El encargo del Rey es un paso decisivo en el procedimiento que según la Constitución debe seguirse para la investidura del próximo presidente del Gobierno. El cumplimiento de esta formalidad supone que hay un candidato que asume la responsabilidad de presentar un programa de gobierno en el Congreso y reunir una mayoría que lo apoye. La designación implica que los diputados pueden ser convocados a pleno en cualquier momento para celebrar el debate y la votación. Ya no hay marcha atrás. El candidato puede resultar investido para presidir el Gobierno, pero se arriesga a salir derrotado, lo que de manera inevitable tendría consecuencias para su carrera política, máxime si no es la primera vez que ocurre.
Esta es, con la información disponible, la situación exacta de Pedro Sánchez. Es candidato, puesto que ha aceptado la propuesta del Rey, pero aún no tiene asegurados los votos necesarios para su elección y, por tanto, no es posible anticipar el resultado de la sesión de investidura que, sin excusa, debe tener lugar. Si es elegido, será presidente del Gobierno, pero si no consigue sumar los votos suficientes, su futuro político se convertirá en una incógnita. En consecuencia, el dirigente socialista podría estar poniendo en juego toda su carrera política a la carta de la investidura.
Y, aunque el artículo 99 de la Constitución no señala una fecha para el envite ni nombra a quien debe fijarla, el tiempo empieza a contar. El transcurso de los días será evaluado políticamente por los partidos y la opinión pública. No es una mera casualidad que dos días después de la nominación Oriol Junqueras haya concedido en la cárcel de Lledoners una entrevista a un diario conservador de Madrid, en la que insiste en las condiciones de ERC para facilitar la investidura y afirma de forma categórica lo siguiente: "Nosotros no estamos negociando una investidura, sino los mecanismos para buscar una solución democrática al conflicto". Es preciso recordar que el conflicto al que alude, que es un hecho cierto, ha sido creado exclusivamente por la actuación unilateral y al margen de la Constitución por el movimiento independentista de cuya dirección él mismo es parte destacada.
Pedro Sánchez se encuentra en una situación delicada. Y conscientes de ello, los líderes independentistas lo presionan con toda la fuerza de que son capaces. Las actitudes enfrentadas que se manifiestan en el seno del PSOE entre dirigentes catalanes y de otras comunidades autónomas están llevando al candidato a una encrucijada más difícil todavía. Cabe preguntar, en este punto, cuál es el propósito de las diversas rondas de conversaciones anunciadas para la próxima semana, cuando el PSOE tiene firmado un preacuerdo con Podemos desde el día siguiente a las elecciones y el mismo Pedro Sánchez insiste en descartar cualquier otra opción que no sea la de formar un gobierno marcadamente de izquierdas, con el apoyo de los nacionalistas.
Y, aún más, es necesario plantear abiertamente, sin remilgos, cuál es la razón de que el PSOE no haya querido tener hasta la fecha conversaciones con el PP y Ciudadanos, partidos con los que en todo caso tendrá que llegar a un acuerdo si pretende modificar la estructura del poder territorial del Estado. ¿Son diferencias políticas? ¿Es que las diferencias con estos partidos son mayores que las que existen entre el PSOE y los partidos independentistas? En la actual coyuntura de la política española, esta es la pregunta que debemos hacernos y que requiere una respuesta urgente. La vinculación de la suerte del candidato en la investidura a la resolución del conflicto catalán, como imponen los independentistas y ha aceptado el líder socialista, compromete la formación del gobierno, el futuro inmediato del PSOE y la estabilidad de la política española. El error cometido por el PSOE de no proponer primero un gran acuerdo parlamentario al PP y a Ciudadanos exige una explicación. Podría costarle la carrera política a Pedro Sánchez y salirnos muy caro a los españoles.
