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Mi contribución al debate

Me refiero al que se ha suscitado en torno a la sentencia del Tribunal Supremo condenando por sedición y malversación a varios políticos catalanes. Se ha dicho que cada español lleva dentro un seleccionador nacional de fútbol o, al menos, una alternativa al entrenador del equipo de su pueblo. Esto ya se sabía. Lo novedoso es constatar que también llevamos dentro un experimentado jurista capaz de opinar sobre las más intrincadas cuestiones legales.

Es legítimo disentir de un fallo judicial si se hace desde el conocimiento y la altura de miras, cosa que no ocurre cuando el objetivo es la defensa de posiciones partidistas previas, o el intento de aprovechar la discusión para arrimar el ascua a las expectativas que ofrecen las elecciones del 10 de noviembre. Porque los más críticos con una trabajada sentencia de 500 folios son los talibanes de uno y otro extremo, por un lado a los de Vox les parece muy blanda porque querían condenas por rebelión y no por sedición, y por otra parte los independentistas hablan de "presos políticos" que deberían haber sido exonerados, cuando lo que se ha juzgado no son ideas sino conductas. Para ellos la sentencia es la excusa para la confrontación con el Estado que necesitan para sobrevivir. Y por otra parte están los políticos de uno y otro partido que analizan al milímetro el efecto de la sentencia sobre sus aspiraciones y sus expectativas electorales, cuando el momento que vivimos exige cerrar filas sin fisuras detrás de la Constitución.

Hay por ahí mucho ignorante o mucho malicioso que no para de hablar de democracia, de elecciones y del pretendido "derecho a decidir" (?) y deja convenientemente de lado el dato de que siendo las elecciones importantes en una democracia, lo esencial de ésta es la obediencia a las leyes y el respeto a la separación de poderes, lo que los anglosajones llaman "rule of law" y aquí Estado de Derecho. Y ese en España lo tenemos, aunque siempre sea perfectible, y a mucha honra porque no son muchos los países que en el mundo puedan presumir de ello. Las leyes se cambian cuando se convence a la mayoría de que deben ser cambiadas, pero mientras tanto se obedecen.

En Cataluña hay por encima de todo un problema catalanocatalán que luego afecta al resto del país y los primeros que lo sufren son los propios catalanes, sometidos a un gobierno de pirómanos sectarios que es complaciente con presuntos terroristas y anima a los manifestantes a salir a la calle para luego enfrentarles a los mossos d'esquadra. No es solo empanada mental, es deseo de eludir responsabilidades institucionales y de tirar la piedra escondiendo la mano, en un intento de obtener un respaldo popular que Torra y Puigdemont parecen estar perdiendo en favor de Junqueras, mucho más digno. Y las elecciones son muy pronto. La violencia del llamado "tsunami democràtic", que es lo primero pero no lo segundo, cumple así el objetivo de mantener a la población movilizada instrumentalizando en beneficio propio la indignación de muchos catalanes, al mismo tiempo que intenta provocar al gobierno de la Nación con la esperanza de que cometa otro error como el del 1 de octubre, o que se precipite en tomar medidas con el calendario que interesa a los separatistas. Y hay algunos que incluso pueden desear que pase algo más grave para santificar su causa. Es muy duro pero me temo que no son pocos los que lo piensan.

El derecho a disentir de la sentencia lo tenemos todos, al igual que también tenemos el derecho constitucional a manifestarnos pacíficamente. Otra cosa son las manifestaciones violentas, pero los que hacen las barbaridades que estamos viendo en las calles de Barcelona no deben ser catalanes porque éstos siempre se manifiestan pacíficamente, como dice el señor Torra. Será que la ciudad se ha llenado de extraterrestres que tiran ácido a los mossos y queman coches y mobiliario urbano, y por eso es responsabilidad policial descubrir a los grupos organizados y

manipulados que provocan la violencia obedeciendo consignas que les llegan por las redes sociales.

Por todo eso conviene recordar las palabras que pronunció el presidente John Fitzgerald Kennedy en 1962 cuando en un contexto de graves disturbios raciales el gobernador segregacionista de Mississippi se negaba a cumplir las leyes federales que favorecían los derechos de los afroamericanos: "Los estadounidenses son libres, en resumen, de estar en desacuerdo con la ley, pero no de desobedecerla. Pues en un gobierno de leyes y no de hombres, ningún hombre por muy prominente o poderoso que sea y ninguna muchedumbre por más rebelde o turbulenta que sea tiene derecho a desafiar a un tribunal de justicia. Si este país llegara al punto en que cualquier hombre o grupo de hombres, por la fuerza o la amenaza de la fuerza, pudiera desafiar los mandamientos de nuestros tribunales y nuestra Constitución, entonces ninguna ley estaría libre de duda, ningún juez estaría seguro de su mandato y ningún ciudadano estaría a salvo de sus vecinos". No puedo estar más de acuerdo, en mi opinión sus palabras mantienen hoy toda su vigencia.

Sería deseable que todos los que se llenan la boca con gritos de democracia escucharan a Kennedy, porque la democracia cuesta mucho ganarla y mantenerla, pero destruirla es muy fácil y la manera más rápida de hacerlo es desobedecer las leyes y no respetar la separación de poderes. Y eso es lo que hoy desgraciadamente ocurre en Cataluña con grave daño de su imagen y enorme responsabilidad de sus dirigentes políticos. Los de antes y los de ahora.

(*) Jorge Dezcallar es Embajador de España.

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