Pocas esperanzas había en la reunión que tenían marcada en su agenda el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar la crisis financiera que afecta el Consell y que amenaza la liquidez de la caja autonómica para hacer frente a los pagos del «día a día» de la administración durante la recta final del año. Era el segundo intento de una conversación que ambos tenían pendiente desde hace una semana y que tuvieron que retrasar cuando a la ministra le salió una cita fallida para negociar con Podemos una salida al embrollo político que nos puede conducir a una repetición de las generales. Decía que, de salida, el encuentro no generaba muchas expectativas. Pero el resultado final fue aún peor. Los problemas estructurales del sistema vinculados a un modelo de financiación autonómica caducado desde hace más de cinco años y que maltrata a la Comunidad en el reparto de los fondos que sostienen los principales servicios públicos no se pueden resolver ahora. Ni a corto ni a medio plazo. No sólo por el ruido preelectoral que vuelve a marcar la escena política sino, especialmente, por un conflicto territorial que nadie es capaz de afrontar con vías de éxito y que sigue condicionando el conjunto de la agenda política. Con la crisis catalana golpeando la estabilidad de España será imposible buscar, en ningún caso, una solución duradera y pactada para reformar la financiación. Así que, sin la posibilidad real de encontrar una salida estable para el futuro, sólo les quedaba a Puig y Montero cuadrar un parche que permita a la Generalitat salvar el año saldando sus pagos a trancas y barrancas. Pero el «apaño» al que se comprometió la Ministra de Hacienda es todavía peor que un parche. Directamente es robarle de nuevo la cartera a los habitantes de la Comunidad Valenciana. Una vez más. Me explico. La Generalitat, como era público y notorio, necesitaba una inyección económica desde Madrid para poder cumplir con sus proveedores y culminar el ejercicio respirando. Lo dejó claro el conseller de Hacienda, Vicent Soler, el pasado jueves durante unas declaraciones en los pasillos de las Cortes. Había tres líneas abiertas para llenar de oxígeno ese balón imprescindible para cubrir los tres meses que restan para cerrar el año. Alrededor de 450 millones pendientes de las liquidaciones de financiación de años anteriores, otros 280 millones que corresponden a la recaudación del IVA y, finalmente, unos 250 millones ligados a una convocatoria extraordinaria del Fondo de Liquidez Autonómica. La Generalitat, entre presiones de Compromís a los socialistas, venía reclamando las dos primeras partidas: 730 millones que le corresponden a la Comunidad en función de su capacidad para generar ingresos con su actividad económica y que están contemplados en el modelo de financiación. Ni es una gracia de la ministra ni del gobierno de turno. La negativa desde Madrid a ingresarle al Consell ese dinero que es nuestro nos conducía, casi como única solución, a la tercera opción como fórmula desesperada para despachar el problema. Una alternativa que, por otra parte, el conseller Soler ya había puesto sobre el tapete en los últimos días. Dicho y hecho. La ministra Montero, durante la reunión de ayer, le garantizó a Ximo Puig que le enviará esos 250 millones extraordinarios del Fondo de Liquidez Autonómica con la fecha del 9 d'Octubre -día de la Comunidad Valenciana- como tope. Una nueva derrota, presidente Puig. Otra más en una jornada simbólica. Cualquier aportación que surja de ese fondo -un préstamo bancario ideado, en su momento, como un rescate para escenarios de crisis- implica de forma automática la obligación de meter la tijera en las cuentas autonómicas. Así que la única salida que la titular de Hacienda le facilitó al jefe del Consell fue negarle 730 millones generados por el trabajo de los valencianos -le dijo que los pagará a finales de año- y que son de la Generalitat para endosarle un préstamo que, además, obliga a tener que hacer recortes para cobrarlo. Sigue el maltrato. Perdemos otra vez.
