El acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos ha venido a ratificar un pacto que desde hace tiempo se entendía como inevitable y necesario para la formación del Gobierno de la nación. Ante el hundimiento de Ciudadanos y con una remontada insuficiente del Partido Popular, el centro derecha español estaba excluido de cualquier posibilidad de presentar un candidato al Rey en la ronda de consultas. Un acuerdo de Gobierno con vocación progresista y de clara raigambre socialdemócrata se presenta como la única posibilidad de estabilidad para España. Todo ello a expensas de que obtenga los apoyos necesarios del arco parlamentario más diverso y fragmentado que ha habido desde la reinstauración de la democracia en 1977.

Las dos principales consecuencias de las elecciones generales han sido, por un lado, el descalabro de Ciudadanos y, por otro, la consolidación o aparición de partidos políticos de carácter regionalista. La gran paradoja de Albert Rivera es que pudiendo haber sido vicepresidente y contar con varios ministerios en un Gobierno de coalición con Pedro Sánchez tras las elecciones del pasado mes de abril, ha pasado a cosechar el segundo mayor fracaso de la historia de la democracia en España (sólo después de UCD) y a tener que abandonar la política. Todo ello en apenas siete meses. Del cielo al infierno en dos pasos. Hizo bien en dimitir Rivera ya que como bien sabe él mismo la debacle de Ciudadanos se ha debido a sus cambios de rumbo y a su errónea idea de evitar pactar con el PSOE lo cual hubiera sido mirar por el bien de España. No sería muy equivocado pensar que en su fuero interno sabe Rivera que el partido de ultraderecha franquista VOX ha surgido gracias a su debacle que se ha producido por sus incongruencias y cabezonerías. A pesar de las numerosas deserciones de importantes integrantes de la cúpula dirigente y fundacional de Ciudadanos, Albert Rivera se empeñó en conseguir una quimera imposible. Ha preferido que su partido prácticamente desaparezca antes que dar su brazo a torcer, es decir, el mismo error que cometió Rosa Díez con UPyD.

El segundo elemento al que me refería es a la fragmentación del Congreso de los Diputados. Los partidos nacionalistas y regionalistas existentes son más numerosos que nunca. Esto se ha debido a la división en dos o más partes de antiguos partidos nacionalistas de una cierta capacidad de maniobra e implantación en Madrid, como fue el caso de la antigua CIU y también por la aparición de fuerzas políticas de ámbito muy local, pero con reivindicaciones muy arraigadas en sectores de población delimitados como son Teruel Existe o el BNG. A estas dos circunstancias hay que sumar los tradicionales partidos nacionalistas como PNV o Bildu que obtienen en todas las elecciones generales el mismo número de escaños. Esta situación se produce, en cualquier caso, porque la Constitución Española así lo ha querido. Con la implantación de la Ley D'Hont en nuestro sistema electoral con la llegada de la democracia a España se quiso solucionar dos problemas que España venía arrastrando desde siglos atrás. En primer lugar, la despoblación de amplias zonas de España y su atraso estructural que había impedido su desarrollo económico y social. En segundo lugar, terminar de manera definitiva gracias al consenso y al diálogo con las tensiones territoriales que sólo habían causado enfrentamientos entre españoles y una disculpa para que la oligarquía empresarial, el ejército y la jerarquía católica se hicieran con el poder con la fuerza eliminando cualquier intento democratizador de España.

La Constitución estableció un sistema de conciliación territorial muy claro. Se aceptaban el carácter nacional de varias comunidades autónomas a cambio de que se integraran en un Estado en el que pudiesen participar en la vida política con un protagonismo electoral mayor del que a priori tendría un sistema de votación proporcional en el número de votos. A cambio, estos partidos nacionalistas y sus entonces dirigentes, aceptaron el pacto constitucional y su espíritu. Pretender ahora cambiar ese consenso de manera unilateral va contra el sentido común y la buena fe en las relaciones institucionales. Digámoslo de manera clara: no va a haber independencia de Cataluña del resto de España.

Al pacto de Sánchez con Iglesias le queda ahora un camino plagado de obstáculos. Ninguno de los partidos políticos potencialmente proclives a facilitar la investidura de Sánchez quiere con su negativa facilitar el acceso al poder del ultra derechista Vox en el caso de producirse unas nuevas elecciones, pero al mismo tiempo tampoco quiere ser visto como demasiado blandos al permitir sin pedir nada a cambio un Gobierno de coalición de las dos izquierdas.

Lo que ha quedado claro tras las elecciones es que para Unidas Podemos esta es la última posibilidad de formar Gobierno y por tanto de gobernar por primera vez en la historia de la democracia española. En las dos últimas elecciones generales el número de votos de Unidas Podemos ha decrecido de manera alarmante. De la colaboración y honestidad de Pablo Iglesias respecto del PSOE depende el futuro de este Gobierno.