Hace unos años, cuando Casandra Vera -la tuitera a la que se le ocurrió mencionar a Carrero Blanco en sus redes sociales- era puesta en el banquillo y condenada a un año de cárcel por ello, muchos pusimos el acento en lo grave de una sentencia que penalizaba la libertad de expresión, que coartaba las opiniones individuales en las redes sociales y que además lanzaba un mensaje a quienes se creyeran libres e iguales. También ocurrió con la Iglesia, llevando a presentadores de televisión a los juzgados por hacer chistes sobre una cruz, a unos titiriteros acusados de terrorismo e incluso a cantantes de rap, alguno fugado. En muchos de esos casos, la Fiscalía no solo no se opuso a los procedimientos, sino que participó activamente en el señalamiento y en el escarnio de personas cuya única culpa era hacer una crítica social o política en el libre ejercicio de su libertad de expresión. Contribuyó, el ministerio fiscal, a trazar una doctrina reaccionaria en contra de muy determinadas personas y sus derechos.
No ocurre lo mismo cuando es una minoría amenazada y violentada la que recurre al amparo de la Fiscalía. Esta semana se han archivado las causas por presuntos delitos de odio que han cometido militantes o cargos públicos de Vox. Comparar la homosexualidad con un delito -es decir, llamar a los homosexuales delincuentes por pederastas- para un concejal de Vox no ha supuesto ninguna reprobación judicial. Es más, la Fiscalía de Valencia ha archivado el caso al considerar que «ya había pedido disculpas». Más grave es que haya sido la fiscalía especializada en delitos de odio la que tome esta determinación. No creo que, en un caso de incitación al odio, las disculpas sean motivo de archivo de la causa. Otro tanto ha pasado con el archivo de los incidentes violentos de militantes de Vox en IFA, sobre los que no se ha pedido ni siquiera la identificación de los agresores bajo la excusa de que «el video no tenía sonido». Toda España escuchó los gritos e insultos de los homófobos en Alicante, en prime time, pero la fiscalía no pudo escuchar el audio, a pesar de que se lo habíamos enviado desde el Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia en un pendrive. Suena a burla indecente.
Uno podría pensar que cuando se trata de los más débiles existe una notable desigualdad basada en una diferencia de criterios y que la situación de desprotección e indefensión que tenemos las personas LGTBI, al contrario de lo que parece, tiene causas claras. Y aquí, una de ellas.
