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Francisco José Benito

La cuarta vía

F. J. Benito

Llueve sobre mojado y la culpa no es solo de la gota fría

La Vega Baja se ha llenado en las últimas horas de cargos públicos deseosos de hacerse una foto para demostrar su compromiso con las personas damnificadas por los estragos que ha provocado la que ya se empieza a conocer como la gota fría más intensa desde que se tienen registros allá por el año 1.200, según el archivo de la Confederación Hidrográfica el Segura. Tres presidentes, Pedro Sánchez (Gobierno), Ximo Puig (Consell) y Carlos Mazón (Diputación), y, entre otros, el secretario general del PP, Pablo Casado, han pisado el barro en la Comunidad Valenciana y prometido que harán lo imposible para que la reparación de los daños sea rápida y efectiva.

Una riada que ha acabado en tragedia con dos personas muertas en la Vega Baja, algo que ya hubo que lamentar en las riadas de 1987 y 1997. Además, muchas familias han perdido todo lo que tenían, incluidos los negocios de los que comen. Y, encima, ahora comienza una dura tarea para la reconstrucción y la batalla con las aseguradoras, esas que te lo prometen todo al suscribir la póliza pero después echan mano de la lupa y la letra pequeña.

Bienvenidas las palabras de ánimo, los anuncios de inversiones millonarias en cuanto se evalúen los daños pero la pregunta, dos días después de que la gota fría de septiembre de 2019 comience a ser historia, es la de siempre: ¿se podría haber evitado tamaño desastre? Para colmo, la virulencia de las trombas de agua se ha cargado hasta la infraestructura del trasvase Tajo-Segura, cerrado como mínimo un mes. La respuesta es la de siempre. Evitar totalmente los daños resulta complicado, porque es cierto que pocas infraestructuras pueden aguantar que una tromba 300 litros por metro cuadrado de lluvia en doce horas, pero, una vez más, está claro que los que tienen que contribuir a mitigar estos desastres miran primero hacia otro lado.

En el caso de la Vega Baja, como en el caso, este menor, de la Playa de San Juan hablamos de territorios que están al nivel del mar o por debajo del mismo, y en los que durante los últimos 50 años la Administración competente ha permitido abusos y desmanes urbanísticos. Primero porque no había legislación y, después, porque los que legislan y aprueban las leyes no se preocupan de exigir su cumplimiento y sancionar a los infractores. El artículo 22 de la vigente Ley del Suelo deja meridianamente claras las obligaciones que tienen los urbanistas y los ediles de Urbanismo y alcaldes correspondientes cuando se plantea un plan urbanístico.

No es nuevo que en la Vega Baja y en otras zonas de la provincia casi todos se han pasado la ley por el forro de los caprichos y hoy, en pleno siglo XXI, nos encontramos hasta con urbanizaciones y chalés levantados en cauces y barranco secos, pero inundables. La naturaleza es sabia y el agua, cuando discurre, lo hace por donde siempre lo ha hecho, aunque en Alicante puedan pasar 30 años.

Y si a esa indolencia de los gestores del territorio se une el que la Administración competente no hace su trabajo, que es el de mantener los cauces en perfecto estado de revista y, en muchas ocasiones impida que lo hagan terceros, el cóctel está servido. Ramblas y ríos que se convierten en cauces de muerte en cuanto cae una tromba de agua.

Ahora, tras la gota fría de 2019, debe exigirse que se tomen medidas. En 1987, cuando una riada asoló la Vega Baja y Alicante, se aprobaron actuaciones como, por ejemplo, el encauzamiento del Segura a su paso por Orihuela. Dijeron entonces que no volvería a producirse una lluvia como aquella. Treinta y dos años después, tormentón. Tras la de 1997 en Alicante, se aprobó el plan antirriadas (decisión valiente del Consell que enterró 20.000 millones de las antiguas pesetas y la ciudad, salvo zonas puntuales, no ha vuelto a ver inundaciones severas). Hoy, se ha demostrado que el encauzamiento del Segura no es suficiente. No hay otra. Inversiones económicas y mano dura contra el infractor de la ley.

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