Los socialistas catalanes del PSC, partido federado al PSOE, defienden por boca de su recién elegido secretario general, Miguel Iceta, que España es una nación de naciones o, dicho de otra manera, un Estado plurinacional, al mismo tiempo que abogan por un modelo territorial basado en el federalismo, posturas ambas muy difíciles de conciliar sin caer en graves contradicciones.
El principio federal está basado en la igualdad de las partes que pactan, mientras que la plurinacionalidad expresa hechos diferenciales que no pueden tratarse de la misma forma, es decir, no existe la posibilidad de que haya café para todos. Para dilucidar esta cuestión, los que consideran la existencia de personalidades nacionales diferenciadas dentro de un Estado acuñaron el término federalismo asimétrico para poder canalizar así sus reivindicaciones, que casi siempre tienen un único fin, lograr la independencia y constituir su propio Estado-nación.
El federalismo asimétrico reserva para aquellas partes de una federación que se consideran nacionalidades competencias propias o cierta capacidad de decisión en los órganos federales, como podrían ser el ejercicio del derecho de autodeterminación. En el fondo esto es lo que reclaman para Cataluña algunos socialistas como Miguel Iceta cuando habla de federalismo y de plurinacionalidad, es decir, el derecho a decidir sobre cualquier asunto que tenga que ver con su hecho diferencial, sea la lengua, la cultura, la financiación o su estatus político.
Así que el PSOE, un partido de ámbito españolista que se manifiesta por una descentralización del Estado de corte federal, tiene un grave problema para identificar qué tipo de federalismo defiende, si el que se corresponde con un modelo cooperativo y de corresponsabilidad, más apropiado para las demandas sociales actuales, o aquel que establece una asimetría en la distribución de competencias acorde con las diferencias que se dan en un Estado plurinacional.
Estas dos almas ideológicas del federalismo conviven en el partido socialista mirándose de reojo y sabiendo, además, que hay quienes dentro del PSOE siguen apostando por un Estado autonómico como el que actualmente existe en España, que otros defienden un modelo estrictamente federal donde reconocen unos derechos colectivos como un factor diferencial, y que algunos otros, los asociados catalanistas del PSC, van un poco más allá y optan por un soberanismo y un derecho a decidir que necesariamente aboca hacia la convocatoria de un referéndum pactado con el Estado y casi con absoluta seguridad a la creación de un Estado independiente. Lo que les diferencia de los secesionistas e independentistas de Oriol Junqueras y de Puigdemont es que nunca optarán por una proclamación de independencia unilateral, aunque no se opondrían a ella si es declarada y tiene el reconocimiento de la comunidad internacional.
España vive una crisis política que perjudica a su economía y a su bienestar por culpa en gran medida de un modelo territorial que la Constitución del setenta y ocho no supo adecuar correctamente a la diversidad cultural de sus pueblos y a sus hechos diferenciales, salvo quizá en el País Vasco y Navarra. Un modelo que supura por sus costuras autonómicas cada vez que existe una recesión económica sea como consecuencia de unos mercados imperfectos, del sistema financiero internacional o de las posiciones geoestratégicas de las grandes potencias. Como nuestras deficiencias estructurales no se corrigen, y la forma de Estado y su distribución del poder es una de ellas, el desempleo y las desigualdades no solo se mantienen en el tiempo, sino que aumentan causando desafección en la política y la aparición de fenómenos reaccionarios y populistas como una respuesta a la indignación ciudadana.
Los grandes partidos españoles, PSOE y PP, acusan doblemente esta situación. Por una parte, una amplia mayoría de sus votantes se han radicalizado hacia posiciones más extremas, con lo que han fragmentado la representación y la posibilidad de formar Gobiernos estables. Y por otra, su temor a volverse irrelevantes en el panorama político español les impide consensuar grandes acuerdos que permitan al país avanzar en las reformas de aquellos temas que verdaderamente importan, la lucha contra el desempleo y la desigualdad, el crecimiento económico y el progreso tecnológico. Prefieren pactar con aquellas fuerzas que buscan el enfrentamiento y la radicalidad en sus posiciones, olvidando que las políticas que lleven a cabo quedarán necesariamente supeditadas a intereses sectarios e insolidarios y no a conseguir la cohesión social y el interés general.
Sin embargo, siendo España un gran país, también en su complejidad, somos muchos los que mantenemos la confianza en que salvará esta crisis más pronto que tarde y que su democracia apartará a aquellos políticos que la ponen continuamente en riesgo con sus desmedidas ambiciones y su egocentrismo adolescente.
