Terminado el debate de los principales candidatos a la presidencia del Gobierno de España para los comicios del 10-N quedaron sobre la mesa dos conclusiones. La primera es que el escenario de bloqueo se hace cada vez más patente. La derecha tiene casi imposible sumar con tres marcas registradas en todas las circunscripciones. Es una cuestión técnica por la ley electoral. Y en el bando de la izquierda, la distancia entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se va haciendo cada vez más grande y con puentes que se dinamitan a cada paso. La segunda cuestión es que, de forma definitiva, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha instalado en la agenda política el debate sobre la recentralización del Estado. Con un tono más moderado en las formas durante su estreno en estos «cara a cara» televisados como un intento, quizá, de parecerse a la exitosa ultraderecha europea, Abascal, de forma directa y para regocijo de su tropa, propuso, como gran antídoto a la crisis territorial, recortes en el autogobierno de las autonomías.
Ese mensaje machacón de Abascal durante todo el debate contó con una condescendencia casi total tanto del «jefe» del PP, Pablo Casado, como del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para no facilitarle más espacio aún a los ultraderechistas. Pero además, de forma incomprensible, también se benefició del silencio del presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, que no movió ni un dedo para defender el modelo territorial surgido del gran pacto de la Transición de hace cuatro décadas. Ni una palabra condicionado, en gran medida, por un discurso sobre la crisis catalana más parecido al del PP que a la izquierda. Firme defensor del sistema autonómico y partidario de abrir el melón de una reforma federal, al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, le faltó tiempo ayer por la mañana, horas después de un debate en el que el «problema valenciano» pasó sin pena ni gloria, para salir a reivindicar el modelo actual frente a las «mentiras radicales» de Abascal y avisó: «Ningún paso atrás hacia una recentralización». El jefe del Consell aseguró que la posición de los ultras va «contra los intereses valencianos» y se mostró a favor de «profundizar» en el autogobierno. Dentro del PSPV se extendió la sensación de que deben forzar la máquina para intentar que Ferraz asuma un discurso claro sobre un sistema territorial que es necesario reformar pero hasta aquí ha sido garantía para la convivencia.
Ocurre que, sin nadie que plante cara a Vox en ese relato que propone directamente saltarse la Constitución y los Estatutos de Autonomía para acabar con el acuerdo de 1977, los ultras, crecidos por las encuestas, se ven con barra libre para dar un paso más allá hasta el punto de expedir carnés de demócratas cuando, en realidad, son ellos los que ni siquiera conocen el significado de esa palabra. Durante el último fin de semana, Javier Ortega Smith, número dos de Vox, se despachó en televisión, sin ningún tipo de rubor, advirtiendo al Partido Nacionalista Vasco de que está en el punto de mira para exigir su ilegalización. Un argumento en el que insistió durante su mitin del pasado lunes en Alicante. No quedó ahí la cosa. Ni quedará. Ayer mismo, en un escenario como las Cortes que es la sede de la representación del pueblo valenciano, la síndica parlamentaria de Vox, la alicantina Ana Vega, también amenazó a Compromís con la ilegalización. Eso, por mucho que lo vistan los ultras, ya no es abogar por una recentralización. Es eliminar al que disiente. Y tiene un nombre. Fascismo.
