La correlación entre la desigualdad de género y la propensión de una sociedad determinada al conflicto civil o interestatal ha quedado bien establecida», en el estudio que ha realizado el Banco Mundial y Naciones Unidas en 2018 (Caminos para la paz. Aproximación para la prevención de los conflictos violentos). El secretario general de Naciones Unidas presentó el mes pasado al Consejo de Seguridad de la ONU un informe (S/2019/800) que busca garantizar la aplicación integral de la agenda sobre Las mujeres y la paz y la seguridad, que «deben ser prioridades para todos los que están comprometidos con la prevención de conflictos, la paz sostenible, el desarrollo sostenible y los derechos humanos». El año que viene se celebra el 25 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing; y los 20 años en que el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1.325 (2000) que atribuye un papel prominente a la participación de las mujeres en las actividades de prevención y solución de conflictos. Aunque se han registrado avances en los compromisos de la ONU, de todos los Estados, y de las organizaciones regionales para promover los derechos de las mujeres la igualdad de género y la participación plena de las mismas; son todavía numerosos los aspectos que se incumplen, por lo que reclama «compromisos concretos y acciones fructíferas, en lugar de una retórica vacía».

La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) encargó el año pasado una evaluación independiente sobre la aplicación de las recomendaciones de género y constata lo siguiente: las mujeres siguen representando apenas el 4% del personal militar en las misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas; datos de 2019 muestran niveles récord de violencia política contra las mujeres; en más de 50 partes en conflicto se han cometido o instigado violaciones sistemáticas y otras formas de violencia sexual contra las mujeres; al menos una de cada cinco mujeres refugiadas y desplazadas sufre violencia sexual; las niñas refugiadas de nivel secundario tienen la mitad de probabilidades de matricularse en la escuela que los niños pese a que constituyen la mitad de la población refugiada en edad escolar; según indicaciones hechas por el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, el aumento del discurso misógino, sexista y homófobo de los dirigentes políticos en los últimos años ha contribuido a un aumento de la violencia contra las mujeres, contra las personas del colectivo LGTBI y contra las defensoras de los derechos humanos; «casi el 40% de las economías limitan los derechos de propiedad de las mujeres, y casi el 30% restringe su libertad de circulación. La falta de derechos económicos aumenta la vulnerabilidad de las mujeres». En 2018 aunque ha aumentado, ligeramente, el porcentaje de escaños parlamentarios ocupados por mujeres está sólo en el 24,3% mientras que los países en situación de conflicto no llegan al 20; «solo el 41% de los Estados miembros ha aprobado planes de acción nacionales sobre las mujeres y la paz y la seguridad y apenas el 22% de todos los planes incluyen un presupuesto cuando fueron aprobados». Estos son datos, aunque algunos lo califiquen de «ideología de género».

El Consejo reconoce también sus responsabilidades ya que apenas el 20% de sus propias resoluciones contenían referencias a la importancia y a la necesidad de garantizar los derechos y libertades fundamentales de la sociedad civil y de los grupos de mujeres y las defensoras de los derechos humanos. Además, apenas un tercio de las resoluciones, exponían claramente las repercusiones diferentes que tenían las crisis en las mujeres y las niñas, así como los factores subyacentes que afectaban a la vulnerabilidad. Pide el secretario general al Consejo que incluya en todas las declaraciones las cuestiones relativas a la mujer, tanto si son reuniones temáticas, como sobre países concretos y que en las misiones de la ONU se incluyan una participación significativa de las mujeres, particularmente en la supervisión y aplicación de los altos el fuego y los mecanismos de seguimiento de los acuerdos de paz. Pide a los Estados miembros a que aprueben un Plan Nacional en que «establezcan medidas de protección jurídica, social, física específica para y con las mujeres de la sociedad que sufren amenazas, acoso, violencia y expresiones de odio por parte de agentes estatales y no estatales». Justo el plan que algunos quieren minimizar, aún más, en España.