Decía Thomas Dye que las políticas son todo aquello que los gobiernos hacen, pero también lo que no hacen. Para el politólogo estadounidense, la acción de gobierno consistiría en obrar y, además, en el sutil arte de omitir. Hasta una simple desiderata puede ser considerada como parte de las políticas públicas, porque incluso hay quien defiende que lo que se dice -aunque no llegue a manifestarse en hechos- también forma parte de ellas. De los tres tipos de implementación de políticas, a la Salud Mental le han tocado las socialmente más ineficientes: omisión y palabras. No hay más.
Parece que la acción de la Generalitat Valenciana, en esta materia, está perdiendo el apoyo de afectados y profesionales. Si cada año era habitual el palmerío generalizado en los actos de celebración del Día Mundial de la Salud Mental, esta vez se ha manifestado el desencanto. Desde la Plataforma de Salud Mental, que reúne a las distintas asociaciones de enfermos y familiares, caracterizan a la Estrategia Autonómica de Salud Mental como un papel repleto de buenas intenciones, pero con escasas acciones. Critican que aún se mantenga esa bicefalia entre Sanidad y Bienestar Social -hoy, Políticas Inclusivas- que sitúa a la atención a estos enfermos en el terreno de la beneficencia. Son sus palabras y razón llevan.
A las quejas de los afectados se han unido las reclamaciones de los profesionales. La Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana denuncia que se pretenda alcanzar objetivos imposibles con las limitaciones de personal, la saturación de las consultas y la falta de inversión en la atención a la Salud Mental. Advierten que los estándares son claramente inferiores a las recomendaciones internacionales y manifiestan su desencanto con una Estrategia Autonómica en la que depositaron una confianza que ahora se ha perdido. Colaboraron a la hora de redactar el documento, pero los resultados han sido bien distintos a los prometidos. Ni los presupuestos ni el interés acompañaron a una propuesta que, una vez más, acaba siendo papel mojado.
Llueve sobre mojado porque los planes anteriores tampoco alcanzaron los objetivos propuestos. Ahora bien, la Estrategia de Salud Mental ha sido un fiasco de mayores proporciones. Comparando las cifras de partida y los datos que igualmente aporta la Conselleria de Sanidad en su última memoria anual publicada, se evidencia que vamos hacia atrás. Si en las legislaturas de los gobiernos populares se incrementó sustancialmente la plantilla de Salud Mental -aun quedando bien lejos de lo prometido-, en los últimos tres años ha disminuido el número de psiquiatras, de psicólogos y de profesionales de la enfermería. Basta con comparar los datos oficiales. Penoso.
Si las plantillas disminuyen, la falta de recursos se agrava igualmente. Como ejemplo más llamativo se encuentra la peculiar situación del Hospital General de Alicante. Posiblemente se trate del único hospital español, de gran tamaño, que no dispone de camas para ingresar a pacientes con enfermedades mentales. Una carencia que, por otra parte, también le impide acreditarse para formar a especialistas, empeorando aún más el déficit de profesionales. Como resultado, en la comarca de L'Alacantí apenas se disponen de 6 camas psiquiátricas por cada 100.000 habitantes -las que existían desde la apertura, hace ya casi dos décadas, de la unidad de ingreso de San Juan-, mientras que la Asociación Española de Neuropsiquiatría considera que no debe bajar de un mínimo de 10. La dotación es tan escasa que no se acerca, ni de lejos, a la disponible en los países menos desarrollados de la Unión Europea. Una situación similar sucede con unos recursos humanos que, en algunas categorías, no alcanzan el 50% de las tasas recomendadas por las sociedades científicas y los organismos internacionales.
Tal vez sea aconsejable bajar a la realidad diaria. La cuestión se centra en dar respuesta a algunas interrogantes que siguen sin recibirla por parte de los gestores autonómicos. Por ejemplo ¿cuál es la razón por la que ciudades del tamaño de Elche o Alicante no disponen camas para atender a menores con problemas psiquiátricos? ¿Cuántos meses deben transcurrir para que una persona con depresión sea atendida en Salud Mental? ¿Qué tipo de tratamientos psicológicos es posible ofrecer con la pírrica plantilla actual de psicólogos? ¿Por qué la Conselleria de Sanidad no asume la gestión de la Unidad de Media Estancia de la Diputación de Alicante, mientras sigue financiando la de Castellón y dispone de una propia en Valencia? ¿De qué oferta asistencial se dispone para afrontar la creciente demanda de jóvenes con trastornos de conducta? ¿Dónde están los hospitales de día prometidos? ¿Y los equipos de tratamiento asertivo comunitario? Surgen mil preguntas más, pero ni una respuesta para ninguna de ellas.
Cosas se han hecho, por supuesto, aunque tampoco para tirar cohetes. La anterior legislatura pareció justificarse con un interesante Plan contra el Suicidio que luego fue replicado por el Ministerio de Sanidad. Buena iniciativa, pero lastrada de una carencia de medios que hace dudar de su efectividad futura. Por mucho que haya conseguido triplicar el número de alertas -eso dicen-, parece insuficiente para afrontar la tendencia creciente de un problema de esta magnitud. Coincidiendo con su primer año de funcionamiento, el número de suicidios en la Comunidad Valenciana no solo no disminuyó, sino que se incrementó en un 18%; en el mismo año, en España apenas subió en un 3%. Obviamente, no hay relación causal, pero es evidente que no basta con dictar unas instrucciones que, por otra parte, aún son desconocidas para la mayoría de los profesionales sanitarios. Sin medios, apenas quedan palabras vacías.
El descontento empieza a ser generalizado, aunque tampoco debería olvidarse que, cuando menos en ocasiones, se ha mostrado cierto interés. A veces, a contrapié; en otras, por oportunidad. Pero algo hay. La actual consellera de Sanidad, Ana Barceló, se preocupó directamente por algunas actuaciones puntuales. Fue ella quien bajó a la arena para solventar las carencias de la Unidad de Trastornos de la Alimentación del Hospital de San Juan. Ella y el equipo directivo del propio hospital, pero nadie relacionado con esa Oficina de Salud Mental a la que habrá que exigir responsabilidades por el incumplimiento de la Estrategia Autonómica. Porque, a la vista de su evolución, el descalabro es mayúsculo.
No hay duda de que enfermos, familiares y profesionales tienen razón. Ha llegado el momento de ofrecer algo más que palabras.
