Si la gobernabilidad en España busca mantener cierta estabilidad, los partidos considerados constitucionalistas lo deberían tener claro: en el caso de que ningún partido obtenga una mayoría absoluta deben dejar formar gobierno al partido más votado, tanto en unas elecciones generales como autonómicas, tal y como ya viene ocurriendo en las municipales.
Las encuestas que se vienen publicando últimamente auguran que el próximo diez de noviembre los ciudadanos no moverán en exceso sus intenciones de voto respecto a las anteriores elecciones si nos atenemos a la tradicional clasificación del espacio electoral entre derecha e izquierda, (lo que pueda perder Ciudadanos lo recogerá el Partido Popular y Vox), así que unos y otros dependerán de los partidos nacionalistas e independentistas para formar el ejecutivo, con el riesgo de que, en ese supuesto, un bloqueo inicial a la formación de un gobierno o la inestabilidad a medio plazo, caso de poder formarlo, estaría asegurada. De alguna manera se vuelve a un bipartidismo imperfecto donde la llave del desbloqueo gubernamental la tienen los que mayormente desean la segregación de España.
Esta dependencia del separatismo minoritario que tiene ahora mismo la gobernabilidad y que impide avanzar al país hacia el progreso tanto social como económico, es una de las graves consecuencias de un sistema electoral pensado para obtener mayorías estables pero que no tuvo en cuenta la tremenda insolidaridad deslealtad que ahora demuestran los partidarios del secesionismo, tanto catalanes como vascos, estos últimos más contenidos en su afán independentista por su excepcionalidad foral y recaudatoria, y que les impide denunciar, tal y como hacen los separatista catalanes, a una España que les roba.
Ya va siendo el momento de transformar, entre otras cosas, la ley electoral española, donde algunos de sus elementos configuradores como son las circunscripciones dejen de ser provinciales y pasen a ser regionales o autonómicas a la hora de elegir a los representantes al Congreso y al Senado. Esto evitaría la menor proporcionalidad existente en aquellos distritos más pequeños o medianos, mayoritarios en el territorio español, agravado, además, al tener que atribuirse de inicio dos escaños a cada provincia. Estos dos escaños iniciales favorecen a las provincias más despobladas, cuestionando el valor igualitario del voto.
De producirse un cambio en el modelo de circunscripción pasando de provincial a regional o autonómica y eliminando la posibilidad de que ningún distrito cuente de inicio con ningún mínimo de escaños aumentaría la proporcionalidad y los resultados electorales reflejarían de una manera más adecuada las preferencias ciudadanas, evitando de paso el voto estratégico que suelen usar los partidos independentistas en las elecciones generales. Algo que podría admitirse si lo que se pretende es sacar ventaja económica de los Presupuestos del Estado, tal y como hace el PNV, pero muy peligroso si se usa como chantaje y amenaza para poder ejercer un derecho de autodeterminación inexistente, provocando división y conflicto tanto entre catalanes como entre estos y el resto de los españoles.
Otra reforma que cabría analizar sería la de aumentar los escaños hasta los 400 que permite la ley y permitir a los partidos presentar listas cerradas y no bloqueadas, algo que daría más libertad al votante a la hora de elegir a su representante. Una gran parte de la desafección en la política por una gran mayoría de ciudadanos tiene su causa en el bajo nivel de preparación que tiene su clase política, y que obedece a la imposición de las listas de candidatos a las elecciones de forma oligárquica, bloqueada y en orden a preferencias no muy democráticas.
En definitiva, esperamos de los partidos que mejor representan en estos momentos al votante mediano, es decir, PSOE y PP, acuerdos y consensos para evitar que el sistema electoral se convierta en un instrumento que perturbe nuestra democracia hasta el punto de hacerla ingobernable y generadora de continuos agravios, permitiendo un pacto para la próxima legislatura que lleve a su reforma urgente. Bien entendido que, para ello, primero habrán de consensuar una vez finalicen las próximas elecciones del 10-N que apoyarán, absteniéndose en la votación para la investidura, que gobierne el partido más votado.
