A finales de los setenta, cuando ya se había producido el desdoblamiento de la casi totalidad de grandes distritos universitarios, constituía llamativo anacronismo e injustificable anomalía que la provincia de Alicante, entre las primeras por su potencial demográfico y socioeconómico, careciera de Universidad. Para remediar la situación e ínterin paliar los graves perjuicios de este insólito déficit estructural, personalidades y representantes de la sociedad civil alicantina instituyeron el Patronato Alicantino de Enseñanza Superior (PAES); y este erigió el CEU que, el curso 1968-1969, inauguró, sostenido por la sociedad e instituciones alicantinas, el Colegio Universitario con mayor oferta docente de los existentes en España, para impartir los primeros ciclos de las licenciaturas en Filosofía y Letras, Ciencias, Derecho, Medicina y Económicas. Como sede del expresado Colegio sirvieron los pabellones del antiguo aeropuerto militar de Rabasa, acondicionados con toda premura y poco gasto, pero acierto evidente.

Transcurrida una década de funcionamiento del Colegio Universitario y un lustro desde que, en 1975, dos de sus secciones (Filosofía y Letras, Ciencias) se transformaran en facultades; con total beneplácito de la Universidad matriz, la Ley 29/1979, de 30 de octubre, creaba, junto a las de Cádiz, León y Politécnica de Las Palmas, la tan anhelada Universidad de Alicante; consensuado el proyecto de UCD, la ley de creación se aprobó por unanimidad. Así pues, la Universidad de Alicante no surgió por generación espontánea ni a título gratuito, tenía tras de sí, como se ha dicho, un costoso y prolongado esfuerzo de su entorno social. Con aprobación largo tiempo esperada y, a todas luces, tardía, resultó, en cambio, inusitadamente completa: convertidas en facultades las secciones del Colegio Universitario, aquellas eran, de entrada, cinco, en lugar de las tres habituales; además, la gama de estudios universitarios se enriquecía y completaba con los que se podían seguir, de inmediato o poco después, en las escuelas universitarias de Ciencias Empresariales, Enfermería, Profesorado de EGB, Trabajo Social y Óptica. Esta, nacida a favor de la presencia de un excelente equipo de físicos especializados en óptica, fue la tercera de España, ya que hasta entonces solo contaban con este centro las universidades de Madrid-Complutense y Barcelona.

Luego de la creación legal, el problema, bien serio y preocupante, radicaba en que para albergar este conjunto de facultades y escuelas, así como para dotarlas de los equipos necesarios a excepción de las ya existentes, no se disponía de instalaciones ni medios. En un país donde se ideó el original y portentoso arbitrio de crear centros «sin incremento de gasto», no debe sorprender que la citada Ley 29/1979 fuese norma sin compromiso económico alguno y huérfana de toda programación. Además, comparativamente, las carencias y privaciones de la Universidad de Alicante excedían, con mucho, las de sus coetáneas, que ya poseían facultades o escuelas técnicas superiores de gran tradición o a pleno funcionamiento. El punto de partida, en este aspecto, no pudo ser más modesto, con acusada penuria de instalaciones, instrumental científico y fondos bibliográficos. Tampoco el contexto general era el más propicio, las coyunturas política y económica revestían gran complejidad: la primera, en plena transición, procelosa; la segunda, con erario exhausto e inflación de dos dígitos, punto menos que imposible.

En cambio, muy a favor, la Universidad de Alicante contó con el decidido y amplio apoyo de la sociedad, instituciones alicantinas y medios de comunicación (en especial, INFORMACIÓN); al tiempo que heredaba el gran activo que, tanto en profesorado como personal de administración y servicios, aportaba el CEU. Paradójicamente, el problema de más entidad y, con diferencia, mayor dificultad, al punto que su solución en las circunstancias generales indicadas no se vislumbraba, era la incorporación e inserción administrativa en las estructuras universitarias del personal docente e investigador del Colegio Universitario. Se trataba de profesores doctores o a punto de defender sus respectivas tesis, con contratos estables y relativamente bien retribuidos que no tenían parigual ni semejanza aceptable con los de la Universidad pública, porque estos conllevaban graves perjuicios profesionales y económicos para dicho profesorado. Como se ha indicado, el desfase se planteaba en tiempo de máxima dificultad presupuestaria, con el agravante de que cualquier decisión que se adoptara se proyectaría de inmediato sobre el conjunto de la Universidad pública española, que padecía por entonces el duro y enquistado conflicto del profesorado no numerario. Tras un pormenorizado estudio, desde la Universidad de Alicante se planteó la alternativa de un nuevo tipo de contrato para el profesor doctor: el de Profesor Adjunto Contratado, que finalmente se abrió camino: el año académico 1980-1981 fue Alicante la única Universidad española con este tipo de contrato. Al curso siguiente, la denominada «solución Alicante» irradió al conjunto de la Universidad pública española, aliviando la difícil situación del profesorado no numerario.

