Tres deseos

Mi primer deseo es para la ciudad que habito. A ella llegué por diferentes motivos, y muy probablemente en ella me jubile. Me siento orgullosa de ella y me duelen los desapegos constantes que observo por parte de quienes la gestionan. Alicante, volcada al mar y con un fantástico clima, duele a veces; duele constatar la brecha existente entre el centro y sus «zonas selectas» y los otros barrios. Esta brecha termina por deteriorar la imagen de conjunto de la ciudad. Hace tiempo que pienso que Alicante necesita gente que la quiera y la estime. A veces da la sensación que es una ciudad de «usar y tirar». Utilizo su sol, su turismo, su ocio de fin de semana, pero me preocupo poco por ella, por sus gentes, los y las invisibles que no viven en las calles más frecuentadas, pero residen en ella todo el año. Como denunciaba hace unas semanas el profesor Carlos Gómez Gil, la Avenida Jaime II, es una buena metáfora de ello. Es una de las principales arterias de entrada y salida de la ciudad, a pocos metros de la zona del tardeo, representa la falla existente entre lo que denominamos el «centro» y todo los demás.

Cómo es posible que, en esa avenida con unas impresionantes vistas al Castillo de Santa Bárbara, el panorama del viandante sea solares abandonados, viviendas que parecen ocupadas ilegalmente o comercios reconvertidos en pisos turísticos. La combinación perfecta para que un barrio pierda población y quede abandonado a su suerte. A raíz del citado artículo, entendí mejor una realidad que había llamado mi atención. Alicante necesita recuperar sus barrios por justicia, para garantizar la cohesión social, por imagen, por interés turístico y porque se merece ser tratada mejor de lo que la han tratado.

Mi segundo deseo va dirigido a quienes se empeñan en criminalizar a determinados colectivos sembrando un odio imaginario hacia las personas que vienen de fuera y aportan mucho a la economía de este país sustentando pilares básicos de nuestra sociedad. Dejen de hacerlo. En Alicante, las personas que trabajan en las tareas domésticas, que cuidan de nuestros mayores y personas enfermas, las que están construyendo la casa que nos hemos comprado o las que están recogiendo la fruta que consumimos son, mayoritariamente, personas inmigrantes. No le roban el trabajo a nadie, hacen el que nosotros no hacemos porque, por lo general, perciben salarios más bajos y trabajan en peores condiciones. Contribuyen a nuestra economía en sectores clave como la construcción, la agricultura o el cuidado.

Como suele ser población joven, no cobran pensiones de viudedad, ni de invalidez, consumen menos Sanidad y concurren en menor número a las ayudas de las diferentes administraciones. En cambio, pagan impuestos consumiendo, alquilando casas y dinamizando los barrios más populares castigados por la despoblación o la creciente moda de los alquileres turísticos. Cotizan para nuestras pensiones y equilibran nuestra población envejecida. La Comunitat Valenciana supera los cinco millones de habitantes gracias al aumento de población en las urbes, un incremento que se debe principalmente a la llegada de migración exterior. Este es el retrato real de lo que aportan en muchas de nuestras ciudades. No se puede mentir ni criminalizar a gente trabajadora.

Mi último deseo es una petición y una exigencia: dejen de negar la violencia de género que mata a mujeres de cualquier edad, origen o condición sólo por el hecho de ser mujeres. Paren de ruborizarnos. Alguno o alguna dirá que es libre de pensar lo que quiera, cierto, pero en la intimidad de su casa. Lo que no es de recibo es que representantes públicos se presten a ese ejercicio de negar una realidad, mintiendo descaradamente burlándose así de las víctimas, de sus huérfanos y familiares. 55 asesinatos en 2019 es la cifra que debería avergonzarnos como sociedad porque es la cifra más alta en un lustro. La violencia de género tiene múltiples causas y es el resultado más cruel de la desigualdad entre hombres y mujeres, sin embargo, voces expertas apuntan a la necesidad de más medios y a la acción nefasta de la postura negacionista de Vox.

Porque así es, este partido reaccionario y populista ha venido para dinamitar el consenso al que habían llegado todos los partidos respecto al reconocimiento de una violencia de género, diferente de otras violencias y al consenso existente para invertir en su erradicación. Se consiguió algo muy importante: un delito tradicionalmente oculto en la intimidad pasaba a ser una cuestión social de primer orden porque afecta a más de la mitad de la población y se da también fuera del ámbito de la pareja. 2019 se convierte así en un año nefasto para la violencia machista por el aumento de la cifra de asesinadas y por la llegada de una ultraderecha cuya ideología reclama derogar las leyes que protegen a las mujeres y que exige, sin rubor, retirar los fondos que se dedican a combatir los asesinatos y que ayudan a las víctimas a salir de la oscuridad. A ver quién osa seguir defendiendo lo indefendible.