El año 2020 que comienza se presenta repleto de desafíos e incertidumbres. Es cierto que suena a frase tópica, pero en este caso, además de los muchos interrogantes que tenemos en la escena nacional e internacional, finaliza el plazo para el cumplimiento de la estrategia «Europa 2020» a la que todos los países de la UE deben dar cuenta. Y en el caso de España, no parece que el balance vaya a ser muy satisfactorio, ni mucho menos.

Tras el inicio de la Gran Recesión en 2008 y los profundos estragos que causó en el conjunto de los países europeos, desde la UE se planteó la necesidad de acometer un programa de reformas que permitiera a la Unión Europea avanzar en la nueva economía digital, desde criterios de sostenibilidad y generando al mismo tiempo una mayor cohesión social para sus habitantes. El reto era conseguir, a medio plazo, elevar los niveles de empleo, seriamente castigados por la crisis, mediante la incorporación de tecnologías y una mayor innovación, reduciendo a su vez la brecha social entre países, particularmente con los ciudadanos más pobres y castigados por los efectos de las severas medidas de ajuste aplicadas por el conjunto de la UE y sus países miembros.

De esta forma, los presidentes de Gobierno aprobaron en el Consejo Europeo de 2010, bajo la presidencia de José Manuel Durao Barroso, la llamada estrategia «Europa 2020». El propósito fundamental era que la UE saliera fortalecida de la crisis económica y financiera creando más empleo y de mayor calidad, mejorando al mismo tiempo las condiciones de vida de sus ciudadanos. Hermosas palabras que chocaban frontalmente con la doctrina de ajustes salvajes y recortes neoliberales promovidos desde las instituciones europeas, seguidos a pie juntillas por todos los gobiernos, y que autores como Paul Krugman bautizaron como «economía del fracaso».

En el documento que fue aprobado por la Comisión Europea, «Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM (2010) 2020), al señalar que Europa debe evitar su declive, se establecieron tres hipótesis posibles de cara al 2020: la primera llamada «de recuperación sostenible» en la que Europa recuperaría el crecimiento anterior y seguiría avanzando, la segunda denominada «recuperación tibia» en la que se reconoce que Europa retrocedería en su desarrollo pero comenzaría a crecer de nuevo con vigor y la tercera, con el título «Década perdida», en la que se apunta que Europa perdería de forma permanente riqueza y potencial de crecimiento en el futuro. Desgraciadamente, diez años después, la UE se encuentra en este tercer escenario a las puertas de un incierto Brexit que puede dañar, todavía más, su futuro.

Ahora bien, los datos para España en el logro de los indicadores aprobados son sustancialmente malos, particularmente en dos aspectos esenciales, como es el empleo junto a los indicadores agregados de pobreza y exclusión social. Hasta el punto que se puede afirmar que España suspenderá buena parte de los objetivos de esta estrategia «Europa 2020», tomando como base los datos ofrecidos por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat).

En términos de empleo se fijó para España que se alcanzara el 74% de la población activa entre 20 y 64 años, cuando en estos momentos estamos a siete puntos de llegar a esta cifra. Y eso sin hablar de los altísimos niveles de ultraprecariedad existentes y los bajos sueldos percibidos. En materia de gasto público en investigación y desarrollo se estableció para España conseguir el 2% del PIB en I+D, mientras que nos encontramos en torno a un 1,2%, por debajo del nivel de 2008. En el apartado de cambio climático y energía, España ha reducido un 16% sus emisiones en GEI (gases de efecto invernadero) sin alcanzar el 20% fijado, sin que tampoco llegue al 20% en energías renovables, habiendo conseguido, en cambio, el reto de reducir un 20% el consumo de petróleo. Respecto al campo educativo, los objetivos se centraban en reducir el abandono escolar por debajo del 15%, encontrándonos cerca del 18% y alcanzar el 44% de educación terciaria en la población entre 30 y 34 años, estando muy cerca de alcanzar este objetivo, con un 42,4%.

Ahora bien, el gran suspenso de España se debe a su estrepitoso fracaso en reducir significativamente el número de personas en situación de pobreza y exclusión social, que según los últimos datos disponibles ascenderían a 12,1 millones de personas, según el indicador armonizado AROPE (Alto Riesgo de Pobreza y/o Exclusión), quedando a 2,6 millones de las cifras fijadas por la UE para España en 2020.

La desigualdad, la pobreza y la exclusión están dañando la cohesión social en España, poniendo en cuestión principios y valores esenciales de nuestro ordenamiento democrático. Durante los años de crisis se ha hablado en todo momento de saneamiento presupuestario y financiero, pero a costa de sacrificar elementos clave en materia social, llevando a España a una posición indecente en términos de pobreza y exclusión que significará que sectores importantes de la población permanezcan en situación de vulnerabilidad social durante mucho tiempo. Solo queda una respuesta inaplazable: que se tome conciencia de la necesidad de invertir con urgencia esta dañina situación.