Más de 2,2 millones de personas viven en alguno de los 48 municipios con riesgo alto de sufrir una inundación en la Comunidad Valenciana, autonomía en la que hay 299 términos municipales amenazados por las inundaciones, de los que 48 tienen riesgo alto, 88 medio y 163 bajo. En la provincia de Alicante hay 17 municipios con alto riesgo. La zona del Bajo Segura es una de las que más peligro presenta, con diez localidades con este nivel, entre ellas Almoradí, Benejúzar, Callosa de Segura, Orihuela o Catral. También se consideran de alto riesgo las ciudades de Alicante, Elche, Elda, Dénia y L'Alfàs del Pi, entre otras. La provincia de Alicante ha pasado de contar con 42.645 hectáreas con riesgo de inundación a principios de siglo, a las 104.461 cuando enfilamos ya la recta final de la segunda década.
Los datos que hoy recordamos, cuando acabamos de pasar una nueva gota fría, afortunadamente nada que ver con la que arrasó la Vega Baja a mediados de septiembre, son eso, datos, pero la mayoría se conocen desde hace veinte años. Y lo más grave es que veinte años después seguimos igual o peor, sin que nadie se haya movido con diligencia para resolver el que es, junto a la sequía, el mayor problema ambiental que soporta Alicante, la amenaza periódica de una DANA que, según avanzan los expertos, va a traer cada vez lluvias de mayor intensidad y efectos destructivos.
Y no porque del cielo caigan miles de litros de agua en un corto espacio de tiempo, sino también porque la Administración mira, año tras año, hacia otro lado una vez que van pasando los días tras el desastre, y sigue sin tomar las medidas necesarias y efectivas que, desde hace veinte años, han ido planteando geógrafos e ingenieros, aunque quizá la obra dura no sea la más adecuada para minimizar los riesgos.
El desmadre urbanístico que sufrió Alicante durante el «boom» de la construcción, entre los años 2000 y 2007, ha terminado pasando factura con un aumento del riesgo de inundaciones en una provincia donde la superficie susceptible de quedar anegada en caso de lluvias torrenciales ha crecido un 145% en 15 años.
Durante los años del desarrollo del ladrillo se transformó mucho suelo para uso urbano-residencial, y en ocasiones se ocuparon espacios de riesgo en barrancos que terminan vertiendo sus aguas al mar, y en los que la gota fría canaliza las tormentas. El tema es preocupante en los municipios costeros, donde se concentró la «burbuja» inmobiliaria y urge la respuesta coordinada, pero ya, no después de que dentro e 10 años, o menos, volvamos a tener un desastre como el de la Vega Baja del pasado septiembre.
El caso es que todo el mundo conoce dónde se encuentran las zonas con mayor riesgo. El tramo bajo del río Girona, en el sector de las Marinas de Dénia; el Arenal de Xàbia; el saladar de Calp, el litoral norte de El Campello y Orihuela. En Alicante también quedan, pese al exitoso plan antirriadas de 1997 «puntos negros» por solucionar, como las inundaciones en la avenida de Elche, o el final del barranco de San Blas junto a la estación del AVE. Al problema de la falta de colectores de pluviales se une, a veces, la poca dimensión de los de aguas residuales, como ocurre, por ejemplo, en buena parte de Torrevieja o en la avenida de Míriam Blasco de Alicante.
Los PGOU se han limitado hasta ahora a presentar mapas de inundaciones, cuando los riesgos son muchos más. Faltan mapas de riesgo sísmico, deslizamientos, temporales costeros... Debe exigirse a los municipios un cumplimiento estricto de lo que dice la Ley a la hora de elaborar nuevos Planes de Ordenación Urbana. Falta, sobre todo, educación y prevención.
Tras la DANA que azotó la provincia asolando la Vega Baja a mediados de septiembre, gota fría virulenta, brutal, letal, pero no la más grave la historia, todo cargo público que se precie se ha conjurado para que la próxima gota fría no vuelva a provocar devastación y caos. Los reyes Don Felipe y Doña Leticia, presidentes como Ximo Puig, Pedro Sánchez -este visto y no visto-, Carlos Mazón, hasta el vicepresidente de la Unión Europea, Frans Timmermans, se han dejado caer por la provincia para anunciar lo que en esas tierras se viene reclamando desde hace años, la necesidad de ejecutar un plan integral para luchar contra los desastres que provoca este clima que no si cambia, si está en crisis o emergencia, pero del que los que vivimos en Alicante tenemos la certeza de que es caprichoso.
Un año te regala un enero primaveral, ese mismo ejercicio te puede dejar sin agua, y a lo pocos meses te «obsequia» con un temporal de 500 litros pero por metro cuadrado en pocas horas, que no hay esponja en el mundo que lo pueda retener. Timmermans habló claro hace nueve días, y en Bruselas hay recursos económicos suficientes para poder encontrar soluciones para prevenir el desastre, pero el problema nunca se resolverá si cada persona que se acerca a comprobar los daños del desastre lanza su propia propuesta y nunca haya una respuesta coordinada. Al frente de este grupo debe estar una figura de prestigio técnico, ajeno a la política, pero experto en el terreno que pisa y con libertad para que sus planeamientos se plasmen luego en los PGOU de esos ayuntamientos que nunca se han atrevido a coger del toro por los cuernos, como demuestra el hecho de que los 17 municipios de la provincia ubicados en terrenos inundables (la Vega Baja era una marisma) solo dos tengan planes de emergencia.
¿A quién ponemos entonces? Por supuesto, no al amigo del amigo del primo del presidente de turno, al que hay que colocar porque se cayó de tal o cual lista electoral. Recientemente, España sufrió la mayor crisis bancaria de sus historia, que se saldó con el rescate de un banco que si se hubiera dejado caer habría arrastrado a la ruina a millones de españoles y al propio sistema.
La factura fue multimillonaria, pero se eligió bien y hoy, un economista de prestigio, experiencia y al que se dio libertad para hacer y deshacer, ha llevado a ese banco vilipendiado y hundido hace unos años, a ser una entidad solvente. Ahí está la cuestión. Dar con la persona que, con las manos libres, pueda liderar el proceso para desarrollar ese plan estratégico y blindar a la provincia de los males de la gota fría y, de paso, de la sequía porque no nos olvidemos, que en la provincia tras las tormentas se impone el anticiclón y la evaporación.
