Echemos un vistazo al presente sin menospreciar el inmediato futuro. Tenemos a los separatistas catalanes del tsunami, con Ada Colau, Otegui, Errejón y el podemismo, impugnando la Constitución. Por otro, a Vox que propugna como medida el enfrentamiento de las dos Españas. Jamás hubo un coro más unánime del clamor populista. Todo ello sería extremadamente problemático si no existiera una capacidad real de contrarrestarlo. ¿Y cuál es?
La suma de las fuerzas políticas que representan a la mayoría que no está de acuerdo. Es decir, los dos partidos que tienen posibilidades de ganar las elecciones en noviembre, el PSOE y el PP, más Ciudadanos al que los sondeos relegan. Son las tres fuerzas que, con sus diferencias, proclaman un país reconocible dentro del imperio de la ley. A partir del día 10, fuera cual fuese, el resultado de las elecciones, deberían entre los tres plantearse un pacto de Estado para, al menos, garantizar la libertad y la convivencia. ¿Es posible? Los propios electores tendrían que demandarlo más allá del tacticismo y de la estrategia sectaria de cada uno. El propio país lo exige como premisa para poder afrontar unido la realidad social y económica que se avecina.
En primer lugar, es imprescindible liquidar la amenaza de las minorías anticonstitucionales desde una mayoría real. Segundo, desmontar la estúpida exigencia de la autodeterminación que apoyan los independentistas y sus compañeros de viaje. No es algo que se pueda siquiera discutir desde la propia ley ni desde el raciocinio: el derecho a elegir sobre la partición de España es una pamema que parte únicamente de la mitad de los catalanes que se pronuncian en las urnas. Supongamos que un número similar de ciudadanos lo exigiese para restablecer la pena de muerte o circular por la izquierda, por poner dos ejemplos de una escala distinta. No hay derecho a que una minoría imponga una elección absurda sobre un asunto que afecta a la mayoría. Es algo que convendría dejar claro.
