Ya está. Ya están disueltos el Congreso y el Senado. Vamos camino de cubrir un ciclo de cuatro años en el que se han celebrado otras cuatro elecciones generales y hemos asistido, por primera vez en la historia de la actual etapa democrática, a una moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa y acabó con la carrera política de Mariano Rajoy. Inestabilidad absoluta. Así que volvemos a las urnas -será la tercera convocatoria en lo que llevamos de este año- y es muy posible que el resultado del 10-N vuelva a poner a las élites políticas de Madrid en la obligación de asumir de una vez algo que en los municipios y en gobiernos autonómicos como, por ejemplo, en la Comunidad ya está encima de la mesa: la evidencia de que, a día de hoy, la geometría parlamentaria conduce a la necesidad de dialogar y de pactar. Eso ni lo han aprendido en Ferraz ni tampoco en Génova, nostálgicos de su bipartidismo que no volverá a corto plazo. Y menos en esta repetición electoral. Esa ineficacia de los partidos y su incapacidad para cuadrar mayorías nos lleva a una cita con las urnas que para la Comunidad y la provincia de Alicante tiene un enorme coste. Nada menos que 3.500 millones dejaremos de ingresar entre financiación, fondos para servicios públicos y política social, compensaciones de deudas e inversiones que, de momento, se quedarán en los cajones. Lo más grave de todo ese bloqueo económico a las comunidades autónomas es que los socialistas con Pedro Sánchez a la cabeza lo han utilizado como un arma de presión para intentar formar gobierno a sabiendas de que estaban poniendo en peligro los principales servicios sociales, competencias que corresponden a las autonomías. En Madrid llevan semanas negando a los ejecutivos regionales fondos de financiación ordinaria. Son anticipios correspondientes a la liquidación del sistema de acuerdo a los ingresos que tiene transferidos el Consell que, en este caso, suponían una inyección de 450 millones. No hablamos, por tanto, ni de un préstamo del Fondo de Liquidez ni de una gracia de Pedro Sánchez o de la ministra María Jesús Montero. Es dinero que han generado los valencianos con su actividad económica y que durante meses, sin embargo, el Gobierno de España se negó a abonar bajo el pretexto de que rozaba la ilegalidad al estar en funciones. Una vez que el Rey arrojó la toalla ante la negativa del líder socialista a concurrir a una segunda investidura, por arte de magia, la ministra Montero anunció que en pocos días se abriría una vía para enviar esos 450 millones, algo que podría producirse a primeros de octubre. Ahora han desaparecido los problemas legales. Ya no hay nadie al que presionar para sumar escaños. Y más allá de eso, por contra, Pedro Sánchez quiere aparecer como el salvador de los gobiernos autonómicos cuando durante meses puso en peligro la tesorería del Consell y la política social. Eso tiene un nombre: usar nuestro dinero en beneficio propio y para hacer campaña. Lamentable.
