Durante el siglo XVIII, en las ciudades que eran además plazas de armas, como Alicante, el corregidor-gobernador era la máxima autoridad civil y militar. A diferencia de los corregimientos civiles, que tenían una limitación de tres años, los corregimientos militares estaban considerados en la práctica como puestos vitalicios.
El control autoritario que ejercían los corregidores-gobernadores por delegación de la Corona propició con demasiada frecuencia la aparición de abusos de poder. Aprovechándose de la intimidación que inspiraban en los súbditos, no pocos corregidores alicantinos se extralimitaron en sus funciones, siendo denunciados por ello.
Así ocurrió con José Juan Ladrón de Guevara, quien gobernó las tierras alicantinas entre 1760 y 1767, lo que fue un colofón para su larga carrera militar (más de medio siglo). Llegó al cargo como mariscal de campo, pero a los pocos meses fue nombrado teniente general.
En febrero de 1764 asumió interinamente el puesto de capitán general de Valencia.
Conflicto por una corrida de toros
Durante aquel verano de 1764, el gobernador alicantino mantuvo un conflicto de competencias con la Audiencia de Valencia debido a la autorización para una corrida de toros en Alicante.
Este conflicto lo cuenta muy bien Enrique Giménez en su libro «El lado oscuro de las luces en las tierras alicantinas del siglo XVIII» (Inst. Gil-Albert, 2017): «La mayoría de los responsables políticos de aquel tiempo creía que este tipo de divertimento sangriento producía excitación y que, por tanto, era conveniente su más estricto control. Sólo debía permitirse en casos excepcionales, y siempre que sus beneficios se destinasen a fines útiles o piadosos».
En 1764 se congregaron en Alicante unos 1500 militares de varios regimientos que, tras hospedarse mayoritariamente en casas particulares durante varias semanas, embarcaron por fin aquel verano rumbo a América. Los alicantinos quisieron festejar el embarque de las tropas solicitando permiso para celebrar una corrida de toros, cuyos beneficios se destinarían a obras en el monasterio de la Verónica. Al gobernador alicantino le pareció «muy justo dar el permiso para este corto respiro y esparcimiento de las gentes».
El problema surgió cuando la Audiencia de Valencia entendió que Ladrón de Guevara, como capitán general interino, ostentaba el mando militar del Reino de Valencia, pero no el mando político y gubernativo, el cual correspondía a los magistrados, los cuales se negaban a dar licencia para la corrida de toros alicantina.
«Acudió Ladrón de Guevara al entonces secretario de la Guerra, el marqués de Esquilache, para que no sólo autorizase la corrida de toros, sino que, como afirmaba Ladrón de Guevara, mirase "por el honor de mi autoridad". Pudo celebrarse finalmente el espectáculo taurino».
Evitando un motín
Coincidiendo con un incremento de los precios de los alimentos provocado por la inflación y las malas cosechas, la Real Pragmática de 11 de junio de 1765 declaró la libertad de venta, circulación y precio del trigo en toda España, lo que permitió a los especuladores acumular grano, produciéndose el desabastecimiento de las ciudades.
Aquel año de 1765 hubo numerosas manifestaciones de protesta en las calles de todo el país, pero el detonante que causó el gran motín popular que acabó con el Gobierno del marqués de Esquilache fue una medida de carácter social aprobada el 20 de marzo de 1766: un decreto que recordaba una prohibición antigua de que los hombres llevaran sombreros redondos y capas largas. Se conoce como el Motín de Esquilache, si bien fue realmente una cadena de motines que comenzaron el domingo 23 de marzo por la tarde, en Madrid.
La sublevación popular se extendió rápidamente por todo el país. En tierras alicantinas, los motines más graves estallaron en Elche y Crevillente.
En Alicante aparecieron pasquines de protesta, pero Ladrón de Guevara, que desde ese mes de abril volvía a ocupar interinamente la Capitanía General de Valencia (tras la marcha del conde de Aranda a Madrid para ocupar la presidencia del Consejo de Castilla), supo impedir la revuelta popular en la ciudad al decretar una rebaja de los precios de algunos comestibles importantes, como la harina (4 sueldos y 2 dineros menos por arroba) y el trigo (15 sueldos menos por cahíz).
