Una variante del viejo trueque en desuso: "paz por territorios".
Cuando el tren todavía no ha echado a andar, vagones con la música alta llevan un pasaje silencioso (jueces, fiscales, abogados del Estado, periodistas, empresarios€) con recelos avivados en días de vértigo.
El diafragma (músculo de las emociones) le ha jugado una mala pasada a Pablo (Iglesias) que ha incurrido en dos descuidos: hacer públicos los nombres de su mini gobierno, sin esperar a que lo hiciera el timonel, e incurrir en irreflexión dolosa, al afirmar, a la primera de cambio, que en España hay "presos políticos".
Con ello, se habría marchitado la guirnalda que envió a su cuate: "Pedro (Sánchez), estarás al frente de una coalición progresista histórica. Para nosotros es un honor caminar junto a vosotros. Sí se puede. ¡Adelante presidente!". Original arenga que si bien rezumaba gratitud, no evitaba un lenguaje ultramarino.
Y de paso, habría reavivado viejos temores de cuando el entonces postulante decía aquello del insomnio. En respuesta a la primera prueba del algodón, el presidente retrasó la agenda, recuperó la última palabra y añadió otra vicepresidencia, no pactada anteriormente, para licuar el engrudo.
Apercibimiento y disgusto, añadido al propinado por la portavoz republicana cuando, en un arrebato de sinceridad, reconoció que la gobernabilidad de España le importaba un "comino" (especia usada durante siglos, como remedio natural, con propiedades medicinales).
A ello ha contribuido que el aspirante acogiese esa idea, desjudicializar la política, chatarra intelectual según Félix Ovejero, que surge de una visión patológica de algunos políticos sobre sus relaciones con la justicia. El objetivo: sustraer al control judicial, colocando bajo el paraguas de la inmunidad, toda acción política, especialmente la que infringe y quiebra la legalidad, evitando así el cumplimiento de la ley, mandato básico recogido en el art. 9 de la Constitución. Lo que no deja de ser un enfoque antidemocrático.
Y los que se sienten concernidos con esa pretensión se preguntan: ¿Supondría dotar de impunidad a los autores de delitos? ¿O romper en su favor el principio de igualdad ante la ley? ¿Equivale a evitar y dificultar el cumplimiento de la legalidad? ¿O tolerar todo al independentismo, más allá de la libre expresión de ideas?
Pablo, siempre expresivo, ha aludido a las "togas reaccionarias" y los atañidos inquieren: ¿Es el anticipo de un asalto al poder judicial?. Cuando se trata de los enemigos (poderes económicos y brazos mediáticos) y la vigilancia (algo a lo que hay que irse acostumbrarse), se amplía el vuelo de la mosca: ¿Estaría apuntando a un modelo ya diseñado, a semejanza de la Ley para la Defensa de la República (LDR), que consideraba una 'agresión' al régimen 'difundir noticias que pudieran quebrantar el crédito del Gobierno', así como 'toda acción o expresión que redundase en menosprecio de las instituciones y organismos del Estado'?.
En ese trance bronco, la discusión de fondo de la investidura pascual gravitó sobre lo que está en juego: el orden constitucional y la integridad territorial. Y llegados aquí, la narrativa exige contención, porque cuando uno comete el error de escribir enfadado pierde la capacidad de hacerlo con precisión.
Ahí es donde los partidos opuestos a la coalición progresista, alejándose de lo estrafalario, deberían concentrar su atención. Como la portavoz progresista, que, en un instante de delirio, balbució un ilusorio "golpe de estado" de la derecha.
Junto a los dos protagonistas, el trámite ha contado con actores de reparto, como el abuelo de Ferraz, portador de una inofensiva pancarta, al que unos policías se lo llevaron a rastras, sin miramientos...El autor, José María Múgica, de una carta manuscrita al candidato: "Que pretenda usted alcanzar la investidura con la ayuda del fascismo que nos asesinó en el País Vasco produce una nausea infinita". El misacantano turolense, aturdido por presiones intolerables para torcer su voto. Los recios navarros que cantaron las cuarenta al nacionalismo vasco "inaudito interlocutor, para ser el mayor enemigo del régimen foral de Navarra". La gallarda canaria que, tras disculparse por su audacia, votó "no" en un hemiciclo gélido que quiso dejar claro que no se apiada de los mavericks. El afligido cántabro, único apoyo en la ocasión anterior, cuya negativa pudo sonar a tormento por haberse sentido engañado.
Pedro, buscando aquietar a las partes interesadas (stakeholders), aseguró que el acuerdo con los secesionistas sería constitucional y público. Pendientes de los detalles (mesas y contenidos), público aún no lo es; y constitucional, está por ver. En las dos ocasiones anteriores, la consulta o el referéndum transitó por vías alejadas de las leyes y heredades comunes a todos los españoles. Así que el beneficio de la duda no es un aval.
El debate de investidura ha dejado, en esencia, un gobierno precario sin mayoría y una opinión partida por la mitad, lo que augura un desencuentro sistémico entre dos bloques antagónicos. De paso, ha servido para confirmar que en España (47.007.367 habitantes), la política se asemeja a un partido que siempre gana el PNV (377.423 votantes).
La Hybris es un concepto griego que puede traducirse como 'desmesura' y que hace referencia a un intento de transgresión de los límites impuestos por los dioses a los hombres mortales y terrenales.
Confiando en que judicial, legislativo y gubernativo se atengan al respeto de sus respectivos perímetros, como corresponde a una auténtica división de poderes, evitar la desmesura pasa por ahorrar estragos a la ciudadanía, a la que corresponde mantener la convivencia como objetivo irrenunciable, sin que nadie se pueda considerar ajeno mirando para otro lado.
Una elección democrática no puede garantizar la inmunidad en cualquier circunstancia. La clave es el respeto a la ley. Dentro de la ley todo cabe, fuera de ella nada es justificable.
