En la huerta de Alicante, en un camino que actualmente tiene el nombre de El Ciprés, terminó de construirse en 1565 una torre en la que los vecinos podían refugiarse cuando los berberiscos desembarcaban y saqueaban el lugar.
Con el transcurrir del tiempo, junto a la torre se construyeron una casa (siglo XVII) y una capilla (1684).
Hace aproximadamente un siglo, cuando empezó el declive de la huerta alicantina tras la plaga de la filoxera, las torres de defensa que fueron construidas en la zona en los siglos XVI y XVII, y que posteriormente habían sido utilizadas por los huertanos, empezaron a ser abandonadas. Ello mismo le ocurrió a esta torre, conocida como El Ciprés por crecer junto a ella uno de estos árboles.
Como casi todas las torres de la huerta que había en el término municipal alicantino, la de El Ciprés fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) el 14 de abril de 1997. Entonces la torre se hallaba ya, y desde hacía tiempo, en un estado lamentable de abandono, con el remate muy deteriorado y en gran parte perdido. La casa había sido derribada en 1980 y la capilla estaba en ruinas. No obstante, la Torre El Ciprés seguía siendo «uno de los ejemplos más relevantes del conjunto de torres de la Huerta de Alicante. Sus dimensiones (ca. 4,50 x 6,00 x 13,50), su planta (rectangular), su volumen (4 niveles), su sección (bóveda inferior y forjados de viguetas superiores), su escalera (helicoidal en la esquina), sus huecos (½ punto en el acceso y una ventana por planta) y los sistemas constructivos empleados en su ejecución (sillería en todos sus lienzos y en el basamento) son prácticamente representativos de la torre», se lee en el «Plan Especial de Protección de las Huertas de Alicante», aprobado por el ayuntamiento en 2007, pero que nunca llegó a aplicarse.
PROPIETARIOS IMPORTANTES E INCUMPLIDORES
En 1999, dos años después de haber sido declarada BIC, la Dirección General de Patrimonio remitió un escrito al Ayuntamiento de Alicante denunciando el absoluto abandono en que se encontraba Torre El Ciprés, instándole a que se localizase a los propietarios para que procedieran a su restauración.
El concejal de Servicios y Mantenimiento dictó el decreto municipal de fecha 11 de marzo de 2003 en el que se decía que la Conselleria de Cultura había solicitado al ayuntamiento la posible declaración de ruina de la torre, pero que ello no era posible porque el importe estimado de la reparación no superaba el límite del deber de conservación. En consecuencia, el consistorio resolvió requerir a los propietarios de la torre para que procedieran a su rehabilitación en un plazo no superior a diez días. El decreto advertía que, en caso de no hacerlo los propietarios, podría llevarlo a cabo el consistorio con cargo a los mismos. Además, se daba un plazo no superior a seis meses para que los propietarios procedieran a la reparación de los daños en la torre y la capilla.
Dos meses más tarde, al no recibir ninguna respuesta de los propietarios, el ayuntamiento les advirtió de la posibilidad de imponerles una sanción si no procedían a cumplir con lo dispuesto en el decreto municipal. Pero los propietarios siguieron haciendo caso omiso.
En la tarde del 22 de septiembre de 2003 los bomberos extinguieron un incendio que se había declarado en el interior de la torre, donde se había acumulado gran cantidad de basura; y en febrero de 2004 desapareció el arco de sillares de la puerta de la torre, fechado en 1667.
Los propietarios seguían sin acatar el decreto municipal un año después. Se daba la circunstancia de que, entre los 15 copropietarios de la torre, estaba Luis Concepción, concejal de Seguridad y Transportes desde junio del año anterior.
El director general de Patrimonio dictó en febrero de 2004 una resolución ordenando a los propietarios que presentasen, en un plazo de tres meses, un proyecto de restauración, recordando que el «estado de abandono absoluto» que padecía la torre «constituye una infracción grave contra el Patrimonio».
Respecto a la resolución de la Dirección General de Patrimonio, el abogado de uno de los propietarios manifestó que estos eran partidarios de restaurar la torre, pero con cargo a la totalidad de ellos, lo que suponía poner de acuerdo a los 15 interesados.
Casi tres años después, la situación no había cambiado. En diciembre de 2006 se presentaron en el registro municipal una veintena de escritos denunciando el peligro de desplome en que se hallaba la torre y responsabilizando de la inacción de los propietarios al concejal Luis Concepción. El 21 de febrero siguiente, la agrupación ecologista Activistes d'Endavant presentó 140 firmas en el ayuntamiento reclamando la urgente restauración de la torre.
En octubre de 2007, cinco meses después de las elecciones municipales tras las que Luis Concepción dejó de ser concejal, el ayuntamiento volvió a ordenar la restauración de la torre El Ciprés a sus propietarios, entre los que seguía estando el ahora exconcejal y el exconseller Diego Such, residentes todos ellos en la urbanización El Ciprés. El nuevo decreto municipal, idéntico al del año 2003, volvía a dar un plazo no superior a tres meses para que se iniciasen las obras. El ayuntamiento justificó los cuatro años de paralización del expediente (justo el tiempo en el que Luis Concepción formó parte del equipo de gobierno municipal) en un error de comunicación, ya que no se había dado traslado del mismo a todos los propietarios, y que había que volverlo a dictar. Subsanar dicho error había durado cuatro años.
Dos copropietarios, Luis Concepción y David Esteve, presentaron alegaciones contra el decreto municipal, aduciendo la imposibilidad de reunir a todos los integrantes de la propiedad y planteando su interés en donar la torre al ayuntamiento. Esteve señalaba también que era causa de expropiación la no localización de los dueños. Pero las alegaciones fueron rechazadas por el ayuntamiento mediante un nuevo decreto, de fecha 7 de mayo de 2008, en el que se avisaba de sanción a los propietarios si no se iniciaban las obras de restauración de la torre y la capilla en un nuevo plazo de diez días.
Multa irrisoria
El ayuntamiento resolvió el expediente sancionador imponiendo una multa de 1800 euros, a pagar en diez mensualidades de 180 euros entre los 16 propietarios, lo que representaba un total de 11 euros por propietario al mes.
Los copropietarios nada hicieron para evitar que la torre y la capilla anexa siguieran deteriorándose.
ABANDONO
En 2012, la asociación cultural Alicante Vivo denunció el abandono que continuaba padeciendo este BIC. El Consell Valencià de Cultura aprobó el 26 de noviembre de 2018 un «Informe sobre el estado en que se encuentran las torres declaradas BIC situadas en la antigua huerta de Alicante», en el que se recomendaba «muy especialmente la intervención del Ayuntamiento de Alicante y de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, para evitar el derrumbe de la Torre El Ciprés, que parece inminente, así como su restauración y la de la capilla aneja, llevando a cabo su expropiación en caso de que fuera necesario».
Hoy en día, Torre El Ciprés amenaza derrumbe inminente y la capilla se encuentra en ruinas.
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