El sistema de pensiones en España sigue esperando una reforma que mejore sus expectativas de futuro, mientras que los partidos políticos presentes en el Pacto de Toledo, aún no han sido capaces de aportar alguna solución que permita hacer frente, fuera de las disputas partidistas, al problema quizás más importante al que se tendrá que enfrentar la sociedad española. La mayoría de países europeos ya han dado pasos en esa dirección, implementando soluciones que se puedan ir adaptando a los cambios sociales, económicos y sobre todo demográficos, que se están produciendo por el envejecimiento de la población, debido a un aumento muy importante de la esperanza de vida. Más allá de esa búsqueda de soluciones de futuro, el caso de España reviste especial gravedad, por los elevados déficits que presenta en la actualidad, que son fruto de los muchos e importantes desequilibrios que presenta nuestro sistema y que es obligado corregir, si queremos garantizar su sostenibilidad para las generaciones futuras.

La fórmula utilizada actualmente para el cálculo de la pensión, que es la base reguladora, es un despropósito en sí misma por dos motivos. Primero y fundamental, porque no establece ninguna proporcionalidad entre las cotizaciones realizadas por el trabajador y la pensión que recibe, quebrando así los principios de equidad y de equivalencia financiera, que son básicos en un sistema de reparto. El segundo motivo es el periodo de cotización utilizado para él cálculo, que en este momento es de 22 años, y está previsto que aumente doce meses por año, para llegar a los 25 años en el 2022. Esto crea grandes desigualdades entre los propios pensionistas, beneficiando a unos y perjudicando a otros, en función de cómo se hayan distribuido sus cotizaciones a lo largo de su vida laboral. No puede entenderse que en un sistema contributivo, no se utilice todo el periodo de cotización del trabajador para el cálculo de la pensión, porque es lo más objetivo, lo más justo y lo único que garantiza la misma proporcionalidad entre lo que se aporta y lo que se recibe, es decir que permite tratar a todos por igual, pues a igual cotización igual pensión. Así pues, por todo lo expuesto, el periodo de cálculo de la pensión debe extenderse a toda la vida laboral. A mi modo de ver la reforma debería plantearse de manera integral, con el doble objetivo de garantizar la sostenibilidad y total transparencia, manteniendo un sistema de reparto que sea real y garantizando la solidaridad intergeneracional. Para ello es necesario introducir un cambio radical en la fórmula de cálculo, sustituyendo la actual base reguladora, por una referencia única que ponga en relación directa las cotizaciones y las pensiones de todos y cada uno de los trabajadores.

Esta referencia en nuestro sistema es la relación entre la cotización máxima y la pensión máxima, que cumple con el principio de proporcionalidad exigible, pues puede aplicarse a todas las pensiones, que debe ser completada fijando la edad de jubilación, y fijando también el número de años cotizados para tener derecho al 100% de la pensión como se hace en la actualidad. El producto de la cotización máxima por el número de años cotizados para el 100 % de la pensión nos daría el "fondo máximo computable" que da derecho a la pensión máxima. Se puede expresar así: Para llevarlo a la práctica, anualmente se registrarán las cotizaciones efectuadas por cada trabajador, que quedarán reflejadas en su historia laboral por su importe anual y como porcentaje de la cotización máxima de ese año. Esto se hace año a año durante toda la vida laboral y una vez que se alcanza la edad de jubilación se calcula la cotización media, que es el promedio aritmético de los porcentajes anuales de la cotización máxima. El producto de esa cotización media, por el número de años cotizados, constituye el "fondo acumulado" por el trabajador para su pensión.

