Por distintos motivos, en los últimos meses, distintas informaciones y decisiones sobre los refugiados en España han generado sorpresa y desconcierto. Es cierto que la política de asilo y refugio en España, por llamarla de alguna manera, lleva demasiados años abandonada a su suerte, de espaldas a los compromisos jurídicos internacionales que nuestro país tiene en este campo y ajena a los conflictos, guerras y tragedias que vienen asolando el mundo y que obligan a millones de personas a abandonar sus hogares. La solución, nada sencilla, requiere del principio de solidaridad compartida que impulsa las Naciones Unidas, afrontando de manera conjunta los nuevos desafíos que plantean los desplazamientos forzosos hoy en día.

El sistema de protección internacional en nuestro país ha sufrido históricamente de una deliberada desidia, tanto en la lamentable situación de las Oficinas de Asilo y Refugio (OAR), como en la falta de medios y personal imprescindible para atender con humanidad a las personas solicitantes de asilo en España, lo que ha supuesto la vulneración de directivas europeas y compromisos internacionales, al tiempo que se añadía sufrimiento a personas y familias que ya acumulan demasiado dolor. Los enormes desajustes en un sistema de asilo que solo admite a trámite y acepta una de cada cuatro solicitudes de asilo, una de las más bajas tasas de Europa, con tardanzas en la tramitación de solicitudes que llegan con frecuencia a cerca de dos años, la progresiva acumulación de expedientes sin resolver, junto a los criterios frecuentemente políticos y no humanitarios a la hora de conceder los reconocimientos de asilo y protección internacional, añaden intranquilidad a los afectados, quienes al acceder al sistema de refugio en España se sumergen en un limbo intemporal de consecuencias desconocidas.

Por si todo ello fuera poco, diferentes gobiernos han venido aplicando la Ley reguladora del derecho al asilo y a la protección subsidiaria del año 2009 en demasiadas ocasiones bajo los intereses electorales y políticos que en cada momento tenían, al margen de las crisis humanitarias vividas. Así, en estos momentos, existe un compromiso del Gobierno para facilitar a aquellos venezolanos a quienes se les haya denegado el asilo un permiso de residencia por razones humanitarias, en la medida en que una gran mayoría de ellos no reúnen los requisitos establecidos para ser merecedores de esta protección internacional. Este permiso, de un año de duración y prorrogable hasta los dos años, está contemplado en la ley reguladora del derecho al asilo como autorización de estancia y residencia en España por razones humanitarias, habiéndose concedido hasta la fecha a unos 15.000 venezolanos, algo que nunca se ha hecho con anterioridad ante ninguna otra situación de crisis, guerra o tragedia, ni siquiera durante la crisis de los refugiados sirios.

Por el contrario, están comenzando a llegar numerosas denegaciones a las solicitudes de asilo que tramitaron las personas que fueron recogidas por el buque «Aquarius», que atracó en el puerto de València a bombo y platillo en junio de 2018, a los pocos días de la llegada del socialista Pedro Sánchez al Gobierno de la nación, al igual que a los 60 inmigrantes que desembarcaron también en julio en Barcelona, rescatados por el «Open Arms». Junto a la rápida respuesta humanitaria ofrecida ante una situación de gravedad, se alabó una decisión política que cambiaba radicalmente tanto la política negligente que había mantenido el ejecutivo anterior, presidido por Mariano Rajoy, como la parálisis europea que generó un auténtico marasmo en materia migratoria y de asilo, al tiempo que alimentó una xenofobia repugnante aprovechada por diferentes movimientos neofascistas en toda Europa. Recordemos que una parte importante de las personas llegadas al puerto de València a bordo de este barco fueron acogidas por Francia, 260 del total de los 629 rescatados.

Un año y medio después de la llegada a España del barco «Aquarius», cuya acogida representó todo un símbolo del inicio del mandato del nuevo Gobierno socialista, cuando desde la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de València y desde otros muchos responsables políticos se multiplicaron las promesas y ofrecimientos de ayuda, la realidad es muy distinta. Junto a historias de éxito que hay que poner en valor, ha habido también intervenciones más que cuestionables y ahora, cuando el foco de los medios de comunicación se ha apagado, nos encontramos con la dura realidad de unas promesas políticas que se desvanecen.

De confirmarse estas primeras resoluciones negativas, se colocaría en la desprotección absoluta a quienes las reciban, ya que ni abandonarían España ni podrían regularizar su situación, abocados así a la marginalidad y la irregularidad. ¿Es este el proyecto de acogida que las autoridades españolas tenían reservado a los náufragos rescatados por el «Aquarius» y el «Open Arms»? ¿Cuál es la opinión de tantos y tantos políticos que no ahorraron declaraciones, promesas y alabanzas para estos migrantes que pusieron en riesgo su vida en el mar, al saber que ahora se les condena a la absoluta exclusión y marginación?

Trabajar en la construcción de un dispositivo claro, solvente, profesional y riguroso de acogida a refugiados y solicitantes de asilo es, todavía, una asignatura pendiente en España, y me temo que también en la Comunidad Valenciana en el ámbito de sus competencias. Lo demás es humo.