Como era de esperar y dado el resultado de las últimas elecciones generales, Pedro Sánchez se ha convertido en la diana perfecta de partidos políticos ansiosos por justificar unos malos resultados electorales, como es el caso de Ciudadanos, o un resultado peor del esperado como ha sido el del Partido Popular. Guste o no el resultado de las elecciones, Sánchez es el único candidato capacitado con la autoridad que le han otorgado las urnas para formar Gobierno. Con el fin del bipartidismo y el fraccionamiento del Congreso de los Diputados, el panorama político de los próximos años debe pasar necesariamente por la continua formación de acuerdos entre tres o cuatro partidos para la aprobación de leyes y por tanto de las imprescindibles reformas que España debe afrontar si quiere seguir formando parte de los países más influyentes de la Unión Europea. Estas reformas no sólo deben ceñirse a lo económico ni a las directrices que la OCDE dicta de manera reiterada sobre la economía española siempre de modo catastrófica, sino sobre todo a aquellas materias que van a formar parte de la agenda europea el próximo decenio y de la cual España no puede quedar descolgada. Me refiero a materias como la protección del medio ambiente, políticas de inmigración que aseguren el relevo generacional y una decisiva voluntad de cooperación con países menos desarrollados con la vista puesta en su avance social y económico.
La situación de Pedro Sánchez recuerda a la de Adolfo Suárez en los primeros meses de su mandato, cuando era atacado desde derecha e izquierda y, sobre todo, desde el interior de la UCD, un partido que fue lo más parecido al camarote de los hermanos Marx. Desde la derecha se echa en cara al presidente en funciones que no llamase a Casado al día siguiente de la noche electoral y que sin embargo se reuniese con Pablo Iglesias para negociar un Gobierno de coalición. Resulta extraño que alguien pueda pensar, a tenor de lo visto y escuchado en los meses anteriores a las elecciones, que Sánchez tuviera en consideración cualquier tipo de acuerdo con el Partido Popular de un Casado cuyo único mérito desde que se hizo con las riendas del PP ha sido atacar día y noche a Pedro Sánchez emulando a su mentor José María Aznar, que fue capaz de ganar - por la mínima - las elecciones de 1996 repitiendo frases vacías y promesas imposibles de cumplir como la de que los terroristas iban a cumplir íntegramente las condenas impuestas o que jamás pactaría con los nacionalistas ante el temor de que España se rompiese, significase lo que fuera esa frase.
Ahora volvemos a escuchar el conocido argumento del Partido Popular cuando no son ellos los que gobiernan. España va camino de poco menos que la desintegración por culpa de los socialistas que además de vender el país a cualquier precio son unos rencorosos porque quieren aplicar la Ley de Memoria Histórica en vigor y porque pretenden que las multinacionales que operan en España paguen a la Hacienda española una parte de los beneficios que obtienen operando en nuestro país.
Pero la realidad es que la existencia de partidos políticos de carácter regional con capacidad de decisión en la formación del Gobierno de España responde a la idea que la Constitución Española recogió en su génesis para conseguir encajar las piezas del puzle de la territorialidad española que tantos problemas provocó durante el comienzo del siglo XX. Con la facilidad - gracias a actual ley electoral - que tienen los partidos nacionalistas de obtener representación en el Congreso de los Diputados, la Constitución trató de igualar los poderes de decisión centrales de Madrid a otras regiones con menos población y menos poder económico. Por tanto, cuando Pedro Sánchez mira a estos partidos para lograr su abstención en una próxima votación de investidura está haciendo realidad el deseo del legislador constitucional de que las minorías formasen parte del mecanismo de decisión de un Estado. Con ello no sólo se asegura una participación plural que tenga en cuenta los anhelos de colectivos que si no fuera por esta regulación quedarían al margen. sino sobre todo una vacuna contra futuros independentismos que podrían encontrar un excusa para sus veleidades nacionalistas en la disculpa de que sus intereses no se viesen amparados y tenidos en cuenta. Los nacionalismos tiene un concepto de la política y la sociedad de carácter excluyente y egoísta. Con su integración en órganos de decisión de ámbito estatal se elimina el victimismo como arma electoral y al mismo tiempo se crea un orden que, trascendiendo lo estrictamente político, llegue a la sociedad y logre calar en ella la idea de que el diálogo constructivo con aquellos que se encuentran en las antípodas de tus ideas ayuda a crear una sociedad más justa y equilibrada.
