La diputada de Cs Inés Arrimadas trató de socavar la intervención de la portavoz socialista en el Congreso exhibiendo desde su escaño un cartel tamaño DIN a4 con el que sugería que el único mérito profesional de Adriana Lastra es haber hecho carrera política en el PSOE. De todos es conocida la trayectoria de Lastra en el partido, a la que se suma ahora haber manejado con la suficiente habilidad la negociación de un complejo entramado de pactos como para consumar la investidura, algo que no debe ser precisamente pan comido, en vista de que el partido de Arrimadas no solo logró que nadie pactara con ellos sino que además se fue desangrando por el camino hasta quedarse casi en una anécdota tras las últimas Elecciones Generales. Afearle a la dirigente del PSOE que no tiene título universitario que avale su presencia en el ruedo parlamentario es tanto como suponer que estar en posesión de un máster académico acredita la suficiente honradez para merecerlo. Adriana Lastra no culminó su carrera de Antropología Social pero, a la vista de los resultados, ni falta que le hace por ahora, puesto que ha conseguido el objetivo que le fue encomendado por los suyos, es decir, el de hacer presidente a Pedro Sánchez.
Para subirse a la tribuna de oradores no se requiere titulación superior, como tampoco se les ha exigido a la mayoría de los jefes de gobierno de nuestro país un inglés nivel First Certificate en sus relaciones internacionales, y sin embargo su escaso dominio del idioma imperial no le impidió a alguno de ellos entenderse con Bush para pergeñar una guerra mientras se fumaban un puro con los pies calzados sobre la mesa. Hoy a su PP no le van a dar lecciones sobre corrupción; no lo decimos los periodistas, lo dijo Pablo Casado, el sábado, en sede parlamentaria, en un desafortunado lapsus. Ni él ni el ex líder de Cs, Albert Rivera, estuvieron libres de sospecha sobre la autenticidad de sus curriculums, de modo que ¿cuántos diplomas universitarios hacen falta a un político para que le confiemos nuestra seguridad? El gesto de Arrimadas es lamentable desde el momento en que lo dirige contra otra mujer que, al igual que ella, está tratando de romper un techo de cristal en un mundo que hasta hace poco era básicamente de los hombres. Pero además nos da a entender que todavía hay quienes no han superado un prejuicio que muchos dejamos atrás, afortunadamente, cuando comprobamos que en las instituciones hay espacio y función para todos, sean catedráticos de biología molecular o instaladores de persianas, y que, a veces, desempeñar un papel digno en política tiene más que ver con el olfato o con el sentido común que con el conocimiento intelectual, que no lleva aparejada, necesariamente, la valentía.
Entre los jefes de gobierno y ministros suecos o islandeses hay muchos sindicalistas sin título universitario, y algunos expertos sostienen que este tipo de perfiles favorecen una mayor apertura de las instituciones hacia todos los colectivos sociales. La universidad de la vida contra la atrofia tecnicista a la que tiende la Administración. Todo esto no significa que no deba promoverse la formación especializada y humanista de los políticos, igual que la del resto de la gente. Y en este sentido, la enseñanza universitaria forma parte del reto con el que se abre este 2020 de tantas novedades; la Estrategia Europa tiene como objetivo conseguir que el 75% de la población de entre 20 y 64 años esté empleada y que por lo menos 4 de cada 10 adultos en la treintena hayan completado algún tipo de estudios superiores. La razón es que, según este plan, en los próximos años deberán corregirse los desfases entre la formación y el empleo. Las estadísticas indican que la brecha de género es menor entre quienes tienen un título de grado o una ingeniería, aunque no sirven para explicar por qué más de una cuarta parte de universitarios españoles siguen sin encontrar trabajo cuatro años después de acabar sus estudios, un balance muy desolador, porque, tal y como nos lo vendieron, cursar una carrera debería ser un seguro contra el paro.
Arrimadas, que tuvo vocación de arqueóloga pero acabó estudiando Derecho, probablemente quiso sugerir que, en política, no tener un plan B equivale a eternizarse en los vericuetos del aparato y en los cargos institucionales. Puede ser, pero lo que hemos observado estos días, por la sarta de barbaridades que se han dicho en el Parlamento, es que un exceso de "titulitis" tampoco implica una retirada a tiempo.
