No sé desde cuándo ni de quién fue la idea, el caso es que las agendas de los principales cargos del Consell Valenciano son públicas. Si consultamos la agenda del conseller de Educación, Cultura y Deporte valenciano, el señor Vicent Marzà Ibáñez, podemos leer que el pasado martes 3 de diciembre tenía una «Reunión de coordinación del equipo de gabinete» en Valencia. Pero no asistió. Vicent Marzà esa misma tarde estaba en la Vega Baja. Se presentó «por sorpresa» en un instituto de Orihuela. El mismo centro donde, previamente y en apenas 24 horas, los inspectores de zona habían convocado a todos los directores de los centros de Secundaria de esta comarca. Bajó dispuesto a escuchar, a debatir y a realizar una puesta en común con los responsables de los centros educativos de la anunciada Ley del Plurilingüismo. No acudió solo. Miguel Soler, secretario autonómico de Educación, directores y directoras del ámbito educativo, coordinadores de la política lingüística y el cuerpo de inspectores en pleno arropaban al conseller. Tras las presentaciones pertinentes y una pequeña introducción de los objetivos de la ley, todo en un escrupuloso castellano, se dio paso a que, sin pudor alguno, los allí presentes expusieran sus puntos de vista y también cuáles eran sus preocupaciones, sus inquietudes y sus quejas. A partir de ese momento no hubo carpeta o cartera que fuese capaz de albergar la multitud de problemas e inconvenientes que se fueron planteando. Problemas organizativos de los centros, inconvenientes con la exención del valenciano, los dilemas de los profesores por si tienen o no obligación de dar clases en otra lengua distinta al castellano, asignaturas troncales que no dan todos los alumnos, la imposibilidad comunicativa que puede darse entre profesor y alumno al no dominar la misma lengua, dificultad de seguir con el banco de libros y un larguísimo etcétera.

Abrumado, no. Pero sí incapaz de dar respuesta al desaguisado que supondría el desembarco del valenciano en los centros de Secundaria de la Vega Baja, Vicent Marzà sorprendió a todos los presentes con una propuesta, casi con un truco de magia sacado de la chistera en el último momento. Ofreció a los directores que, para evitar buena parte de toda la problemática expuesta, siempre se podrían acoger a lo que dice el artículo 8 de la mencionada ley, el cual reza así: «La Conselleria competente en materia de Educación podrá autorizar programas plurilingües experimentales innovadores siempre que cumplan o superen los objetivos establecidos en esta ley». Según nuestro conseller, y agarrándose e interpretando el mencionado artículo, está dispuesto a aceptar la implantación progresiva de la ley en aquellos centros que así lo soliciten.

De cómo el señor Marzà, de la lectura del artículo 8, ha llegado a la conclusión de una implantación progresiva de la ley, para mí sigue siendo un misterio. Pero puestos a descifrar el artículo 8 nadie mejor que Vicent Marzà; él lo redactó, él la firmó, él sabrá lo que quiso decir. Aunque también podría haber dicho «donde dije digo, digo Diego», para mí tendría más sentido.

De su visita a la Vega Baja, el conseller de educación no se va con las manos vacías. Se lleva el compromiso intacto de desarrollar su programa lingüístico al completo, solo que con una pequeña adversidad: la de retrasarlo unos años. También se lleva «el suspiro de tranquilidad y de complicidad» de muchos profesores que para el 2026, cuando esta ley esté en todo su esplendor, muchos ya gozarán, gozaremos, de una merecida jubilación. Por otro lado, diluye el problema, divide a los padres ya que solo se enfrentarán con la problemática lingüística los alumnos de sexto de Primaria, aquellos que llenarán las aulas de primero de la ESO para el próximo curso. Por último, dispersa los densos nubarrones que se cernían sobre el bajo Segura y que pronosticaban un curso escolar 2020/21 poco halagüeño.

Qué distinto sería todo si los políticos responsables del sistema educativo antes de elaborar las leyes consultaran con aquellos que seguimos entrando en las aulas, con los mismos que pateamos los centros educativos un día y otro también. Ahora, por ejemplo, no tendríamos que regirnos por una ley parcheada, contradictoria, en contraposición con otras, de difícil credibilidad y cumplimiento y que sin duda alguna está abocada al fracaso. Y es que, en política educativa de cualquier ámbito, llevamos años «poniendo el carro delante de los bueyes».