Se procuró asimismo un desarrollo armónico de las plantillas docente y de administración y servicios; la primera se benefició de la incorporación de profesores que, por su historial académico y prestigio, podrían haber obtenido plaza en las universidades de mayor renombre que declinaron en favor de Alicante; otro tanto sucedió en el ámbito administrativo, con la incorporación de personal muy cualificado para la gestión universitaria y atención de los diferentes servicios. Muy de resaltar es el impagable apoyo y generosa colaboración que, a través de prestigiosos especialistas, inmejorables profesores asociados, prestaron los diversos servicios de los hospitales General de Alicante, Provincial y Elche, que permitieron impartir, con todo rigor y la mayor eficacia, en una Facultad de Medicina sin instalaciones las asignaturas clínicas. Y, en este orden de cosas, viene al recuerdo que, el año académico 1983-1984, los estudiantes de Medicina contaron con programas singularmente detallados, con indicación de la materia que les sería explicada cada hora de clase y del profesor responsable de la misma. Digno de rememorar es asimismo que las 17 cátedras correspondientes al currículo académico de Medicina y Cirugía fueron dotadas de una sola vez, hecho singular. También, por entonces, la decisiva actuación de la Diputación Provincial ponía las bases del Campus de Ciencias de la Salud de San Juan, al adquirir los terrenos y construir el hospital. En idéntica línea, las gestiones encaminadas a la ampliación del Campus de San Vicente, permitieron, mediante las oportunas mutaciones demaniales, con la adición de 535.000 m2, casi cuadruplicar la superficie disponible, al objeto de configurar un espacio universitario digno de la sociedad que lo había promovido. A pesar de dificultades presupuestarias extremas, también se inició la construcción de los edificios de las facultades (Filosofía y Letras, Ciencias, Derecho y Paraninfo), al tiempo que se reparaban las antiguas instalaciones militares con destino a departamentos, aulas, laboratorios y diversos servicios, incluido el Rectorado. Esta reutilización, desde los tiempos del Colegio a la actualidad, singulariza a la Universidad de Alicante: muestra prototípica de las carencias aludidas constituye la diacronía de la antigua Residencia de Suboficiales que, acondicionada con inversión mínima, acogió la Sección de Letras del Colegio y, sucesivamente, las facultades de Filosofía y Letras, Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales y Ciencias de la Educación; hoy, reestructurada con excelente criterio, alberga otros servicios.

El profesorado y personal de administración y servicios, plenamente conscientes del esfuerzo de la sociedad alicantina y de sus instituciones (Diputación Provincial, Ayuntamiento de Alicante, Cajas de Ahorros, entre otras) y de las esperanzas depositadas en la Universidad, hicieron cuanto estaba en sus manos para no defraudarlas. En relación con este esfuerzo colectivo y solidario, resulta significativo el informe, objetivo e imparcial, emitido sobre el primer lustro de funcionamiento de la Universidad de Alicante por la alta inspección del Ministerio de Educación y Ciencia. En efecto, celebradas elecciones generales en diciembre de 1982, se produjo el triunfo, por mayoría absoluta, del PSOE; y el nuevo equipo del Ministerio de Educación y Ciencia resolvió que el mejor procedimiento para conocer la situación del conjunto de la Universidad pública era que la Inspección General de Servicios emitiese informe, por orden alfabético, de cada Universidad. En consecuencia, la primera debía ser Alcalá de Henares, pero, por algún tipo de dificultad justificada, su examen se pospuso; así pues, el primer informe se emitió sobre la Universidad de Alicante. Los resultados del mismo se sintetizan en la comunicación que, al respecto, el nuevo director general de Universidades remitió el 15 de marzo de 1984 al presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de Alicante, cuyo tenor es el siguiente: «Me complace enormemente remitirte, por correo oficial, fotocopia del informe que ha realizado la Inspección General de Servicios, pues tanto del contenido del mismo como de mis conversaciones con los inspectores se deduce un excelente buen funcionamiento de la Universidad de Alicante. Puedo asegurarte que los inspectores volvieron muy gratamente impresionados por la eficacia administrativa y de la seriedad y responsabilidad del profesorado en el cumplimiento general de sus obligaciones ... Ello demuestra que, a pesar de las dificultades de todo orden, una Universidad que se lo proponga, puede funcionar con seriedad y cumplir honestamente todas sus responsabilidades». Tras estas palabras, solo resta hacer patente el profundo reconocimiento e inmensa gratitud personal e institucional al colectivo que, con su esfuerzo y entrega, puso, cuarenta años atrás, los cimientos de la Universidad de Alicante.