Asistimos desde las últimas elecciones a una ofensiva por tierra, mar y aire contra la posibilidad de un gobierno de izquierdas que incluya a los "comunistas" de Unidas Podemos.
Desde la patronal hasta los partidos de toda la derecha y, por supuesto, la Iglesia, que demuestra ser muy de este mundo, sin olvidar ciertos poderes mediáticos, se nos amenaza con el apocalipsis si ello sucede.
Las portadas de algunos periódicos son a veces auténticos editoriales y hasta los pies de foto llevan su carga ideológica.
El juego democrático, consistente en la alternancia en el poder, parece que sólo vale si sigue sirviendo a los intereses de los de siempre y no pone en cuestión sus privilegios.
Hemos visto cómo la derecha no ha dudado en recurrir a métodos expeditivos cuando ha considerado que los electores votaron al partido equivocado. Lo hemos visto una y otra vez, por ejemplo, en nuestra América.
Pero estamos en la Europa democrática, y no son de recibo tales métodos, sino que hay otros medios de persuasión más presentables: basta mencionar los mercados, el peligro de fuga de capitales o las imposiciones de Bruselas.
Desde el PP de Pablo Casado se dicen dispuestos a no obstaculizar la formación de un gobierno del PSOE siempre que no dependa de los independentistas catalanes y a condición de que Pedro Sánchez se comprometa también a no subir impuestos.
Pero uno se pregunta cómo, sin una reforma fiscal en profundidad, que grave proporcionalmente a los que más tienen y acerque de una vez nuestra presión fiscal a la media europea, van a poder seguir financiándose las prestaciones del Estado de bienestar que todos dicen defender.
Cómo va a financiarse una mejor educación a todos los niveles, cómo se van a mejorar las prestaciones sanitarias y demás servicios públicos en lugar de seguir permitiendo su progresivo deterioro en beneficio exclusivo del sector privado y de los dividendos de las empresas.
Nos advierte el Banco de España de que, sin subir la edad de jubilación, no podrán pagarse las pensiones. Con un despido cada vez más barato, diga lo que diga la ministra Nadia Calviño, una precariedad laboral en aumento y unos sueldos de miseria en muchos sectores, será ciertamente muy difícil sostenerlas a medio plazo.
¿Por qué no se obliga, entre otras cosas, a los bancos a devolverle al Estado el dinero de todos que sirvió para un rescate multimillonario del que en su momento se nos dijo que no costaría un solo euro a los ciudadanos? ¿Habremos de resignarnos a darlo definitivamente por perdido?
Se trata, sin embargo, ahora de impedir que se forme un Gobierno que suba los impuestos a las grandes fortunas, que luche contra la elusión y la evasión fiscal de las empresas y que recurra al diálogo en el marco de una Constitución que no sea irreformable como única forma de resolver democráticamente el cada vez más enconado conflicto catalán.
Se presiona a favor de una gran coalición a la alemana entre los partidos del viejo bipartidismo. Se propone algo que dividiría con seguridad aún más a la izquierda, reforzaría a los extremos y aumentaría la desconfianza en las urnas y en la palabra, ya de por sí devaluada, de los políticos.