Encarcelamiento de regidores
Ante la imposibilidad de gestionar mejor el abastecimiento municipal por causa de la rigidez del sistema de oficiales perpetuos, y ante la imposibilidad de removerlos, se aprobó el Auto acordado de 5 de mayo de 1766 que imponía el nombramiento, en todas las localidades que llegaran a dos mil vecinos, de un procurador síndico personero y de varios diputados del común.
Coincidió que estas elecciones se celebraron en Alicante poco después de que Ladrón de Guevara sufriera una apoplejía que le dejó paralizado el lado derecho de su cuerpo. Aun así, no dimitió. Al quedar imposibilitado para la firma, pidió permiso para usar una estampilla.
Ante el riesgo de que la estampilla cayera en manos de ciertos consejeros que dominaban al corregidor, los regidores alicantinos acordaron en las sesiones del 30 de mayo y 2 de junio de 1766 solicitar a Manuel de Roda, ministro de Gracia y Justicia, la sustitución del corregidor por el alcalde mayor. Pero la razón de fondo estaba en las elecciones para síndico personero y diputados del común, ya que Ladrón de Guevara y su camarilla deseaban lograr candidatos afines para estos puestos, al igual que sucedía con algunos regidores.
Ladrón de Guevara reaccionó de inmediato y con dureza. Envió a un ayudante militar y a un notario para obligar al escribano municipal a entregar una copia de las actas capitulares donde se trató de su sustitución. Luego dictó una carta para que fuera enviada a Roda en la que manifestaba su indignación por la «escandalosa injuria hecha a un oficial general», por un Ayuntamiento que pretendía desembarazarse de la autoridad militar para ejercer su control ilimitado sobre la ciudad, en «una desenfrenada propensión a vivir con libertad, sin reconocer superior que con entereza contenga las vivezas que les dicta la poca cordura apoyada de la más refinada envidia de este Alcalde Mayor por su notoria ambición». Como consecuencia, informaba al ministro que, «para evitar mayores inconvenientes», había ordenado el arresto en el castillo de Santa Bárbara de dos regidores, «principales motores» de la conspiración contra él, a quienes acusaba de repartir papeletas con los nombres ya escritos de quienes debían ser elegidos, personas vinculadas por lazos familiares con estos regidores (como Nicolás Escorcia para el puesto de síndico general, y los de Francisco Pasqual del Pobil, Nicolás Juan, Francisco Vergara y Carlos Castillo para diputados del común).
Los regidores encarcelados eran primos hermanos: Juan Pasqual del Pobil y Rovira, de 45 años, hijo del barón de Finestrat, coronel de milicias provinciales y regidor perpetuo por el estado noble desde 1760; utilizaba también el apellido Forner debido a que así lo exigía el vínculo del que era titular por herencia; estaba casado con la oriolana Valeriana Sannazar (fallecida en 1757), con quien había tenido cinco hijos. Y Esteban Rovira y Fernández de Mesa, de 37 años, caballero de la orden de San Juan, elegido regidor en 1764 en sustitución de su padre (Juan Manuel Rovira Salafranca), casado con Antonia Micó y padre, hasta ese momento, de dos hijos.
En otro de sus trabajos («Los corregidores de Alicante. Perfil sociológico y político de una élite militar»), el profesor Giménez menciona una carta enviada el 18 de junio de 1766 por el conde de Aranda a Juan Gregorio de Muniain, en la que recordaba cómo un año antes, cuando visitó Alicante siendo aún capitán general de Valencia, había solicitado el retiro de Ladrón de Guevara debido a su mala salud y por estar dominado por su asesor y un grupo de personas, mal vistas por la nobleza local, y que ahora competían con esta para el control de los nuevos cargos de síndico personero y diputados del común. El corregidor no dimitió entonces y el ahora presidente del Consejo de Castilla recomendaba su sustitución y suspender entretanto la concesión de la licencia para el uso de la estampilla, para evitar que cayera en manos de la camarilla que le rodeaba. «Ninguna de las dos recomendaciones fue atendida, si bien el 21 de junio fue cursada la orden de libertad para los regidores detenidos, orden que cumplimentó de mala gana el Corregidor: "No han tenido embarazo (Pobil y Rovira) de aumentar su ofensa con no haberse presentado ni comparecido por mi casa, siendo así que no ha causado poco escándalo verlos correr toda la ciudad"».
Ladrón de Guevara murió el 8 de marzo de 1767.
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