Algunas épocas ven morir a sus dioses y nacer a otros nuevos. En ocasiones, se trata de divinidades menores; en otras, de poderosas deidades. Nuestro dios menor responde a una fecha precisa: 1978, y a un nombre propio: Constitución Española. Su entierro quedó sellado en la pasada moción de censura contra Mariano Rajoy, donde se vio cómo caían todos y cada uno de los límites que se creían infranqueables en una democracia. El pacto del PSOE con Bildu, por ejemplo, aunque fuera meramente táctico o posicional. O el acuerdo entre los socialistas y los partidos independentistas catalanes, que habían participado en las infaustas jornadas parlamentarias de septiembre y octubre de 2017. En el mundo de la representación política, la moción pasó por ser una respuesta moralizante a una situación de auténtica «emergencia democrática», provocada por la corrupción de los populares. Ese fue el relato de fondo que ha sufrido desde entonces un incesante zarandeo, pero sin que deje de resonar como un suave bajo continuo. Sujeto al rigor de la demoscopia, el maquiavelismo contemporáneo abandera un cinismo que no se reconoce como tal. Diríamos que es el poder de los espacios vacíos y de su falta de significado. La democracia, entienden, puede ser una cosa u otra: la norma de las leyes o la de los hombres, el parlamentarismo representativo o el populismo insistente, el espíritu constructivo de la moderación o el fanatismo de las ideologías, lo real o lo simbólico. La política curiosamente se mueve más rápido que la realidad.
Hay hechos, sin embargo, que me temo no admiten discusión. Uno de ellos es el colapso del 78, incapaz ya de reflotarse a sí mismo. El PSOE tenía que decidir si optaba por una estrategia de choque que abrazara la gran coalición de los partidos centrales del sistema (PP, PSOE) o si prefería acelerar su muerte virando hacia la izquierda iliberal. Y se ha inclinado en este último sentido, ya sea por convicción o por debilidad. Queda por ver cuánto aguantará -si aguanta- y hasta dónde va a llegar sin romperse interiormente. La fragilidad a partir de ahora -si Sánchez logra finalmente la investidura- será máxima, con el gobierno preso de sus contradicciones, la revuelta catalana creciendo y el invierno económico a la vuelta de la esquina. Pero el daño ya está hecho y la desconfianza sigue lastrando el funcionamiento de las instituciones españolas. Un gran acuerdo nacional es más difícil mañana que hoy. Y hoy que ayer.
Porque si el 78 sucumbe, no hay salida posible sin el PP; al igual que sucedería con las tornas cambiadas. Del mismo modo que, guste o no, tampoco hay salida posible al conflicto territorial sin una cuidadosa reconstrucción de los afectos mutuos, lo cual exige dialogar con los nacionalistas. En su columna de hace unos días en El País, Juan Claudio de Ramón reivindicaba el concepto de las naciones como herencia -y no sólo como proyecto-, planteando la cuestión crucial de qué debemos conservar. Se trata de una pregunta importante, cuando la aceleración de los acontecimientos parece querer desbordar todos los diques en la espera de un nuevo país. Sin un liderazgo moral claro, con una España cada vez más dividida, conviene recordar que los riesgos se magnifican. Y, por supuesto, el tema no es sustituir la Constitución por una terra incognita sin orden ni concierto, sino proceder a reparar lo defectuoso y a consolidar lo firme. Todo lo contrario, a seguir cavando trincheras.
