Cuando se intuía en el mes de abril que el fenómeno de Vox iba a instalarse en el tablero de la Comunidad Valenciana y de España tras el éxito en Andalucía, recibí una visita de un grupo de dirigentes de la formación de Santiago Abascal. Les preocupaba, y no poco, la imagen que estábamos dibujando sobre el argumentario ideológico de Vox. Me pidieron, como única solicitud de aquella conversación en vísperas de una campaña clave para ellos, que les dejáramos de identificar como una formación ultra y de extrema derecha, una definición en la que por otra parte la mayoría de los periodistas coincidimos. Les dije con claridad que mientras cuestionaran derechos fundamentales de las personas en materia afectiva, de orientación sexual o de pluralidad política y lingüística; agitaran la bandera de la xenofobia con posiciones contra los inmigrantes; pusieran en duda el sistema de servicios públicos; evitaran condenar la dictadura de Franco; o atacaran las leyes contra la violencia de género que protegen a las mujeres, mi posición iba a ser inflexible. No les iba a blanquear. Cumpliría con mis lectores, los únicos a los que me debo. Es sencillo. Abrir la ventana, ver lo que ocurre y contar la realidad. Ahora sumo otros dos motivos. Uno. Por vez primera en los últimos quince años, las Cortes Valencianas no tendrán una declaración institucional contra la violencia que mata a mujeres a consecuencia del bloqueo de Vox. Y dos. El episodio de una dirigente ultra de Petrer, candidata en las elecciones de mayo y ahora en las de noviembre, amenazando a un profesor de historia en un instituto. Un clásico del fascismo: eliminar a intelectuales que no son de su cuerda, controlar la educación e imponer sus ideas. Son ultras. Extrema derecha. Quieran o no. Aquí y en toda Europa. Y si no... ¿Por qué Vox recibió la noche electoral del 10-N la felicitación de Marine Le Pen?
