Esta campaña, como las anteriores, ha traído pocas cosas nuevas. La más significativa sin duda ha sido la presencia de la ultra derecha en los debates televisados, que han aprovechado para introducir sus ideas tóxicas sobre la democracia y el bienestar. Este domingo sabremos el resultado y si su campaña triunfa o no. Parece, a juzgar por las encuestas, que un buen número de españoles y españolas, probablemente resentidos con el progreso, van a darles su apoyo, y que mejorarán su resultado electoral. Casi medio siglo después de la muerte del dictador, muchos nostálgicos del régimen franquista ven en esas viejas ideas, y aquellos que las representan, una suerte de solución a sus problemas.

La extrema derecha, cuyos socios del Partido Popular y de Ciudadanos denomina partido «constitucionalista», promueve en los debates una derogación casi total de la Constitución del 78: desde la progresividad fiscal hasta el Estado Autonómico, y en especial de los derechos fundamentales como la representación política, la libertad ideológica o el derecho a la libre asociación. Sobre esto último sabemos en Alicante cuál es su plan: señalar el asociacionismo, calificarlo de «chiringuito» y probar su ilegalización. Lo mismo proponen de algunos partidos, como el PNV, al que amenazan con hacer desaparecer. Que nadie se crea que en esa lista no está presente, porque el modelo autoritario de sociedad que exaltan es inequívoco: van a por todos y todas.

Lamenté que, en esos debates, sobre todo el de candidatos, ningún partido hubiera reprobado y rechazado esas manifestaciones contrarias a las libertades. Envueltos en la bandera de una España, la suya, irreconocible, centralista, contraria a los valores constitucionales de pluralidad democrática y cultural, tanto Partido Popular como Ciudadanos -cuyo poder autonómico depende de los apoyos de la ultraderecha- callaron para no molestar a la bestia. Lamenté que se atacara a los menores no acompañados, a quienes denominan «menas» para criminalizarlos, sin que los responsables de su seguridad y bienestar, que son ellos y no otros, callaran ante semejante barbaridad. No hay mayor cobardía y miseria.

Espero y confío en que la ciudadanía responsable rechace estas intolerables e inaceptables ideas -inasumibles en Europa- en las urnas. Nos jugamos el bienestar de las mujeres, pero también de mis más vulnerables como pensionistas, migrantes o personas LGTBI. Nos jugamos el futuro, pero sobre todo nos jugamos el Estado de Derecho porque su propuesta supone una revisión total de las bases de nuestra convivencia, esa que juraron defender.