Se puede expresar así: Para calcular la pensión que le corresponde, partimos de la base de que se cumpla la proporcionalidad entre el "fondo máximo computable" y la pensión máxima para todas las pensiones, que sería igual por tanto, a la proporcionalidad existente entre el "fondo acumulado" por el trabajador y la pensión resultante. La resolución de esa igualdad, una regla de tres simple, nos daría sin más la pensión resultante. Se puede expresar así: Todas las cifras, tanto las de la pensión como las cotizaciones se revalorizarán año a año para mantener su poder adquisitivo. La gran ventaja de esta reforma radica en su sencillez, en la claridad que aporta a los trabajadores, que podrán conocer en cada momento la cotización media acumulada y cual podría ser su pensión y por tanto planificar su futuro. Para el sistema de pensiones en su conjunto, aporta seguridad y transparencia, ya que nos permite tener perfectamente controlada la evolución de los ingresos y gastos del sistema, al existir una proporcionalidad exacta entre las pensiones y las cotizaciones y predecir sus necesidades futuras con exactitud, cosa que con la fórmula actual es imposible.

En razón del déficit que presenta actualmente el sistema de pensiones, que representa una amenaza real e importante para su sostenibilidad, tanto la edad de jubilación, como el número de años cotizados necesario para el 100 % de la pensión, así como la cuantía de las futuras revalorizaciones de las pensiones, deberán modificarse, ajustándolas a las exigencias que la reducción del déficit y la solidaridad intergeneracional así lo requieran. La edad de jubilación debería guardar una relación más estrecha con la evolución de la esperanza de vida, porque es lo que define el número de años que se va a cobrar la pensión. En los últimos 15 años, el número de pensionistas ha aumentado un 23,45 %, a una media de un 1,4 % acumulativo anual, mientras que la población solo lo ha hecho en un 10 %. Eso significa que con la reforma actual que ya tiene seis años, no somos capaces de estabilizar el número de pensionistas, en relación a su población, lo que nos dice que la edad a la que nos estamos jubilando, continúa siendo baja y debería aumentarse para conseguir ese objetivo de estabilidad. La cifra que mejor define lo que estamos diciendo es el número de cotizantes que hay por cada pensionista. Dicho número fue de 2,12 en el año 2005; 2,16 en el 2006 y 2,18 en el año 2007, mientras que. con el mismo número de cotizantes, en el año 2017 fue de 1,83 y en 2018 de 1,86, es decir un 17 % inferior, debido precisamente al aumento del número de pensionistas. La única forma de corregir ese desfase es aumentar la edad de jubilación. Actualmente cada año de aumento, permite reducir el déficit entre un 12,5 y un 14,5 %. Por ello creo que sería muy positivo para la sostenibilidad de las pensiones, comenzar el año 2021 con la edad de jubilación en los 67 años y si es necesario seguir ajustando para conseguir la estabilidad.

Cualquier escenario que no contemple este mínimo sería muy negativo y exigiría medidas más drásticas en el futuro. El número de años cotizados para el 100 % de la pensión, debería ser por principio, el que equilibre los ingresos por cotizaciones con los gastos de la pensión, teniendo presente en todo momento el número de cotizantes que hay por cada pensionista. En este punto es importante tener en cuenta, que el déficit que ocasionan las pensiones no es el mismo para todas ellas. Así con las cifras de 2019 la pensión máxima genera un déficit respecto a la cotización máxima del 55 %, que debe ser el mismo para todas las pensiones, ya que eso es la base del sistema, por lo que los casos particulares que superen ese límite deben tratarse como complementos a mínimos Finalmente las revalorizaciones de las pensiones, deben seguir la pauta que marquen las subidas de las cotizaciones, teniendo en cuenta que mientras exista el déficit, si se quiere garantizar la solidaridad intergeneracional, deberán mantenerse dentro de la cobertura que marquen las subidas de las cotizaciones. Con todo lo expuesto, entiendo que esta reforma reporta al sistema de pensiones transparencia, seguridad, flexibilidad y equidad. Significa una puesta a punto totalmente necesaria para responder al reto de su sostenibilidad que con la situación actual es imposible. Una reforma que no requiere nada que no tengamos para ponerla en marcha y que resulta inaplazable para contar con un sistema que garantice la equidad y la equivalencia financiera, para frenar el déficit y hacer que la solidaridad intergeneracional esté asegurada.